El Defensor y el SICRI
La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, tal como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 280. Sin embargo, esta especie de “Robin Hood” caribeño, es una institución que desde su creación ha tenido un comportamiento no muy convincente y mucho menos equitativo con todos los venezolanos.
Como si los problemas de los derechos humanos en Venezuela no fueran variados y suficientes, el Defensor tiene suficiente tiempo libre para solicitar ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un Recurso de Nulidad a la información contenida en el Sistema de Información Central de Riesgos, conocida en el sistema financiero como SICRI, ya que esta supuestamente «vulnera los derechos constitucionales y los derechos colectivos y difusos de los ciudadanos que se encuentran registrados en el referido sistema». Por lo tanto este Paladín de la Justicia Social estima que con esta acción está reestableciendo los derechos constitucionales de 1.645.147 personas.
Este sistema aporta información a cada Institución Financiera, sobre el status crediticio de cada persona con relación bancaria en nuestro país, pero el Defensor se equivoca al decir que las instituciones no comunican al usuario las razones por las cuales le niega el crédito, “configurándose una verdadera sanción vitalicia que le impide al deudor contar con los servicios de la banca a pesar de poder haberse modificado la capacidad de pago del mismo». Muy al contrario, cada ciudadano, una vez corregida su situación de morosidad con alguna institución, esta tiene la obligación de sacarlo del Sistema, y si se le niega un crédito por esto, los bancos le informan al individuo para que arregle esta situación. Esto es ampliamente conocido por todos los actores que intervienen en el mercado financiero y no representa para nadie un problema, por lo menos hasta ahora.
Esta valiosa idea del Defensor puede llevar en el largo plazo a una crisis bancaria, en virtud de que los bancos estarían a ciegas, y no podrían llevar un control sobre el historial crediticio de las personas que solicitan financiamiento, remitiéndose solo, a lo que como clientes de esa institución hayan tenido estas personas, sin conocer con detalle lo que el sistema financiero en general tenga que decir acerca de ellos. Recordemos que entre las innumerables causas del desastre financiero del año 1994, las erradas políticas de riesgo de los bancos de la época estaban entre las más importantes, y la falta de información constituye una muy pieza vital.
Para que tengamos una idea de la situación de los derechos humanos en nuestro país, y de a donde le recomendaríamos al Defensor invierta ese tiempo libre que seguro está teniendo, desde que comenzó la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos, este país ha sufrido un poco más de 1.000 bajas militares, esta cifra equivale a la violencia desatada en 10 fines de semana en nuestro país = 2.5 meses, a razón de 100 muertos cada fin de semana, y nosotros no estamos en ninguna guerra. Nadie ha oído al Defensor del Pueblo plantear una estrategia clara y realista para atacar este problema, que seguro es mucho mas importante para el “Pueblo”, que salvaguardarle la historia crediticia a unos pocos morosos, ya que estos serían los únicos interesados en la aprobación de este Recurso de Nulidad. Al final recordemos el viejo refrán: “El que no la debe no la teme”.
Es evidente que la Defensoría del Pueblo nuevamente no está cumpliendo su labor, sino por el contrario se está metiendo en territorio de entes reguladores como la Superintendencia de Bancos o hasta el mismo Fogade, que si conocen el tema con amplitud y nunca han puesto objeciones sobre este sistema.
*Economista
