Opción Shaw II
La lucha frontal contra la pobreza es con seguridad el objetivo fundamental de la humanidad y eso se expresa claramente en los programas de la ONU, en las declaraciones de las cumbres presidenciales como la Iberoamericana, el G8, la Asia-Pacífico, etc. Desterrar el flagelo de la pobreza era una meta no colocada en el centro de las prioridades de los líderes del mundo, sin embargo programas ambiciosos como las “Metas del Milenio” apuntan a otorgarle relevancia a este aspecto e indica que una acción mundial decidida podría acabar en el mediano plazo con esta ignominia.
En anterior artículo hablábamos de la vivienda como bien fundamental para dignificar al grupo familiar y como instrumento de generación de riqueza, empleo y dinamización de la economía. Hacíamos mención también de la propuesta del Arquitecto Daniel Fernández-Shaw y de lo novedosa y creativa de la misma, por cuanto apunta a solucionar el problema de la vivienda en el propio barrio, claro que para que dicha propuesta pudiera tener aplicabilidad hacía falta la existencia previa de una serie de políticas públicas, tales como: la regularización de la propiedad de la tierra sobre la cual está asentada la vivienda, destinar al mejoramiento de barrios un porcentaje fijo del presupuesto público de viviendas, establecer el crédito a 30 años, otorgar los préstamos a través de la banca comercial a tasas variables pero manejando los tiempos de manera de no afectar las finanzas familiares, asegurar el pago del crédito para que los recursos circulen a nuevos beneficiarios y desarrollar un mercado inmobiliario fuerte que produzca soluciones habitacionales.
La Opción Shaw además de creativa e innovadora y de requerir un marco como el que mencionamos, implica un gran reto en sí misma ya que pasa por el diseño de un proyecto urbanístico, su “venta” al barrio y en ello tiene que haber previamente un trabajo arduo de captación de los líderes comunitarios, la discusión en la asamblea de vecinos del proyecto, la organización del barrio una vez comprada la propuesta y la constitución de la figura jurídica de un condominio mediante la cesión de la propiedad individual del terreno de cada familia, a los fines de que se aplique el proyecto urbanístico a las 50 ó 100 viviendas que constituyan el conjunto residencial.
Completada esta fase que es no es poca cosa y que implicaría algo nunca hecho en Venezuela, ni tampoco en el tercer mundo, que supone vencer la resistencia al cambio, la incredulidad de la gente, la desconfianza en los gobiernos y el miedo a ser estafados y perder lo poco que tienen, se continuaría con la gestión del crédito bancario. Para la banca también será una novedad financiar un proyecto de mejoramiento urbanístico en los barrios; claro que no es lo mismo financiar la refacción de una vivienda individual, la cual en caso de mora con el pago del crédito es muy difícil ejecutar la hipoteca, que financiar un condominio de 100 viviendas, pues el beneficiario del crédito es una figura jurídica y la garantía entonces si es ejecutable, porque además la vivienda adquiere mayor valor por el mejoramiento del entorno.
La fase siguiente sería la de construcción: aquí la empresa promotora autora del proyecto urbanístico, procedería a iniciar los trabajos con el propio personal del barrio; esto es que los albañiles, obreros, cabilleros, carpinteros, maestros de obra, etc., salen del propio barrio. Esto ya implica la creación de empleo para la propia comunidad y supone que recibirán una remuneración justa y de acuerdo con la inflación. Una condición tácita será que la planificación de los trabajos se haga de manera que las cuadrillas de trabajo ejecuten la obra como lo crea la empresa, de manera que nadie trabaje sólo en beneficio de su propia vivienda. Eso no implica que haya arreglos individuales entre propietario y otros trabajadores para hacer mejoras internas en la vivienda, adicionales a los que establece el proyecto, que correrían por cuenta del interesado.
