Economía

(H20+KWH=0): ¿Se justifica regalar el agua y la luz?

Una pronta e infeliz coincidencia amenaza los caraqueños: hay que racionar dos importantes servicios públicos: el agua potable y la luz eléctrica: ¿se puede sacar alguna lección de esta extraña imposición: proviene de una inclemencia climatológica, o más bien de una errada política de precios (subsidios) ?

– Me cuentan que la mitad del agua servida por las Hidros no se factura, y la mitad de lo que se factura no se cobra.

– Me dicen que en algunas empresas del servicio eléctrico, mas de la mitad de los facturado se lo roban los clientes, ya sea con conexiones ilegales (necesariamente “ignoradas”) o tracaleando los medidores y las acometidas.

Pareciera evidente en ambos casos, aunque uno más grave que el otro, que se trata no de servicios públicos sino de una “beneficencia pública”, cuyo efecto directo e inmediato es la incapacidad de las empresas, mayormente públicas, para financiar el mantenimiento propio de la gestión diaria, no digamos las ingentes exigencias para la expansión de los servicios, cuya inmediata consecuencia pudiera ser el racionamiento por falta de inversión oportuna.

Se plantea así la cuestión de identificar la mejor gestión financiera, y especialmente si no requeriría una revisión la actual política indiscriminada de subsidios. En lo que sigue, planteamos algunas reflexiones sobre el tema.

Los aspectos teóricos

A nuestro juicio la teoría del subsidio se basa en el concepto de la “disposición a pagar” – un umbral por encima del cual el usuario, a cuenta de pobre, no está en capacidad de consumir (se abstiene obligadamente) un bien o servicio, con las consiguientes implicaciones sobre su bienestar, cuando tales bienes o servicios fueran indispensables para su salud, su educación, su propia supervivencia, para no hablar de otros aspectos menos indispensables pero más convenientes a la producción económica. Y la justificación del subsidio vendría cuando su monto, requerido para dar acceso al servicio, fuera menor que los beneficios sociales obtenidos por la presencia de dicho servicio.

Este concepto (popularizado por Marshall) se debe atribuir primeramente al ingeniero francés Jules Dupuit (h. 1848), explicado con el famoso ejemplo del peaje del puente, de donde surge el concepto del valor(1) de una obra pública (Fig. 1), que una vez lo aplicamos al servicio urbano de autobuses, pero el concepto en el mismo, donde a medida que se aumenta la tarifa (o el peaje) disminuye la “utilidad” de la obra (o servicio) público, y se acrecienta la “utilidad perdida” por causa de la tarifa.

La utilidad o valor de una obra pública sería la suma de las disposiciones a pagar de toda la gente que lo usa, lo que se calcula teóricamente subiendo la tarifa desde gratis a un máximo, y calculando el monto de la gente que la usa para cada precio, cuyo producto es dicha utilidad.

Evidentemente, se plantean dos alternativas extremas: dar el servicio gratis con utilización extrema del servicio, subsidio completo; o eliminar el subsidio y vender al costo, ya sea promedio regional o marginal(2) .

En el fondo estamos hablando del problema del financiamiento, de las fuentes de financiamiento. Porque vendiendo al costo estaríamos hablando de empresas financieramente saludables, robustas, que pueden financiar su expansión con fuentes propias o acudiendo al mercado de capitales.

FIG: 1 – VALOR DE UNA OBRA PUBLICA SEGÚN DUPUIT(3)

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Parece ser, en el caso venezolano, que las empresas de servicios deficitarias por bajas tarifas no están en capacidad de ofrecer condiciones de calidad por motivos financieros. La otra alternativa sería cobrar tarifas de acuerdo a los costos.

Habría que cuantificar cual de las dos alternativas es la mas conveniente para garantizar servicios indispensables. Y hasta donde la “beneficencia” no es también un vehículo de despilfarro , por lo que los llaman los “incentivos perversos”.

Los aspectos prácticos: 1) desarrollo regional

Parece ser que los beneficios obtenidos por los subsidios no son mayores que sus maleficios. Incluso, hablando de servicios públicos, se reconoce que tomados como esfuerzos para la promoción del desarrollo regional, cuando se adelantan aisladamente, al margen de otras inversiones necesarias y complementarias, no son suficientes. Es decir, que la inversión anticipada en servicios aislados no es ninguna garantía de desarrollo regional si no forma parte de un esfuerzo global basado en la explotación de los recursos locales.

En estas condiciones, habría que revisar toda la política pública de los subsidios. Quizá bajo el expediente que es mejor enseñar a pescar que regalar pescado. Porque no se sabe hasta donde los subsidios en gasto corriente (desde alimentación y nutrición,, vivienda, salud, educación, energía, electricidad, agua potable, agricultura, transporte, pre-escolares, materno infantil, deserción escolar, multihogares, capacitación juvenil, &&.), hasta donde decíamos, se justifican realmente, y resultan mas bien dádivas desperdiciadas.

