Economía

La economía pierde aliento tras otro suicidio colectivo

Cero crecimiento económico

Si la economía alcanza este año un crecimiento alrededor de un 10 %, se compensaría la contracción del 2003 (-10%), indicando a todo evento y sin ambigüedades estadísticas que en promedio, en esos dos años, el venezolano habrá reducido su ingreso per cápita en unos tres puntos porcentuales. A ello habrá que agregarle la contracción de la economía en el 2002 (-10%) y los mediocres crecimiento del 200 y 2001, que apenas alcanzan en conjunto un 3%, para acumular una caída en el ingreso per cápita del venezolano de unos 20 puntos porcentuales en lo que va de la administración Chávez; inédito desde el punto de vista de los fracasos que muestran los gobiernos en los ultimas cinco décadas.

La pobre clase media y la miopía política

Es obvio que ese mediocre performance económico, seguido de un brutal empobrecimiento del venezolano medio, constituye a todo evento un pasivo de la revolución bolivariana; un vasto segmento de los sectores medios, clases medias, empresarios formales e informales, profesionales y no profesionales, ha sufrido los rigores de la desactivación económica, el régimen de debilitamiento y restricción de libertades económicas impacta fuertemente en el gasto e inversión privada. Los indicadores económicos, inversión y desempleo conforman ese proceso.

Ese subyacente económico muestra en lo institucional la fuerza del proceso revolucionario, la resistencia de la gente, lo que en conjunto aparece catalizado por una ineficiente acción política y mediocre liderazgo que no ha podido detener tres episodios de suicidio colectivo; a saber, los golpes del 12 de abril, el paro petrolero donde la sociedad civil bailo al ritmo del gobierno, y finalmente en el evento de revocatorio donde se asistió a un juego con cartas marcadas pero pese a todo en un lance se jugo a Rosalinda. Acotamos que lo marcado enuncia un proceso de convocatoria a referéndum pleno de limitaciones administrativas y políticas a las libertades civiles y derechos humanos dirigidos a debilitar la voluntad política de la gente.

Un rebote fofo con altos costos sociales

La evolución de la economía en lo que va de ano, pese al rebote estadístico que muestran algunos indicadores económicos, mantiene el intenso grado de dependencia de la incertidumbre política e institucional –hoy convertida en crisis sistémica de confianza en sus instituciones- que la ha venido afectando a lo largo del este periodo caracterizado por fundamentales cambios “revolucionarios”.

Esos cambios han debilitado la actividad económica llevándola a reproducir solo los costos de inflación sin que siga un proceso de acumulación de capital que permita una continua renovación de inventarios, todo ello motivada a que en esencia la ruptura del marco jurídico que rige una economía de mercado normal ha traído como consecuencia un debilitamiento de los derechos de propiedad.

La sociedad paga elevados costos de transacción para defender su fuente de trabajo; por un lado el empresario – no importando su tamaño – es limitado en sus libertades económicas por los rígidos controles de los que es victima, de precios y de cambio, amen de las restricciones que en innumerables mercados, conforman el marco legal que se construye al paso del proceso revolucionario.

El petróleo no compensa

Los altos precios del petróleo base de la expansión del gasto público no compensan el impacto recesivo que sobre la economía ha impuesto el entorno de desconfianza mencionado, con lo cual esa expansión del gasto publico esta lejos aun de convertirse en un estimulo multiplicador del crecimiento económico en el mediano plazo.

Las expectativas de la gente sobre esa expansión del gasto inducen la evolución en el mediano plazo de problemas fiscales, una vez que el precio del petróleo alcance sus niveles históricos en próximos meses, dado que el crecimiento del gasto publico alcanzado a la fecha dinamizado por el ingreso petróleo no podría sostenerse sin que se presenten los males económicos típicos de altas inflaciones e insolvencias fiscales.

La inflación y la deuda: la agenda de mañana

En esa perspectiva, el gobierno ajustado por su propia ejecutoria en meses y años recientes quedara restringido al uso indiscriminado de la maáuina de impresión de dinero de la Casa de la Moneda, dinero sin poder que fluye por los caminos verdes de las utilidades cambiarias, y al endeudamiento voraz, lo que en definitiva lo pondrá ante la disyuntiva de inflacionar la economía, disparar las deudas no documentadas, reteniendo las transferencias y pagos a entes públicos y privados y licuar los activos –pasivos del gobierno- de la gente y del sistema financiero.

Los indicadores económicos básicos muestran claramente esa percepción de la economía por parte de la gente que prefiere represar actividad económica y ahorro, invirtiendo escasamente en niveles que permitan sostener sus negocios sin acudir a una acumulación de capital que perfile crecimiento económico sustentable.

El síndrome de las tasas y la caída del ahorro

Una rápida observación del crédito bancario muestra esta tendencia; un fenómeno que contrasta con un mercado del dinero con tasas de interés reales negativas, las que según voceros oficiales dinamizaría el crecimiento económico. Esa percepción, negada por la teoría económica amen de la voluminosa verificación empírica de varias décadas que refleja que tasas reales negativas no inducen el crecimiento economico, produce efectos regresivos en el ahorro de la gente, fuente para la inversión privada, si no hay ahorro no hay inversión, una ecuación económica básica como para no conocerla.

Fuerzas mayores en el campo de la política, inestabilidad institucional, debilitamiento de los derechos de propiedad y mal definidas políticas públicas dominan este comportamiento económico del venezolano.

En ese sentido, cualquier reanimación económica requerirá de un desmontaje de las restricciones a las libertades económicas y vuelta a los mecanismos de mercado para el reestablecimiento de la confianza, todo ello junto a la recreación de un marco jurídico estable que detenga el deterioro de los derechos de propiedad, fundamento institucional para un crecimiento económico sustentable.

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