Expropiaciones irresponsables

Mi amigo y colega Carmelo Casale me lo dijo desde el año 99: “Andrés, el comunismo es un sistema predador: subsiste de lo que le deja el capitalismo porque es incapaz de producir nada, a excepción de pobreza, miseria y escasez.” Siempre le creí aunque en el fondo de mi corazón anidaba la esperanza de que se equivocara en relación con el incipiente gobierno de Hugo Chávez, o de que este no fuera, como efectivamente es, un régimen totalitario de corte neo-comunista. El tiempo y los tribunales internacionales le han dado la razón a mi amigo pues la depredación institucional que se ha ejecutado sistemáticamente desde Miraflores (sede del Poder Ejecutivo en Venezuela) ha venido acompañada con la expropiación írrita y el posterior saqueo sistemático a empresas privadas productivas de cualquier tamaño, rubro o actividad, desde modestas empresas de tradición familiar hasta los bienes de grandes empresas trasnacionales, que intentaron hacer valer sus derechos en los tribunales del país, pero como el Poder Judicial venezolano está secuestrado por Chávez (82% de los Jueces son ‘provisionales’ y de libre remoción por el Tribunal Supremo de Justicia, que está integrado por miembros activos del PSUV, el partido de gobierno) estas empresas han tenido que hacer valer sus derechos en instancias internacionales ¿Resultado? Venezuela (que no Chávez) enfrenta más de 20 libelos con altas probabilidades de perderlos, y ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial, hace frente a los más relevantes.

El Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) es un organismo internacional creado por el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, también denominado Convenio de Washington o Convenio CIADI. Este tratado, que data de 1965, cuenta con 146 Estados parte y fue suscrito por Venezuela el 18 de agosto de 1993 y ratificado por el entonces Congreso de la República el 2 de mayo de 1995, para entrar en vigencia el 1º de junio de ese año. El CIADI es por lo tanto, un centro de resolución de controversias especializado en disputas relativas a inversiones extranjeras, para lo cual administra procedimientos de conciliación y arbitraje; no decide las controversias. Los casos no superados en la etapa de conciliación, como algunos que enfrenta Venezuela, son sometidos a la decisión de un tribunal arbitral que puede estar constituido por uno o varios árbitros (siempre en número impar), designados por las partes y que son responsables de decidir el fondo de las controversias.

El gobierno de Chávez ha efectuado 1.045 “intervenciones” (popularmente conocidas como expropiación express) contra compañías u otras propiedades privadas desde 2002 hasta septiembre de este año, y que 44% de esas intervenciones estaban vinculadas con el sector de la construcción. Por ello Venezuela ha sido demandada en 21 arbitrajes en el Centro CIADI y de estos 21 casos en los que Venezuela ha tenido que ejercer su defensa, uno fue registrado en 1996, iniciado por Fedax N. V., mientras que todos los demás han sido registrados a partir del año 2000. En 2000 se registraron las demandas presentadas por GRAD Associates, P. A. y Aucoven (concesionaria de la autopista Caracas-La Guaira). En el 2004, la de Vanessa Ventures Ltd. (mina Las Cristinas). En el 2005, la de I&I Beheer N. V. (instrumentos de deuda pública). En el 2006, la de Vestey Group Ltd. (hato El Charcote). En el 2007, las de ENI Dacion B. V. (convenios operativos de la apertura petrolera), Mobil Corporation y otros (asociaciones de la Faja del Orinoco – apertura petrolera) y ConocoPhillips Company y otros (asociaciones de la Faja del Orinoco – apertura petrolera). En el 2008, las de Brandes Investment Partners, LP (accionista de Cantv) y Cemex Caracas Investments B. V. y otros (cementera) y, en el 2009, Holcim Ltd. y otros (cementera) y Gold Reserve Inc. (minería). El año 2010 se presentaron las de Tidewater Inc. y otros (contratista de Pdvsa), Universal Compression International Holdings, S. L. U. (contratista de Pdvsa), Opic Karimun Corporation y Flughafen Zürich A. G. y Gestión e Ingeniería IDC S. A. En el transcurso de 2011 se han registrado cuatro casos: Highbury International AVV and Rammstein Trading Inc. (concesión minera), Nova Scotia Power Inc. (minería), Longreef Investments A. V. V. (Café Fama de América) y Cristallex International Corporation (mina Las Cristinas). De todos estos, los casos de Fedax N. V., GRAD Associates P. A., Aucoven, I&I Beheer N. V. y ENI Dacion B. V. fueron concluidos por diferentes vías. Únicamente se emitieron laudos condenatorios en los casos de Fedax N. V. y Aucoven. Esto quiere decir que el país tiene 16 casos pendientes de resolución por tribunales arbitrales CIADI.

