Economía

Impuestos para perseguir

Ya se había anunciado desde estas páginas que el gobierno de Venezuela preparaba un paquete tributario con el objeto de recaudar más impuestos para de esa manera seguir financiando la vorágine de gasto que ejecuta la administración de Hugo Chávez. Se conoce que el SENIAT remitió a la Procuraduría General de la República para las observaciones legales correspondiente, el proyecto de Ley de impuesto sobre bienes y derechos patrimoniales de las personas naturales. Ahora ese proyecto está siendo analizado en el Ministerio de Finanzas con el objeto de afinarlo para posteriormente ser presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

Sin embargo, el propósito del impuesto que piensa instituir el gobierno no es para obtener más ingresos exclusivamente. En la exposición se prevé que el objeto de este nuevo impuesto es gravar todos los activos de los particulares no incorporados a las actividades económicas o profesionales, con la excepción de la vivienda principal. Es decir, el Estado pecharía la totalidad de los bienes de una persona que no se utilicen como un medio para producir otro bien. De esta manera tendrán que pagar impuesto los bienes inmuebles, las cuentas bancarias en Venezuela y en exterior, los vehículos, naves y aeronaves, lanchas, las acciones en empresas, los semovientes, las joyas, cuadros y otros objetos de valor, entre otros bienes. Aunque se habla de distintas formas de valoración de los productos objeto del impuesto, al final privará el criterio del SENIAT y sobre ese monto se impondría una tasa de 1,0% de acuerdo con el valor estimado al 31 de diciembre de cada año. En el caso de que el monto total de los bienes de una persona sobrepase las quince mil (15.000) unidades tributarias, el equivalente a Bs. 504.000.000, se deberá cancelar el impuesto estipulado, el cual será pagado por los venezolanos aunque residan en el exterior o los extranjeros que residan en Venezuela.

Sin embargo, ese impuesto puede ser deducido del impuesto sobre la renta con lo cual su efecto en la recaudación total sería literalmente nulo. Además, como no se pecha la vivienda principal, la gran mayoría de los venezolanos estaría exceptuada de pagar el impuesto. Por tanto, otra debe ser la razón que motiva al Gobierno a establecer un nuevo tributo. En la teoría de las finanzas públicas, son varias las cualidades que debe tener un impuesto. En primer lugar, su poder recaudatorio, en segundo término debe minimizar la distorsión que en la economía se produce cuando se cobra un impuesto, el tercer aspecto hace referencia a la simplicidad burocrática y finalmente, el bajo costo de su administración. Ninguna de estas virtudes caracterizan al impuesto que propone el Gobierno toda vez que el monto a recaudar es menguado y su administración sería complicada y costosa, a parte del hecho de que sería una invitación a quienes puedan pagarlo para que trasladen una parte de su patrimonio al exterior.

La verdadera razón y motivación es ampliar el registro que tiene el Gobierno sobre la vida de los venezolanos: dónde viven, qué hacen, dónde trabajan, dónde compran, cuáles son sus preferencias políticas y ahora qué bienes poseen. Se trata entonces de un Estado que pretende controlar la existencia de sus ciudadanos, para lo cual utiliza las bases de datos que ha venido construyendo la administración tributaria. Nadie debe dejar engañarse con la consigna que podría esgrimir el Gobierno de que se intenta hacer que los ricos que quedan en Venezuela contribuyan más y paguen los impuestos, porque la política tributaria del gobierno desde 1999 se ha orientado justamente a castigar a quienes menos tienen toda vez que el principal instrumento de recaudación ha sido el impuesto al valor agregado (IVA), como se muestra en el cuadro adjunto. Es notorio que mientras el impuesto más equitativo, el impuesto sobre la renta, no ha experimentado aumento, el IVA, el tributo más regresivo, prácticamente representa la mitad de los impuestos no petroleros obtenidos por el Gobierno. Por esa razón, entre otras, es que se ha deteriorado la distribución del ingreso en Venezuela.

Desde el punto de vista fiscal, el Estado no debe seguir creando tributos sino más bien simplificar la base impositiva y afianzar su esfuerzo por incrementar el impuesto sobre la renta. De todos modos, en Venezuela, el problema de las cuentas públicas no reside exclusivamente en los ingresos sino también en niveles de gasto público que están propiciando en una parte de los venezolanos la sensación de que se puede vivir recostado de las arcas del Estado sin realizar un esfuerzo por conseguir un trabajo productivo por que el Gobierno está creando los incentivos para que la gente más pobre no trabaje sino que dependa de una beca o una subvención que conceda el Presidente de la República.

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