La tarifa eléctrica de las zonas aisladas y pobres se ha venido subsidiando por años (igual a las de las zonas urbanas) y que yo haya visto nadie ha salido del hoyo con este sacrificio.

“Primero que el hambre llegó la pobreza”

Si bien algunas carencias resultan mas perniciosas que otras, podríamos coincidir en que la clave para la reducción de la pobreza tiene un ingrediente básicamente económico, asociado al empleo. En consecuencia, la formación de empresas es la inversión clave, lo que a su vez depende de la explotación posible de recursos naturales por intermedio de un mercado viable. Y lo demás es paja.

En otras palabras, que la pobreza se podrá atenuar con paños calientes, los subsidios, pero la solución estructural está en la generación del empleo. Ya lo hemos dicho antes: se desea el bienestar, que depende del empleo, que viene de la formación de empresas públicas y privadas, lo que a su vez proviene de la inversión para la explotación de los recursos disponibles.

Y con el empleo se pagan los servicios, que no deberían regalarse. La solución de la pobreza no es el subsidio sino la inversión que genera los empleos.

Los aspectos prácticos: 2) la “tarifa social”

Este es otros aspecto que debería revisarse. Se trata de la aplicación de una tarifa “social”, también llamada salvavidas (lifeline), originada en el sector de teléfonos en Estados Unidos, tarifa especial para los viejitos solitarios.

En el sector eléctrico se llama “tarifa social”. Como la factura de electricidad normal es un porcentaje tan pequeño del presupuesto familiar (5%), uno se pregunta si el sacrificio vale la pena, en particular cuando se ofrece indiscriminadamente del ingreso regional.

Es otro tema donde se cuestiona si el sacrificio empresarial (que es inmenso, recursos financieros desatendidos) realmente se compadece con el beneficio para los suscritores, frente al costo de la alimentación y el transporte en el gasto familiar, por ejemplo). Mientras tanto no hay fuentes internas para financiar la expansión del servicio eléctrico (KWH) o de agua (H2O).

¿Qué es más elevado para el espíritu, sufrir las “pérdidas negras” del servicio, o enfrentándolas, lograr una expansión saludable del sistema, y garantizar la calidad de los productos? – Qué es mejor, racionar a todos, o vender, recaudar y racionar a pocos?

¿Cuál es el costo de los venideros racionamientos, y el costo del subsidio que ocasionalmente los acarrea? — ¿ Hasta dónde es malo vender al costo?

En el caso eléctrico la nueva Ley Orgánica elimina los subsidios indirectos y cruzados y la aplicación de la tarifa social y los subsidios rurales habría que revisarlos. Excepto por la conexión de internet cuando el costo de la electricidad interfiriera con tal utilización. Habría mas bien que financiar los equipos…

NOTAS:

(1) Notemos que esta versión no da cabida al concepto, más moderno, de la calidad o tiempo perdido durante el uso de un servicio, como sería la congestión en el puente (lo reconoce Allais: “pas de saturation pour un prix nul” en “La Théorie Générale des Surplus”, §414,1; 1989, p.185.PUG, Grenoble).

(2) La venta al costo marginal y al costo regional (sin subsidios) se defiende en aras de una racionalización de la economía, reconociendo la carestía del servicio en las zonas aisladas y evitando transportes innecesarios, y evitando además tecnologías que abusen de un bien que se vende barato cuando es más costoso.

(3) Tomado de A. Méndez Arocha con M. Chavarría, “Noticia sobre la teoría de la utilidad en autobuses: Dupuit ‘revisited’. VI Jornadas de Transporte y Vialidad. Mérida, Venezuela, junio de 2000. Fig. 2. y la otra figura de nuestras “Reflexiones Sobre Calidad y Tarificación de los Servicios Públicos”, Seminario Internacional sobre Planificación y Calidad en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica. Foz de Iguazú, octubre de 2001. Notemos que el “Autobús de Dupuit” es una versión tropicalizada del caso del puente, que apareció en “De l´utilité et sa mesure” en la Revista de Puentes y Caminos de Paris, 1848. Para un análisis muy completo de este pionero de la Ingeniería Económica, véase por ejemplo de R.B. Ekelund & R.B.Hébert: “Secret Origins of Modern Microeconomics: Dupuit and the Engineers”. The Univ. of Chicago Press, 1999.

(4) Véase sobre políticas de subsidios el valioso material del Banco Mundial, por ejemplo “Poverty Reduction Strategy Sourcebook”, Washington 2001, y también World Bank, Literature of Poverty. Sobre Venezuela está el “Proyecto Pobreza” de la UCAB, con trabajos de España, Zambrano y Riutort, entre otros.

(*).- Vicepresidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Presidente de A. Méndez Arocha y Asocs., Ings. Consultores. C/E:
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