Tosca Hernández: No se puede combatir la violencia con más violencia

El quebrantamiento de la institucionalidad en Venezuela, es una de las principales razones que ha profundizado el aumento del índice de criminalidad en el país. La inseguridad o “sensación” de esta última (como prefieren llamarlo algunos voceros oficiales), es una realidad de la cual no escapa la sociedad en pleno, sin importar la condición socio-económica, incluso -para los más aventurados- el pensamiento político.

Tosca Hernández, socióloga y experta en el estudio de las Ciencias Penales y Criminológicas, sostiene que la violencia debe ser definida más allá del establecimiento de varios hechos comprendiéndola desde la interpretación de un contexto más amplio.

Bajo esa premisa  -explica Hernández- el contexto actual de violencia constante, si bien es heredado de desaciertos y desatenciones durante gran parte de los gobiernos del siglo pasado,  bajo el paraguas de la actual administración este problema encontró tierra fértil para ramificarse en una influencia delictiva, hasta el punto que resulta común que dentro de las filas de los cuerpos de seguridad del Estado se hagan público casos de funcionarios colaborando con bandas criminales o, peor aún, gestando delitos desde el interior de estas mismas instituciones.

Este escenario, además, con políticas erráticas, desarrollo de planes de seguridades improvisadas e ineficaces y, a su vez conjugada a una galopante corrupción han dado pie a una “crisis”, que mantiene en vilo diariamente la integridad y las libertades de los venezolanos.

– Usted hace hincapié en el contexto para analizar la violencia, basado en ese concepto ¿Cuál es su interpretación a las circunstancias de violencia que se viven en Venezuela?

Primero se debe explicar que la violencia es una palabra que significa todo lo que está ocurriendo, es decir, en efecto tiene que ver con la situación que está viviendo el país. Por ejemplo, para las personas en Siria la violencia es la guerra porque es lo que viven a diario. Sin embargo, para nosotros la violencia es la delincuencia. Adquiere significado con lo que se da en el día a día, esto actualmente se ha completado con la violencia ejercida por el mismo Estado.

Otro punto es que usualmente se piensa que la delincuencia tiene un solo lado, pero no es así. Hay que entender que existen mecanismos para determinar que alguien es delincuente y esos son las leyes ejecutadas a través del sistema de justicia. Por lo tanto, el Estado siempre está señalado o relacionado con un hecho de violencia delincuencial, pues son sus instituciones las que sancionan. Lamentablemente hoy en día hay una grandísima impunidad que demuestra que el sistema penal es débil.

– ¿Cómo se entiende eso si este Gobierno cada año lanza un nuevo plan para frenar la incidencia de la criminalidad en el país?

Es que la violencia no se puede combatir solamente a través de los cuerpos de seguridad y esa ha sido la constante. Por el contrario, muchos de estos planes han sido fomentadores de más violencia. La extralimitación policial es creadora de más violencia. Además, si el mismo Estado no cumple con las contenciones que existen en sus propias leyes, y por el contrario se excede, inevitablemente incrementará la violencia delincuencial.

Entre los años 70 y 80 hice una investigación sobre los operativos policiales especiales, como los llamaban en aquella época. La diferencia con la actualidad, es que esos programas se ejecutaron con un mecanismo que se conoció como Ley de Vagos y Maleantes, que permitía a los policías detener a cualquier persona solo porque por estuviese desempleado o tuviese antecedentes. El problema es que aquellas personas que no habían cometido ningún delito se los llevaban a una cárcel y eran condenados, de acuerdo a lo dispuesto en la ley.

Por esas acciones consideramos que estaba en contra del sistema penal, la catalogamos como una ley criminógena. Hoy en día los grandes operativos que se han desarrollado son policiales, donde no existe ninguna ley que los sustente o reglamente su accionar. Además han sido mucho más violentos.

– Mencionó la «Ley de Vagos» y eso da a entender que ha sido una constante entre gobiernos actuales y anteriores enfrentar la violencia de manera equivocada, ¿Cuál es su evaluación al respecto?

Lo que ocurre es que el problema de la violencia es complejo, y obviamente no abarca solo la delincuencia; en ella está el sustrato de las sociedades, es decir, las instituciones, leyes y dispositivos que surgen están vinculados al tipo de violencia que existe o existió en algún momento determinado. Por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial se crearon los Derechos Humanos. En otras palabras, es el espejo a través del cual se puede legislar y crear instituciones que aplaquen y modifiquen sociedades.

En referencia a Venezuela, por ejemplo, la conquista, la colonización y la posterior independencia fueron procesos que causaron grandes cambios. Sin embargo, aún existe en nuestra sociedad y en su conformación una debilidad relacionada a los institucional, por eso es que se erigen ‘caciques’ en el poder constantemente.  Hay una débil internalización de la norma.

