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Unasur convoca cumbre presidencial por crisis fronteriza

La presidencia pro témpore de la Unasur, a cargo de Uruguay, convocó este martes a una reunión de mandatarios del bloque para abordar la crisis diplomática y fronteriza entre Venezuela y Colombia, informó la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

«Hoy justamente la presidencia pro témpore de Unasur, que la tiene Uruguay, hizo circular una convocatoria a reunión de jefes de Estado de Unasur el próximo lunes 21», dijo Rodríguez a periodistas.

La jefa de la diplomacia venezolana señaló que la invitación «está siendo promovida» por Argentina, a cuyo gobierno agradeció, pero no detalló en qué país se llevaría a cabo el encuentro.

«Estamos aquí completamente dispuestos a ir a esa reunión» de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sostuvo Rodríguez, y agregó que dicha cumbre ya había sido propuesta por el gobierno venezolano.

El presidente Nicolás Maduro le ha dicho a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, que «en cualquier ámbito nosotros estamos dispuestos a reunirnos, en el ámbito bilateral y en el ámbito regional», expresó la canciller.

Asimismo, resaltó que los mecanismos regionales «estén funcionando para crear las condiciones de un diálogo bilateral» entre Santos y Maduro.

Unasur y la secretaría pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en cabeza de Ecuador, impulsan esa cita, sobre la cual conversaron el pasado sabado en Quito Rodríguez y su homóloga colombiana, María Angela Holguín, sin que hubieran concretado una fecha para un encuentro.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se encuentran en crisis desde el pasado 19 de agosto, cuando Maduro oredenó cerrar amplios sectores de la convulsa frontera binacional, de 2.219 km.

Esto, en respuesta a un ataque contra militares venezolanos que realizaban una ooperación anticontrabanado, el cual atribuyó a paramilitares colombianos, que según el mandatario han permeado la sociedad venezolana con el propósito de desestabilizarla.

De acuerdo con el gobernante socialista, la medida -que incluye el estado de excepción en 13 municipios donde fueron restringidos algunos derechos civiles- también apunta a frenar el contrabando de extracción, que vincula con una aguda escasez de productos básicos.

Tras el cierre de los pasos limítrofes, las autoridades venezolanas deportaron a más de 1.500 colombianos indocumentados, cuyas casas, en algunos casos, fueron marcadas y demolidas o no se les permitió sacar sus pertenencias.

Otros 20.000 colombianos han retornado a su país por temor a ser expulsados, según datos de las Naciones Unidas.

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