Argentina viola las leyes
Baltimore (AIPE)- Bajo la Ley de Convertibilidad de 1991, la Argentina empleaba un sistema monetario paralelo donde tanto el peso como el dólar circulaban libremente y se intercambiaban 1 por 1. La Ley de Convertibilidad fue revocada el 6 de enero y el peso fue devaluado. Lo que diferencia a la devaluación argentina de otras devaluaciones es lo que Frederic Bastiat (1801-1850) designó como saqueo legal. Eso sucede cuando se promulga una ley que despoja a unas personas de su propiedad para dársela a otros, a quienes no les pertenece.
La Ley de Convertibilidad le había concedido al tenedor de un peso el derecho a cambiarlo libremente por un dólar. Esa promesa del gobierno argentino era creíble porque el Banco Central tenía la obligación de mantener reservas extranjeras para cubrir su emisión de pesos. Ese derecho a redimir convertía en único el sistema de convertibilidad argentino, diferenciándolo del sistema común de moneda de curso forzoso. Por consiguiente, la devaluación argentina es diferente a las demás.
Con la revocación de la Ley de Convertibilidad, la promesa de redención fue desechada, revocándose también el derecho de los tenedores de pesos a las reservas en dólares del Banco Central. Por consiguiente, la devaluación argentina equivale a un gran robo bancario, en el que los derechos sobre 17.800 millones de dólares en reservas extranjeras fueron anulados de un plumazo por el gobierno.
Pero eso fue apenas el comienzo del gobierno de Eduardo Duhalde, ya que seguidamente promulgó una serie de leyes que pisotean los derechos de propiedad, anula contratos y se burla de la seguridad jurídica y del imperio de la ley.
Al mismo tiempo que el gobierno argentino continuaba arrebatando las propiedades a la velocidad de un gobierno bolchevique, el ministro argentino de relaciones exteriores, Carlos Ruckauf, adelantaba una audaz misión en Washington, pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo, exigiendo un paquete de préstamos por más de 15 mil millones de dólares. El gobierno argentino no se merece un centavo.
El gobierno de Duhalde se ha dedicado a robar los bancos, a los depositantes, a las empresas y a la gente común con pesos en sus bolsillos. Roba a todo el mundo a su alcance. Ni los contribuyentes estadounidenses ni nadie debe apoyar a un gobierno que roba descaradamente a los inversionistas extranjeros. Mientras el gobierno de Duhalde mantenga sus políticas actuales, el gobierno de Bush debe rechazar toda ayuda directa y vetar toda ayuda del FMI, del Banco Mundial o del BID. Felizmente, el gobierno de Estados Unidos tiene por ley que hacer exactamente eso. El título 22, sección 2370 del Código de Estados Unidos determina la suspensión de ayuda a cualquier país que confisque la propiedad de ciudadanos o empresas estadounidenses, o que anule contratos con ellos.
Las leyes de Estados Unidos le impiden al gobierno del presidente Bush rescatar a la administración de Duhalde. Es más, en su informe al Congreso del día 29 de enero, el presidente Bush dijo: “No tenemos ninguna intención de imponer nuestra cultura. Pero Estados Unidos siempre mantendrá una posición firme en cuanto a exigencias no negociables respecto a la dignidad humana: el imperio de la ley, limitaciones al poder del estado, respeto a las mujeres, a la propiedad privada, la libre expresión, la igualdad ante la ley y la tolerancia religiosa”. Entonces, como cuestión de principios y también de ley, Estados Unidos no le puede dar al gobierno de Duhalde un solo centavo.
* Profesor de economía en Johns Hopkins University, académico del Cato Institute y presidente del Friedberg Mercantile Group de Nueva York. ©
