Legalizaron en 2.000 bolívares pasaje del transporte público en Mérida
Nora Sánchez – Mérida.-
@norasan16
En 2.000 bolívares fue fijada la tarifa del transporte público en el municipio Libertador (Mérida) y la misma comenzó a cobrarse desde este lunes 29 de enero luego de que los transportistas, quienes cobraran de manera ilegal ese precio, y la Alcaldía de Mérida, llegaran a un acuerdo que dejó por sentado que el próximo aumento se evaluaría a partir del mes de marzo.
Este es el primer incremento legal del precio del pasaje durante este año 2018 y el monto está sujeto a la regularización de la prestación del servicio, a la revisión de las concesiones para su renovación, toda vez que las mismas están vencidas en la gran mayoría de las líneas que prestan servicio en la ciudad de Mérida.
Según el alcalde de Mérida, Alcides Monsalve, el precio de pasaje fue establecido en 2.000 bolívares con el compromiso de los transportistas de no realizar nuevos aumentos hasta el venidero mes de marzo.
Mientras los transportistas ya cobran de manera legal el incremento que tuvo que pagar el usuario desde el año pasado por decisión unilateral de los conductores, la Alcaldía de Libertador revisará la flota de unidades y realizará un censo de las mismas para saber cuántas busetas están disponibles por rutas.
La falta de transporte público es evidente en las paradas de la ciudad estudiantil y turística de Venezuela que a diario están repletas de personas y en las calles de la ciudad, donde ahora se ven caminando muchos más ciudadanos quienes cansados de esperar un bus, deciden caminar para llegar pronto a su destino.
En Mérida los transportistas aseguran que tienen paralizada el 80% de la flota de unidades por diversas causas como la falta de cauchos, lubricantes, repuestos, el alto costo de las reparaciones mecánicas, entre otras.
Asimismo, han dicho que al menos 10% de las unidades que están activas han migrado hacia otros estados donde el precio del pasaje es más elevado, lo que les ayuda a tener más recursos para paliar la crisis económica que como ciudadanos les afecta y para mantener operativas las busetas.
