Competencia desleal pública y violación del interés público
Los industriales venezolanos y en específico los del sector agroindustrial, por medio de Conindustria y Cavidea respectivamente, han solicitado que las fiscalizaciones a las cuales han sido sometidas sus empresas también sean aplicadas a las empresas públicas. Lo anterior no es para nada descabellado, porque si supuestamente existe un objetivo público que motiva a tales fiscalizaciones, no debería haber sujeto de aplicación exento.
Más allá, los industriales venezolanos denuncian que justamente existe una altísima correlación positiva e incluso causalidad de actuación directa del Estado por medio de empresas públicas, expropiaciones, así como vía controles y regulaciones hacia las empresas privadas, y los altos niveles de desabastecimiento.
Destaca especialmente el sector de los centrales azucareros, en el cual estando en manos del Gobierno 11 de los 16 existentes, producen sólo el 22% del azúcar en Venezuela; presentándose un nivel de escasez al cierre de 2012 de 78,1%. Así mismo ocurre con la industria torrefactora, sobre la cual el Gobierno posee el 80% de su capacidad y las cifras de escasez durante el año pasado se ubicó alrededor del 35%. El hecho cierto es que lo mismo ocurre con la harina precocida, entre otros productos, siempre ex post a las expropiaciones y a la instrumentación de las políticas de la actual gestión de Gobierno –destacamos el hecho que existen casos donde el sector privado teniendo menor capacidad provee mayor porcentaje de la oferta-.
Así las cosas, estaríamos frente a dos situaciones extremadamente indeseables para el país, por un lado el perfeccionamiento de una competencia desleal por parte del Estado, por medio de la cual se impone onerosas barreras administrativas a las empresas privadas, las cuales no son aplicadas a las empresas públicas; y por el otro lado y mucho más preocupante, una lesión al interés público, al deteriorarse la eficiencia económica del mercado y ante el alto costo de oportunidad de los recursos públicos ineficientemente utilizados.
Llama la atención que no solo se esté lesionando a la actividad económica privada y a los derechos de propiedad, sino a la sociedad en su conjunto, al interés público, a la eficiencia de la economía venezolana y al bienestar social; cuando se diseña incorrectamente un modelo económico socialista que ineficiente y costosamente desarrolla la actividad de producción o provisión de bienes privados de consumo privado en detrimento de la provisión de bienes públicos y ante la pérdida de eficiencia, valor y riqueza creada por privados, comprometiendo recursos públicos –lo último producto del desplazamiento deliberado del sector privado-.
Existe suficiente contraste interno intra-sectorial y cross-country, como para que los venezolanos saquemos conclusiones y encendamos nuestras alarmas. Por un lado, son aquellos sectores donde la participación del Estado de forma directa o vía expropiaciones y regulaciones, los que presentan mayores fallas. Luego, existiendo fundamentalmente los mismos productos, empresas, empresarios y capitalistas en Venezuela que en nuestros países vecinos, los desempeños no eficientes en el nuestro se explican por lo que nos diferencian, nuestro Gobierno y sus políticas públicas y regulatorias.
Economista. Master in Competition and Market Regulation. Master in Industrial Organization and Markets. Especialización en Economía de los Sectores Energía, Telecomunicaciones, Transporte, Farmacéutico, Agua y Banca. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
