El cenagal de las hipotecas

Las autoridades estadounidenses solían dar lecciones a otros países sobre sus errores económicos y les decían que tenían que imitar el modelo de EE UU. En particular, la crisis financiera asiática de finales de los años noventa dio pie a muchos consejos moralizadores cargados de suficiencia. Así, en 2000, Lawrence Summers, por entonces secretario del Tesoro, declaraba que las claves para evitar una crisis económica eran «unos bancos bien capitalizados y supervisados, un gobierno corporativo y unos códigos de quiebra efectivos y unas medidas creíbles de aplicación de los contratos». Se suponía que estas eran cosas que los asiáticos no tenían, pero nosotros sí.

No era así.

Los escándalos contables de Enron y WorldCom destruyeron el mito del gobierno corporativo eficaz. Hoy en día, la idea de que nuestros bancos estaban bien capitalizados y supervisados parece un mal chiste. Y ahora, el desastre de las hipotecas está convirtiendo en sinsentidos las afirmaciones de que tenemos un sistema eficaz de aplicación de los contratos; de hecho, la pregunta actual es si nuestra economía está gobernada por algún tipo de respeto a la ley.

Esta es la historia hasta la fecha: una crisis inmobiliaria épica y un paro elevado y continuado han desencadenado una epidemia de impagos; millones de propietarios de viviendas se demoran en los pagos de sus hipotecas. Así que los administradores -las empresas que recogen los pagos en nombre de los propietarios de las hipotecas- han estado ejecutando muchas hipotecas y han embargado numerosas viviendas.

¿Pero realmente tienen derecho a embargar esas casas? Las historias de terror se han multiplicado, como la del hombre de Florida al que arrebataron su casa aun cuando no tenía ninguna hipoteca. Y lo que es más importante: ciertos agentes han ignorado la ley. Los tribunales han aprobado ejecuciones hipotecarias sin exigir que los administradores de las hipotecas presentasen la documentación apropiada; en vez de eso, han confiado en las declaraciones juradas que afirmaban que los papeles estaban en orden. Y estas declaraciones juradas habían sido emitidas en muchos casos por firmantes robot o por empleados de bajo nivel que no tenían ni idea de si sus afirmaciones eran ciertas.

Ahora se está revelando una terrible verdad: en muchos casos, la documentación no existe. En el frenesí de la burbuja, muchos préstamos de viviendas fueron asumidos por empresas poco fiables que trataban de generar tanto volumen de negocio como fuese posible. Estos préstamos se vendían a fondos fiduciarios que, a su vez, las rebanaban y troceaban para convertirlas en valores hipotecarios. Los fondos fiduciarios tenían la responsabilidad legal de obtener y conservar los pagarés hipotecarios en los que se especificaban las obligaciones de los prestatarios. Pero ahora está claro que esas sutilezas solían descuidarse. Y esto significa que muchas de las ejecuciones hipotecarias que se están produciendo ahora son, de hecho, ilegales.

Esto es muy, muy, negativo. Por un lado, es casi seguro que se está defraudando a un número considerable de prestatarios; les están cobrando cuotas que realmente no adeudan y se está afirmando que faltan a sus pagos cuando, según los términos de sus acuerdos de préstamo, no lo hacen.

Aparte de eso, si los fondos fiduciarios no pueden aportar pruebas de que realmente poseen las hipotecas contra las que han estado vendiendo garantías, los avalistas de estos fondos se enfrentarán a demandas legales por parte de los inversores que compraron dichas garantías (muchas de las cuales ahora solo valen una pequeña fracción de su valor nominal).

¿Y quiénes son estos avalistas? Instituciones financieras importantes (las mismas instituciones supuestamente rescatadas por los programas gubernamentales el año pasado). Así que el desastre de las hipotecas amenaza con generar otra crisis financiera.

¿Qué se puede hacer?

Tal como se preveía, la respuesta de la Administración de Obama ha sido oponerse a cualquier acción que pueda molestar a los bancos, como una moratoria temporal de las ejecuciones hipotecarias mientras se resuelven algunos de los problemas. En lugar de eso, está pidiendo muy amablemente a los bancos que se porten mejor y cambien de comportamiento. Bueno, eso ha funcionado estupendamente en el pasado, ¿verdad?

Aun así, la respuesta de la derecha es todavía peor. Los republicanos del Congreso están esperando su momento, pero los comentaristas conservadores como los de la página editorial de The Wall Street Journal han salido diciendo que la falta de documentación adecuada es una trivialidad. De hecho, dicen que si un banco afirma que posee nuestra casa, debemos aceptar su palabra. A mí esto me hace pensar en la época en que los señores feudales se sentían libres para apropiarse de lo que quisieran, conscientes de que los campesinos no tenían voz ni voto ante los tribunales. Pero sospecho que algunas personas consideran que aquellos eran buenos tiempos.

¿Qué debería suceder? Los excesos de los años de la burbuja han creado una ciénaga legal en la que los derechos de propiedad están mal definidos porque nadie tiene la documentación apropiada. Y cuando no existen unos derechos de propiedad claros es el Gobierno quien tiene el deber de crearlos.

Eso no será fácil, pero ya hay algunas buenas ideas por ahí. Por ejemplo, el Centro para el Progreso Estadounidense ha propuesto que a los asesores hipotecarios y otras entidades públicas se les confiera poder para modificar directamente los préstamos problemáticos y que su criterio sea respetado a menos que el administrador de la hipoteca apele. Esto sería muy útil para aclarar las cosas y nos ayudaría a salir del cenagal.

Una cosa está clara: lo que estamos haciendo ahora no está funcionando. Y fingir que todo va bien no va a servir para convencer a nadie.