La nueva institucionalidad de la integración
El sábado 26 y el domingo 27 de enero pasado se llevaron a cabo reuniones de dos de los novedosos mecanismos de asociación surgidos en la región, cuyos resultados marcan una pauta significativa para la evolución futura del proceso de integración de América Latina y el Caribe. De ambos certámenes surgió un conjunto de elementos que parecen perfilar las características de las acciones que desplegarán las instituciones en creación.
El sábado se celebró la VI Cumbre Presidencial de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en la cual, además de aprobarse la vinculación de Dominica y otros acuerdos en distintos sectores se destacó, sin lugar a dudas, la constitución del Banco del ALBA. Institución financiera de un tamaño relativamente pequeño, tanto desde el punto de vista financiero -por los montos de sus respectivos capitales social y autorizado- como por la dimensión y requerimientos de sus países miembros. El domingo, por su parte, tuvo lugar una reunión de Cancilleres de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la cual se consensuó, en principio, un proyecto de Acta Constitutiva que deberá ser considerada y suscrita por los doce Jefes de Estado en una reunión que se llevaría a cabo en el transcurso del próximo mes de abril.
Ambas entidades, de entrada, son instituciones intergubernamentales que, en términos prácticos, significa que no serán recipiendarias de soberanía y, por tanto, las decisiones que adopten estarán sujetas a trámites administrativos, incluyendo eventualmente ratificaciones parlamentarias, como paso previo a su entrada en vigencia. Esta situación no es novedosa en la región, donde tan solo la institucionalidad de la Comunidad Andina (CAN) está dotada del carácter supranacional, producto de la concepción interestatal de la funcionalidad del proceso de integración.
Ese carácter intergubernamental, si bien no es extraño en el ámbito financiero, si adquiere un perfil muy novedoso cuando se analizan los lineamientos que regirán la política interna y la cadena para la adopción de decisiones que se instrumentará para el financiamiento de proyectos por parte del Banco del ALBA. Según se desprende de las informaciones disponibles, las decisiones serán de índole política antes que económica, lo cual explica que la responsabilidad decisoria recaiga sobre el Consejo Ministerial, de lo cual se desprende que este último asumirá las funciones de directorio de la entidad.
Esa tendencia institucional se hace más que manifiesta en el todavía en discusión Proyecto de Tratado para la constitución de UNASUR, al contemplarse una instancia política intermedia entre los órganos decisorios superiores (Cumbre Presidencial y Reunión de Cancilleres) y el técnico (Secretaría Ejecutiva), que estaría conformada por representantes de los gobiernos. Al igual que en el caso del Banco del ALBA, esta modalidad de estructura institucional acota, de hecho, la autonomía de gestión del órgano técnico de la Unión.
No se trata de emitir a priori un juicio de valor acerca de la viabilidad funcional de esta forma de operar. De lo que se trata es de destacar el esquema institucional propuesto por los gobiernos de los países participantes que se aleja, y en mucho, de los esquemas prevalecientes en los organismos de cooperación e integración existentes en la región.
La pauta marcada por los gobiernos responde, evidentemente, a la concepción de la integración y cooperación regionales que prima en ellos y que ha sido objeto de análisis en diversos artículos nuestros. Consecuencia de esta nueva conceptualización es, sin duda alguna, el letargo que viene caracterizando el accionar de los organismos existentes, cuando cada día se hace mas que evidente un desfase entre las agendas y estrategias establecidas en estos últimos y los intereses de los países que los sustentan, incluso, hasta en la forma de instrumentalizarlos.
Sin lugar a discusión, la institucionalidad regional se encuentra frente al desafío de mayor alcance y profundidad que haya enfrentado desde su creación. Sus directivos deberán optar entre proponer la adecuación de los respectivos organismos a las nuevas realidades que le imponen sus países miembros o, alternativamente, seguir administrando la languidez hasta su desaparición o, en el mejor de los casos, esperar pacientemente su desplazamiento por entidades que reflejen diáfanamente la voluntad de los gobiernos.