Aún cuando la República de Venezuela está obligada constitucionalmente a aceptar la mediación de CIADI y las decisiones de los tribunales de arbitraje internacional, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha sostenido en dos fallos (Sentencias. números 1942, de julio,15 del 2003, y 1541, de octubre 17 de 2008),  que la ejecución de ambos dictámenes, emitidos por las cortes de arbitraje internacional,  está sujeta al cumplimiento del orden constitucional venezolano, dejando abierta la posibilidad para que un tribunal local revise el contenido de esas sentencias y hasta pueda dictaminar como insustancial su ejecución. Lo que sigue es el resumen de los costos que enfrenta el país en los tribunales arbitrales internacionales donde se ventilan estos 16 casos direccionados por el CIADI que se encuentran en diferentes etapas:

En espera de la emisión de laudo final: Vanessa Ventures Ltd. y ConocoPhillips Company y otros:

ü  Vanessa Ventures: (U.S. $ 1.000 millones) La canadiense Vanessa Ventures tiene un reclamo por un proyecto de más de 1.000 millones de dólares por la revocatoria de sus proyectos auríferos da manera unilateral por parte de la Nación y fuera de los términos acordados en contrato.

ü  ConocoPhillips: (U.S. $ 31.000 millones) Este juicio, el más oneroso que enfrenta Venezuela por la metodología chavista de nacionalización-express, involucra dos proyectos petroleros en la vertiente Norte de la Faja del Orinoco y dos convenios de exploración. En octubre de 2010 el tribunal arbitral internacional recibió una petición de descalificación de uno de los árbitros, pero en un prospecto de deuda, PDVSA dijo hace pocos meses que espera asistir a una audiencia determinante entre el 10 y el 14 de enero venideros, lo que podría conducir a un veredicto este año.

Juicio suspendido: Vestey Group Ltd.

En etapa de sustanciación: Mobil Corporation y otros, Cemex Caracas Investments B. V. y otros y Gold Reserve Inc.;

ü  Exxon Mobil: (U.S.$ 7.000 millones) La empresa introdujo en octubre del 2007 una solicitud de arbitraje a las pocas semanas que el Gobierno de Chávez irrumpiera con sus milicianos en Cerro Negro (Faja del Orinoco) y en La Ceiba (al Occidente del país) para incautar los activos de la petrolera que operaba ambos proyectos, sin los formalismos que señala la Constitución del país y a principios del 2008 Exxon acompañó sus peticiones de arbitraje con un recurso de congelación de hasta 12.000 millones de dólares en activos externos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Aunque esta medida fue descartada por un tribunal británico, Exxon aspiraba a recibir hasta 15.000 millones de dólares, pero en 2010 la estatal PDVSA informó que la firma había restringido su reclamo a unos 7.000 millones de dólares. Venezuela ofrecía pagar hasta 1.000 millones de dólares, un ofrecimiento que nunca ha honrado.

Al momento de redactar este informe, un organismo de arbitraje internacional concedió a Exxon Mobil Corp. cerca de 908 millones de dólares como compensación por el litigio que mantiene la firma estadounidense con Venezuela por la nacionalización de sus activos en 2007. La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) confirmó que la corporación estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) «tiene una responsabilidad contractual con Exxon Mobil«. La información proviene del portavoz de la compañía, Patrick McGinn, vía correo electrónico. El vocero indicó que la compensación exacta es por 907,588 millones de dólares.

ü  Cemex: (U.S. $ 1.000 millones), Entre 2008 y 2009 la mexicana Cemex no alcanzó ninguno de los acuerdos con Venezuela para la compensación por la nacionalización de su filial local. Entonces solicitó arbitraje ante el CIADI por la expropiación de la industria cementera. Sus reclamos involucran unos 1.000 millones de dólares y aunque dijeron que llegaron a un arreglo amistoso, el caso no ha sido retirado de la Corte. A inicios de diciembre 2011, Venezuela dijo que pagará un adelanto de 600 millones de dólares a la mexicana Cemex, en un acuerdo que se alcanza luego de tres largos e infructuosos años después de que la cementera solicitara arbitraje a un tribunal internacional.

ü  Gold Reserve (U.S. $ 2.100 millones) En el 2009 la minera canadiense solicitó arbitraje por la revocatoria de dos proyectos auríferos. Su solicitud de compensación se elevó en agosto a 2.100 millones de dólares. Aún prosigue el arbitraje en los tribunales de CIADI.

Pendiente por decisión sobre jurisdicción: Brandes Investment Partners, LP.

Pendiente terminación por acuerdo entre las partes: Holcim Ltd. y otros.

