Caro y malo versus eficiente y barato
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Miami (AIPE)- Los bienes y servicios que compramos en el libre mercado son buenos y baratos, producidos y distribuidos eficientemente porque, bajo la libre competencia, los mejores productos desplazan a los caros y menos buenos. Así, el mercado logra una óptima utilización de escasos recursos y la nación entera se enriquece. Donde no existe la competencia es porque políticos y burócratas intervienen para impedirla, favoreciendo a empresarios con influencias políticas y a sectores protegidos con cuotas de importación y altos aranceles, como la agroindustria.
Así vemos que el costo del azúcar en Estados Unidos es tres veces el costo mundial para proteger a unos pocos empresarios con gran influencia en Washington. Pero mucho peor es el caso de todo lo que el gobierno decide regimentar, regular y supervisar, supuestamente para la protección y beneficio de todos.
El resultado nunca es el previsto por los políticos y funcionarios, sino que todos sufrimos las terribles consecuencias de la intervención gubernamental en áreas vitales como la salud y la educación hasta el 12° grado. En ambos sectores se han multiplicado los costos, sin que ellos guarden relación alguna con la calidad y eficiencia de los servicios ofrecidos.
Muchos políticos y burócratas de esta gran nación capitalista no han aprendido que la libre competencia y el libre mercado siempre producen mayor eficiencia y consumidores más satisfechos que el estatismo, regulaciones y controles.
Los impuestos locales que financian la educación pública se han disparado y no son muchas las familias que pueden enviar a sus hijos a un colegio privado. Pero así como aumenta exageradamente el costo de la educación pública, la calidad no mejora. Según el informe publicado la semana pasada por el National Assessment of Educational Progress, apenas 35% de los estudiantes de 12° grado leen adecuadamente. Sin entender lo que leen, menos estudiantes pueden ir a la universidad a estudiar ciencias y otras materias complejas, razón por la cual las industrias norteamericanas dependen cada día más de ingenieros y científicos extranjeros.
Hace tres o cuatro décadas, ir al médico y comprar las medicinas recetadas no presentaban mayor problema. La consulta podía costar $35 y la prescripción $12. Pero, debido a la intervención del gobierno en el sector salud, hoy el ciudadano promedio no paga directamente por la consulta ni por las medicinas, cuyos costos –por esa misma razón– se han disparado mil o dos mil por ciento.
Los médicos, para sobrevivir bajo múltiples regulaciones, no pueden dedicar más de unos pocos minutos a cada paciente ni conversar y explicar mucho por temor a las demandas. Luego, cobrar la consulta al seguro de salud requiere no sólo mucha paciencia sino la contratación de varios empleados para cumplir con múltiples y complejas tramitaciones impuestas por el gobierno y las compañías de seguros. Paralelamente, los laboratorios farmacéuticos se ven obligados a invertir un promedio de 800 millones de dólares para desarrollar y lograr la aprobación oficial de cada nuevo medicamento. Esto ha reducido drásticamente la competencia y el número de empresas farmacéuticas, mientras más medicamentos requieren receta y, por lo tanto, una consulta médica.
El mercado no desaparece totalmente y ahora algunos connotados médicos no aceptan seguros ni pagos del gobierno. Estos médicos sí ofrecen a su selecta clientela el estupendo servicio personalizado que prevalecía en otros tiempos.
Ni en Washington ni en las legislaturas y gobernaciones estatales han aprendido que el mercado es mucho más eficiente y confiable que el gobierno y sus burócratas. Donde el gobierno interviene se disparan los costos y decae la calidad y confiabilidad del servicio. Así, una hospitalización de dos o tres días en este país puede costar 20 mil dólares y 100 dólares una cápsula de antibiótico consumida en un hospital. Sí, se trata de una calamidad socialista.
___* Director de la agencia AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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