– Aun así, en teoría el país cuenta con un sistema jurídico que coopera con otros poderes del Estado para evitar este quiebre institucional

Eso es correcto, pero la realidad es que el primero que incumple la norma es el mismo gobierno. Eso por un lado. El otro es que este problema de carácter social se ha militarizado y los militares son las fuerzas. Nuestros periodos de civilidad son aquellos donde se dieron las construcciones de normas.

Y muy bien lo dijo el expresidente Ramón J. Velásquez: “Venezuela es una eterna institucionalidad que siempre fallaba”. La muestra es que nosotros habíamos ido mejorando, paulatinamente, a lo largo de historia, pero todo ese avance quedó atrás luego de llegada de Hugo Chávez al poder. En ese momento volvimos a caer en el caudillaje.

– Ese caudillaje que parece también verse evidenciado con los llamados ‘pranes’ quienes en muchos casos parecieran tener más poder en las prisiones que los mismos funcionarios de seguridad

Uno no se puede imaginar que en la cárcel sea el ‘pran’ quien mande u ordene… que todo el mundo tenga que pagarle a este personaje para que los proteja. Es el que manda dentro de los centros penitenciarios.

Pero eso justamente sobre la profundización de la cultura de la urgencia y el arquetipo del guerrero y libertador: Malandro. Nuevamente la imposición de un ‘cacique’ para que mantenga la armonía dentro de un lugar en específico, en ese caso la cárcel.

– Pero si el Estado mediante sus planes no responde, ¿Considera que a la población se le ha dado una legitimidad implícita para actuar al margen de la ley, como respuesta a la delincuencia?

Por su puesto, además hay comunidades que tienen que atenerse a lo que algunos colectivos armados decidan, y otra vez pagar para garantizar protección. La protección de las personas es una responsabilidad que debería estar solo en manos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Otro aspecto es que la policía, que es el arma de violencia legítima del Estado, ha perdido credibilidad y eso es algo que anteriormente no se había visto, salvo uno que otro caso aislado, pero ahora es difícil diferenciar entre policías y criminales, pues muchas de estos funcionarios están implicados en hechos delictivos con las propias bandas organizadas, o ellos mismos cometen delitos relacionados al secuestro, homicidio y en otros casos, guerra que se ha desatado entre los mismos cuerpos policiales.

– En términos de índices de criminalidad, la ciudad colombiana de Medellín vivió una situación igual de compleja a finales de los años 80’ y principios de los 90’. Hoy en día han realizado grandes avances en el combate de la delincuencia, convirtiéndose en referencia sobre la materia, ¿Esas experiencias se ven difíciles de replicarse en Caracas o cualquier otra ciudad del país?

En el caso de Medellín, la ciudad hizo cambios fundamentales, como preocuparse en la creación de espacios para la educación. Todo en favor minimizar la violencia que se daba en la urbe. Y lo lograron efectivamente.

Es hacia allí donde tienen que dirigirse las políticas. Un Estado debe incorporar espacios luminosos en las ciudades, estímulos de grupos dentro de la comunidad que estén pendientes, no con armas, en el cumplimento de normas específicas de cada zona, porque la gran violencia se da en estas metrópolis. Eso es un trabajo de largo alcance, pero que no se da de un día para otro. Es un compromiso que deben asumir tanto las autoridades, como la propia ciudadanía.

– Ese debería ser el norte de las políticas para menoscabar la criminalidad, pero tal parece que estos planes van dirigidos hacia otros puntos, ¿Se podría decir que es una forma de violencia inconsciente o consciente ejercida contra la sociedad al mantenerla en ese estado de confrontación delictiva?

No creo que haya falta de políticas, sino que las que promueven son violentas y no en la búsqueda de la conciliación de los miembros de la sociedad, pero eso es una acción conjunta, también requiere la participación de la gente.

En Venezuela, la solidaridad y la capacidad de resolución de conflictos son valores actualmente en quiebra, y por ende resulta fundamental fomentarlos. La tolerancia que constituía una de nuestras cualidades, en estos últimos años se ha desvalorizado por políticas discriminatorias y promotoras de resentimiento social. Por lo tanto, genera fuerza la necesidad de diálogo como práctica cotidiana en todo espacio de relaciones entre iguales.

– Nuestro ritmo histórico nos ha llevado a un estado actual de desasosiego social, ¿Usted cree que se avizoran medidas para reparar el quebrantamiento de nuestra sociedad?

Creo que esas medidas pasan por la defensa de la defensa de la Constitución y sus instituciones. Estamos viviendo una época que nos ha enseñado que la manera de desactivar la violencia tendría que ser desde el trabajo de las comunidades, en su interior. Un esfuerzo que se haga desde la familia y que resalte la labor de los docentes. En donde la institucionalidad se crea a partir de la puesta en marcha de acuerdos comunitarios. No obstante, no hay que olvidar que debemos velar por que se cumplan las leyes, al tiempo que los órganos del Estado den ejemplo sobre correctos funcionamientos de las normas.