ü  Holcim: (U.S. $ 1.000 millones) La empresa suiza Holcim tampoco logró acuerdos con Venezuela para la compensación por la nacionalización de su filial local y aunque dijeron que, al igual que CEMEX llegaron a un arreglo amistoso, el caso no lo han retirado de la Corte hasta que la Nación no de finiquito satisfactorio al arreglo.

En primera sesión del tribunal: Tidewater Inc. y otros.

ü  Tidewater: (U.S. $ 45 millones) Luego de una exasperante espera de meses para que Venezuela compensara a las 76 empresas de servicios petroleros que expropió en mayo del 2009, la estadounidense Tidewater solicitó arbitraje para recuperar el valor de sus embarcaciones, estimado en unos 45 millones de dólares.

Pendiente por resolver recusación de un árbitro: Universal Compression International Holdings, S. L. U. y Opic Karimun Corporation:

ü  Universal Compression Internacional Holdings: (U.S. $ 400 millones) La firma, adquirida por la estadounidense Exterran, fue otra afectada por las expropiaciones express del 2009. Introdujo arbitraje en el 2010 por sus activos, valorados en 400 millones de dólares. Se pidió la descalificación de uno de los árbitros.

ü  OPIC Karimum: Introducido en el 2010 por una filial de la estatal taiwanesa CPC Corp , que tenía una porción minoritaria en los proyectos petroleros Golfo de Paria Este y Oeste. Se discute una petición de descalificación de árbitro.

Tribunal recientemente constituido: Flughafen Zürich A. G. y Gestión Ingeniería IDC S. A.

En la etapa de registro de demandas: Highbury International AVV and Rammstein Trading Inc., Nova Scotia Power Inc., Longreef Investments A. V. V. y Cristallex International Corporation.

ü  Highbury International y Rammstein Trading: (U.S. $ 3.800 millones)  En enero 2011 las firmas Highbury International y Rammstein Trading introdujeron otro caso relacionado con minería y el último caso minero en ventilarse mediante arbitraje corresponde a la canadiense Cristallex, que solicita 3.800 millones de dólares por el proyecto Las Cristinas.

ü  Crystallex: (U.S. $ 3.800 millones)  La minera canadiense Crystallex anunció el viernes 7 de octubre de 2011 que en un tribunal arbitral comenzó el proceso formal que solicitó contra Venezuela por la cancelación unilateral del contrato para operar el proyecto de oro Las Cristinas y está solicitando una compensación completa de 3.800 millones de dólares.

ü  Nova Scotia Power Inc: El 22 de abril de 2010, Nova Scotia Power Incorporated con sede en el 1930 Barrington Street Halifax, Nova Scotia B3J 3E5 Canadá, demandó a la República Bolivariana de Venezuela para un Laudo sobre Jurisdicción

ü  Longreef Investments A.V.V: En noviembre de 2009 el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realiza una expropiación forzosa de las instalaciones cafetaleras de la empresa Fama de América, representada por Longreef Investments AVV. Fama de América estuvo intervenida desde agosto 2009 por supuestos incumplimientos de la legislación local, El gobierno inicialmente informó que había tomado las instalaciones de las compañías (Fama de América y de otras dos empresas similares) para investigar supuestas “prácticas monopólicas” y el “contrabando de extracción” del café hacia Colombia, señalamientos que fueron rechazados por las empresas.

Otros casos que enfrenta el país en los tribunales arbitrales internacionales:

ü  Tenaris y Talsa: (U.S. $ 2.000 millones) Las siderúrgicas Tenaris y Talsa, controladas por el argentino Techint, solicitaron arbitraje contra Venezuela por la nacionalización en 2009 de una de sus filiales, Matesi. Un año antes el Gobierno había estatizado la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en donde participaba el grupo argentino, por la que acordó pagar 2.000 millones de dólares.

ü  Owen Illinois: La fabricante estadounidense de envases de vidrio solicitó arbitraje en septiembre por la expropiación de sus dos plantas en Venezuela el año 2010, que representaban 5 por ciento de sus operaciones mundiales.

ü  Koch Industries: La empresa estadounidense Koch Industries introdujo un caso similar al de Owen Illinois ante el Ciadi por la toma de Fertinitro, una empresa mixta para la producción de fertilizantes que compartía con la estatal Pequiven y la italiana Snamprogetti.

La irresponsabilidad chavista de estas y muchas otras expropiaciones express costará a los venezolanos mucho más que la sumatoria de los montos demandados: Costará un incalculable tiempo y esfuerzo diplomático internacional para que retornen al país, junto con un nuevo gobierno sólidamente democrático, la credibilidad y la confianza de las empresas e inversionistas extranjeros que han visto -y padecido algunos- cómo Chávez destruye a Venezuela a pesar de ser el país más rico y de mayores potencialidades de la sub-región.