Industrialización y desindustrialización en Venezuela
El proceso de industrialización de Venezuela comenzó de manera incipiente durante la segunda guerra mundial cuando las hostilidades dificultaron el abastecimiento de productos importados y el gobierno del General Isaías Medina Angarita decidió poner en marcha algunas medidas para producir en Venezuela mercaderías foráneas. Entre esas medidas destacaron, los créditos baratos, incentivos fiscales, plan de capacitación de la mano de obra y posteriormente el establecimiento de elevados aranceles o prohibiciones a determinadas importaciones. Las industrias que se asentaron en Venezuela fueron aquellas destinadas a la elaboración de bienes de consumo, principalmente.
No obstante las acciones emprendidas por el gobierno medinista, fue con la administración de Rómulo Betancourt en 1959 cuando comienza en firme el proceso de sustitución de importaciones, como una acción deliberada del Estado venezolano para instalar un parque industrial capaz de proveer los bienes manufacturados de consumo masivo para abastecer una demanda en crecimiento sostenido. Se configuró así el eje centro norte costero de Venezuela y florecieron las industrias en los estados Aragua, Carabobo y Miranda. El plan consistía en promover en una primera etapa la industria ligera, orientada hacia la fabricación de productos alimenticios para luego avanzar hacia fases de manufactura de bienes con mayor valor agregado, lo que implicaría la creación de industrias intermedias. Esa política contó con el apoyo del Estado a través de la Corporación Venezolana de Fomento, el Banco Industrial de Venezuela, lo cuales otorgaban estímulos financieros mientras que los antiguos ministerios de Fomento y de Hacienda, diseñaban las políticas industrial, comercial y fiscal para que la industria naciente encontrara un entorno propicio al crecimiento. Tales políticas se centraron básicamente en un mercado interno cerrado a la competencia, mediante restricciones arancelarias y para arancelarias y exoneraciones tributarias.
Se estructuró entonces un plantel industrial de capital privado nacional y extranjero y las pretensiones del Estado en materia empresarial llegaban hasta lo que consideraba “las industrias estratégicas”. Con esa política como brújula navegó la industria nacional en un mar tranquilo signado por la estabilidad política y económica, lo que permitió subir la aportación de la industria nacional en el producto interno bruto, hasta que el primer gobierno de CAP, quien intentando dar un salto adelante, propició en realidad un salto al vacío e incubó la crisis económica que comenzó en 1978 y que se manifestó en febrero de 1983 con el final de la estabilidad cambiaria de Venezuela. Entre 1974 y 1978, tratando de aprovechar los inmensos recursos que proporcionaba el auge de los precios del petróleo, CAP procuró acelerar la industrialización de Venezuela mediante una intervención desbocada del Estado en la economía, que se expresó en una ampliación sin precedentes del ámbito empresarial del gobierno, para lo cual resultó insuficiente el ingreso petrolero lo que motivó un incremento sustancial del endeudamiento público, fundamentalmente externo. El programa de gobierno conocido como el V Plan de la Nación pretendió forjar una alianza entre el Estado y las empresas transnacionales para localizar en Venezuela muchas de las industrias que ya en el mundo desarrollado no tenían las ventajas competitivas en virtud de los altos costos de la mano de obra y de las materias primas. A ello se adicionó la acción del sector público venezolano como empresario, en lo que se llamó el capitalismo de Estado. Todo ello implicó la erogación de ingentes recursos que parecían brotar de la nada mientras las cotizaciones del petróleo se mantuvieron elevadas. Entretanto, todo ese conglomerado industrial estatal acumulaba pérdidas que hubo que financiar, parcialmente con deuda pública, con lo cual se le restaba fondos al gasto social. Así, el Estado abandonó su política de promotor de la industria al meterse a empresario y salió de esa aventura con las tablas en la cabeza.
Con la llegada de Chávez al poder se presumía que se afianzaría el rol del Estado en la economía, pero pocos imaginaron que traspasaría los límites de lo admisible. Efectivamente, un gobierno como el de Hugo Chávez que tiene políticas en todos los frentes ha carecido de una estrategia industrial, ¿porqué? Porque Hugo Chávez no tiene como propósito el desarrollo industrial de Venezuela, sino la minimización del sector privado y para ello debe golpear con fuerza a la industria manufacturera. De esta manera es que se puede explicar, por una parte, la falta de acciones de promoción e incentivos a un sector vital para la economía de Venezuela y por la otra la proliferación de unidades de producción propiedad del Estado venezolano, de todo tipo y en todas las áreas, las cuales registran déficit en su gestión financiera y son una carga muy pesada para el fisco. No ha vacilado el gobierno en facilitar la domiciliación en Venezuela de compañías de capital estatal o privado de regímenes políticos que considera amigos, mediante asociaciones en diversas áreas. Aquellos incentivos que le ofrece al capital extranjero se los niega a los venezolanos a lo que se añade tres políticas suicidas para cualquier progreso industrial: la sobrevaluación de la moneda para procurar bajar la inflación, el control de precios, que destruye la rentabilidad y la falta de reglas claras para la inversión. Por estas razones es que se aprecia una tendencia a la disminución del aporte del sector manufacturero venezolano a la producción no petrolera, como se evidencia en el gráfico.
El balance del BCV
El directorio del ente emisor publicó el balance general y estado de ganancias y pérdidas correspondiente al primer semestre. El examen de esos estados financieros sugiere que se han violado principios de contabilidad generalmente aceptados, por instrucciones de Sudeban. Así, por ejemplo, los traspasos de divisas a Fonden con los cuales se ha ejecutado gasto público siguen apareciendo como un activo en poder del BCV. Es curioso: un activo que pertenece simultáneamente al BCV y a Fonden. Ello sirve para disimular las pérdidas que registra el BCV durante el primer semestre de 2006. Similarmente, ese artificio contable encubre el hecho de que el BCV tiene un patrimonio negativo, es decir tiene más deudas que acreencias. También revela el balance del BCV la crítica situación de endeudamiento de instituto, que al cierre de junio de 2006 mantenía una deuda de US$ 17.150 millones, la más alta de su historia. Esta deuda significa un costo muy alto para el banco y conjuntamente con el traspaso de sus activos al gobierno ha determinado el deterioro de su posición patrimonial.
Las tasas de interés
Luego de haber aumentado las tasas de interés de manera consecutiva diez y siete (17) veces, la Reserva Federal, decidió hacer una pausa y esperar el comportamiento de la economía para volver a decidir sobre el costo del dinero. Ya el Banco Central de los Estados Unidos ha dado muestras de que no le tiembla el pulso a la hora de apelar al uso de las tasas de interés para conjurar presiones inflacionarias. Con esa decisión, la tasa de interés marcadora se mantuvo en 5.25%, la más elevada en cinco años. En buena medida la acción del Banco Central se justifica por la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía estadounidense. Sin embargo, el Banco de Inglaterra si optó por enviar una señal más firme al mercado al incrementar la tasa de interés de sus operaciones monetarias. Lo que está claro es que si la inflación rebrota los bancos centrales van a continuar propiciando alzas de tasas, encareciendo el costo del financiamiento y enfriando la economía mundial. En esas condiciones es probable que quienes en Venezuela tengan depósitos se vean tentados a colocarlos en dólares o euros aprovechando las mayores tasas y las expectativas de devaluación del bolívar.
