Devaluación y la “desagradable aritmética monetarista”
La devaluación, y el mantenimiento de un régimen cambiario con fuertes restricciones en los flujos externos, eran esperados. Los interrogantes estaban en la oportunidad, dado el costo en términos de inflación y de reputación que tiene la medida. Quizá el gobierno estimó que era preferible correr con estos costos lo más rápidamente posible. En todo caso, se descartó pasar a un régimen cambiario de mayor flexibilidad y transparencia, por ejemplo un régimen de cambio dual como mecanismo de transición. Se optó por persistir en la opción “controladora” y un tipo de cambio oficial fijo, a pesar de las distorsiones que crea.
La razón fundamental de la devaluación es fiscal. Eleva los ingresos fiscales petroleros en moneda local (aunque encarece la deuda externa) y permite la aparición de las supuestas “ganancias cambiarias” del BCV, por montos muy considerables. Al devaluar, la elevada acumulación de reservas internacionales que desde febrero del año pasado ha realizado el BCV por la implantación del régimen de control, genera “ganancias cambiarias” muy altas, dependiendo del monto de divisas que se venda al nuevo tipo de cambio. Estas “ganancias” son la base, después de restar las pérdidas en las que incurre el BCV por la política de esterilización, para las transferencias al fisco. En síntesis, se trata de una forma de financiamiento monetario.
Además, la devaluación facilita la emisión de nueva deuda (básicamente doméstica) u operaciones de canje de deuda que pueden reducir el servicio de la deuda en el corto plazo. Es interesante notar que la inconsistencia de la política macroeconómica, específicamente la acelerada dinámica de la deuda interna, posiblemente hará necesario dar garantías en dólares para realizar las operaciones de canje o de nueva emisión, aunque ello pueda crear serios problemas en el futuro.
Todo esto permitiría continuar una política fiscal muy expansiva en el corto plazo, aunque de mala calidad y poco efecto multiplicador. La información inicial disponible de fines de año y comienzos de este, indica aumentos de gastos fiscales en términos reales significativos.
Ciertamente la expansión fiscal está ligada al referéndum revocatorio y la acentuación de la política de reparto del Ejecutivo, pero esa no es la única motivación. También están los intereses de grupos “buscadores de renta”, con conexiones con la elite gobernante, cuyos “beneficios” se materializan con la expansión fiscal o con la devaluación.
La devaluación por sí misma puede tener efectos estanflacionarios, al aumentar el costo de los insumos intermedios y de bienes finales importados, y sí es limitado su efecto sobre las exportaciones no petroleras. Cuál es el efecto cuantitativo de la devaluación en la inflación es un tema de discusión, y posiblemente no sea tan alto como en el pasado. Al mismo tiempo, al ser usada la devaluación como mecanismo para financiar monetariamente el gasto fiscal, podrían existir efectos inflacionarios desde este ángulo. Casi todos los analistas estiman que la inflación de este año estará en una banda entre más de 30% y 40%, una inflación que no sólo sería muy elevada sino además reiterada. Es una ironía que un gobierno que hizo inicialmente del control de la inflación (a través del anclaje cambiario) su máxima prioridad macroeconómica, tenga que acudir al expediente devaluacionista (en un entorno de altos precios del petróleo), como ha sido común en América Latina. De paso, la elevada y reiterada inflación, desalinea el tipo de cambio real de su valor de equilibrio según el poder de paridad de compra.
Además, la incertidumbre y las expectativas ligadas a la devaluación pueden afectar la inversión en capital físico doméstico, al reducir la rentabilidad relativa de los activos domésticos y aumentar el riesgo, comparados con la de activos externos, por ejemplo, de activos financieros externos.
La acelerada dinámica del endeudamiento doméstico-y sus limitaciones-recuerdan el artículo de Sargent y Wallace sobre la “desagradable aritmética monetarista”, donde hay que recurrir cada vez más al financiamiento monetario para financiar el gasto. Los gobiernos tiene tres formas de financiamiento: impuestos, endeudamiento con el público y financiamiento monetario o incremento del dinero base. Sí se presentan déficit reiterados, se generan problemas para acudir al endeudamiento. Los potenciales deudores tienden a exigir condiciones crecientemente onerosas ante el riesgo de incumplimiento, y típicamente los gobiernos acuden al financiamiento monetario, uno de cuyos efectos es incrementar la inflación, aunque no de forma inmediata. De hecho, muchos consideran la inflación como una forma de impuesto. En este sentido, en el caso venezolano, son comunes los pronósticos de una nueva devaluación, que colocaría el tipo de cambio oficial alrededor de 2.300-2.400 bolívares por dólar a fines de año.
