La ideología es el problema
El Plan de la Nación 2001-2007, loable ejercicio teórico de académicos, sugiere el logro de equilibrios económico-sociales que ameritan un análisis a la luz de las medidas legislativas que el Ejecutivo viene aprobando e implantando apresuradamente.
Un Crecimiento Sostenido y Diversificado sólo es posible con la participación de la inversión privada, para lo cual debe existir un clima de confianza, debe percibirse un respeto a la legislación vigente y debe gobernarse con mente amplia, alejada de cualquier signo de sectarismo ideológico. Sin embargo, la concepción estatista y fiscalista que refleja el proyecto de la Ley de Hidrocarburos así como el secreto que ha rodeado a la Ley de Tierras, no son proclives a crear confianza ni incentiva la participación privada en las actividades productivas.
El Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa es fundamental para extender los beneficios de la propiedad a un mayor número de venezolanos. Pero su desarrollo debe contemplarse en base a niveles de productividad óptimos y a un funcionamiento sostenible en el tiempo sin que el contribuyente deba pagar un elevado costo a través de subsidios y ayudas por parte del Estado. Ahora bien, las acciones ejecutadas por el Instituto Agrario Nacional conducentes al desmembramiento de medianas empresas agropecuarias en plena producción sin la debida expropiación e indemnización por las bienechurías existentes, y su repartición a “campesinos” de dudoso origen, son un atropello del Estado contra personas y bienes que ahonda en la desconfianza y la inseguridad jurídica.
El Equilibrio Fiscalintentado mediante la implantación de nuevos y mayores impuestos se contrapone al sano deseo de incrementar el ahorro y la inversión privadas. De ahí que la aprobación del Presupuesto Fiscal 2002 con mayor gasto burocrático, junto a la decisión unilateral y sorpresiva de modificar la Ley del FIEM, desconociendo a la Asamblea Nacional y sin importar el consentimiento del BCV y de la Superintendencia de Bancos, sean contraproducentes a la estabilidad fiscal, monetaria y cambiaria necesarias para que los actores económicos se sientan motivados a invertir para generar crecimiento económico.
La Seguridad Social y el Empleo han sufrido consecuencias nefastas producto de las marchas y contramarchas con respecto a la Seguridad Social, del sesgo ideológico contrario a la creación de los Fondos de Capitalización Individual con administración privada y de la arbitraria exclusión del sector privado del proceso de decisión y operación del INCE. El Proceso de Descentralización se tambalea frente a las trabas del Gobierno Central al flujo de recursos a regiones y municipios. Todo indica que la ideología dominante, centralizadora y estatizadora, no sólo podría acabar con los equilibrios macroeconómicos alcanzados, sino que en momentos de disminución de los ingresos externos podría hacer colapsar el Plan y los equilibrios deseados.
