Opción Shaw III
Si el Estado venezolano determinara la cuantía de los recursos financieros aplicados al mejoramiento de los barrios en los últimos 50 años, la cifra asustaría al financista más encumbrado por lo descomunal de los montos invertidos en el sector. La otra cara de la moneda es que la efectividad del gasto es nula o inexistente. Nadie puede decir en Venezuela que algún barrio es un modelo de calidad de vida para sus habitantes, a pesar de los ingentes recursos invertidos en su remodelación.
Ante esta incontrastable realidad, toca entonces cambiar de estrategia: la primera sería que el Estado destine un porcentaje fijo, de su presupuesto dedicado a viviendas, a la consolidación de los barrios populares. En segundo lugar que esos recursos financieros adjudicados al sector sean manejados por la banca privada, actuando el Estado como banco de segundo piso. En tercer lugar que promotores privados, con proyectos urbanísticos específicos y, por supuesto, diseñados para mejorar las condiciones de los barrios populares, sean los beneficiarios de los créditos de estos fondos.
La idea es diversificar a lo largo y ancho del país propuestas semejantes a la del arquitecto Daniel Fernández-Shaw, mediante las cuales los barrios populares del país sean remodelados en su estructura física y de servicios, a través de un proyecto de diseño urbanístico, que convierta un sector del barrio en una isla de excelencia con respecto al resto de la comunidad, para que por etapas se vaya abarcando la totalidad de la barriada, luego los barrios aledaños y sucesivamente todas las comunidades pobres del país. Un proyecto creativo e innovador como el del arquitecto Fernández-Shaw, aplicado sistemáticamente en diversos puntos del país, promueve no sólo el mejoramiento del barrio en sí, sino que ataca directamente la pobreza al dotar a las familias pobres, de una vivienda digna y confortable, con el añadido de que su entorno comunal se transforma en un lugar vivible, ya que el mecanismo del condominio otorga un sentido de propiedad comunitaria que hace que los miembros preserven la integridad, limpieza y seguridad de su espacio.
El problema del empleo también se ataca decididamente con una propuesta como esta ya que los habitantes del barrio proporcionan la mano de obra necesaria para la remodelación de las viviendas y para la construcción de los servicios comunes. El pago de remuneraciones justas y de acuerdo con el mercado, posibilita que los trabajadores, además de laborar por su propio barrio (no por su casa en particular), realicen su labor con esmero y entusiasmo. Como quiera que el aprendizaje en construcción, no es tan difícil, sobre la marcha se van corrigiendo defectos y especializándose los talentos. Por otra parte: si hay empleo, hay circulante; y si esto ocurre la economía se dinamiza, ya que como sabemos la construcción tiene un efecto multiplicador sobre la economía.
Los retos fundamentales para una propuesta como esta provienen de la aceptación por parte del barrio del proyecto urbanístico y de la cesión del derecho individual a la figura jurídica del condominio. Al principio será muy duro vencer la desconfianza de los miembros más conservadores del barrio, sobre todo porque no existirán antecedentes, o sea una obra que mostrar y que sirva como efecto demostración y de convencimiento; además será realmente duro para una familia pobre que por fin reciba la titularidad de la tierra ocupada ilegalmente, ceder ese derecho a una propiedad colectiva amparada bajo la figura del condominio. Estos son problemas estratégicos y que requieren mucho diálogo y negociación con la comunidad. De todas maneras es improbable que todos los miembros de un sector suscriban la propuesta, por lo que es previsible que dentro del conjunto haya personas que decidan que su vivienda no será objeto de remodelación. No importa, más adelante visto el resultado cambiarán de opinión, a un costo mayor claro está.
