La propiedad que mereces
Durante este gobierno, los venezolanos han visto cómo las invasiones y expropiaciones ilegales se han disparado. Según la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), cerca de 8 mil propiedades han sido invadidas desde 1999 a 2007. Estas invasiones han contado con la mirada indiferente, o a veces la anuencia, oficial. Gobernadores de varios Estados como Cojedes, Anzoátegui, Trujillo, Vargas, Lara, Aragua, Yaracuy, Guárico y Monagas, han propiciado la intervención de terrenos privados.
Las invasiones no son la solución y más bien aumentan el problema. La solución es construir más viviendas para todos. Sin embargo, el presupuesto del gobierno del 2009 para construir viviendas es de solo 12.000 casas.
Adicionalmente, el problema de titularización de la propiedad continúa sin respuestas. Los venezolanos, muchos de ellos gente humilde que ha logrado conseguir casa propia, se preguntan si habrá algún límite a las intervenciones del gobierno. La incertidumbre que esto genera paraliza el mercado inmobiliario y sólo agrava el problema de la vivienda en el país.
Cuando un individuo posee un activo, por más pequeño que sea, lucha por preservarlo y por exigir que los derechos que tiene sobre él sean respetados. La propiedad plena sobre este bien ayuda a que el individuo se incorpore a la sociedad y contribuya a su desarrollo.
Siendo propietarias, las personas obtienen derechos y los ejercen. Al pasar a ser un país de propietarios, pasaremos también a ser un país de ciudadanos.
Tenemos que considerar como indispensable que, cada venezolano, sobre todo los de menores recursos, cuente con activos, tierras o una vivienda que le den la posibilidad de disponer legalmente de ellos y que le permitan acceder a mecanismos formales de la economía como el sistema crediticio. No queremos que exista ningún habitante en nuestro país que se encuentre en situación de invasor o irregular en términos de la vivienda que habita o la tierra que trabaja.
Los venezolanos somos un pueblo trabajador. Ese cuidado que ponemos en el trabajo lo ponemos también en nuestras viviendas. El sistema legal actual impide que los papeles digan lo que es una realidad: que los hogares que hemos construido con cariño, y las tierras que hemos labrado con tesón, son nuestras. Es hora que el Estado le reconozca sus esfuerzos a los ciudadanos.
