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TSJ declara nula directiva del BCV que designó el Parlamento

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este jueves una sentencia que declara nulo, y sin efectos jurídicos el acuerdo parlamentario mediante el cual la Asamblea Nacional (AN) designó hace una semana a la directiva ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).

De acuerdo con nota de prensa del TSJ, la Sala Constitucional emitió el fallo número 0247-2019 mediante el cual declaró «la nulidad absoluta y la carencia de efectos jurídicos» del «Acuerdo sobre la Designación del Directorio Ad-Hoc del Banco Central del Venezuela», aprobado por los parlamentario el 16 de julio pasado.

Asimismo, más de un año después, el Supremo también declaró nulo al acuerdo de junio de 2018 donde el Parlamento rechazó la designación de Calixto Ortega Sánchez como presidente del BCV.

El fallo advierte que las personas que sean designadas por el Parlamento incurrirán «en delitos de usurpación de funciones» y otros delitos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y terrorismo.

Según el TSJ, el Parlamento «se encuentra en desacato» y, por tanto, sus actos «son absolutamente nulos».

El pasado 16 de julio, el Parlamento venezolano aprobó la conformación del directorio ad hoc del Banco Central (BCV), con el mandato de «proteger los activos» del país.

Para conformar la directiva, los integrantes de la comisión parlamentaria aprobaron los perfiles de Nelson Lugo, Manuel Lago Rodríguez, Guiacoima Cuius y Ricardo Villasmil Bond. Se esperaba la asignación mediante decreto firmado por el líder del Parlamento, Juan Guaidó.

El diputado Macario González indicó a Efe que todos los designados viven fuera de Venezuela.

Desde que asumió como presidente interino, Guaidó, que cuenta con el respaldo de casi 60 países, ha designado las juntas directivas ad hoc de las estatales Petróleos de Venezuela, PDV Holding Inc., Citgo Holding Inc., Citgo Petroleum Corporation y Monómeros Colombo Venezolanos S.A.

Estos nombramientos han contribuido a tensar la relación entre la oposición y el oficialismo, pues Tarek Saab, el fiscal general, ha abierto procesos por supuesta conspiración contra la Constitución a las personas designadas para integrar estas juntas directivas.

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