Opera malandra
El problema de fondo en Venezuela es saber de dónde saldrán los reales para financiar los bienes y servicios que le puedan garantizar una vida decente a la población de menores recursos, o sea, a casi todo el país. Dos teorías se enfrentan, dos formas de administrar los recursos nacionales, dos conceptos bien distintos de entender la vida social. Una asociada a la idea de justicia conmutativa, donde cada quien tiene derecho a determinados bienes por haber sido capaz de producir riqueza y otra, vinculada a la noción de justicia distributiva, donde todo el mundo tiene derecho a vivir bien por la sola razón de estar vivo. El socialismo del siglo XXI se fundamenta, como lo analiza muy bien Emeterio Gómez en su reciente libro La responsabilidad moral de la empresa capitalista, en la idea de la justicia distributiva. Así usted no haga nada, bien sea por no haber tenido oportunidades para internalizar las habilidades requeridas para administrar adecuadamente su tiempo e inteligencia o porque calcula que tal propuesta es riqueza fácil, tendrá derecho a una vida digna. El Estado se hará cargo de usted, mientras sea necesario y no le pongamos plazo al compromiso. Los Consejos Comunales se encargarán de hacerle llegar una buena tajada del presupuesto nacional: funde su cooperativa, pula sus contactos y espere. Es probable que sea beneficiado. Acuérdese, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público no aplica.
Pero si usted considera que la única vía para erradicar la pobreza a largo plazo es producir masivamente bienes y servicios, estimulando la inversión, creando empleo, competitividad y respetando la propiedad privada, aterrice. Quizás no tenga tiempo para desarrollar su plan de negocio: el ritmo de los acontecimientos políticos no se lo permitirá. Emeterio Gómez ha introducido con su nuevo volumen una reflexión oportuna sobre el rol que jugará la empresa privada en los próximos meses. El capitalismo tiene posibilidades reales de mantener, antes de que Andrés Izarra le gane la carrera, hegemonía comunicacional capaz de impedir la radicalización del régimen y la entrega de nuestra economía a los pulcros, honestos, brillantes e inspirados administradores del erario público. Gustavo Machado debe estar revolcándose en su tumba. Un proyecto semejante, capaz de derrotar esa compulsión de crear una sociedad igualada por abajo, necesita del compromiso total de los empresarios. Ya no tan sólo fomentando RSE en sus organizaciones, preocupándose porque sus trabajadores tengan oportunidades para crecer profesionalmente o negándose a emplear menores de edad, sino involucrándose en los intereses del espacio humano alrededor del cual prosperan, creando contactos espirituales propiamente dichos, identificando el modo cómo podrían lograr alcanzar una auténtica Responsabilidad Moral Empresarial. Los productores y gremios en este país son, sobre todo al interior de nuestra geografía, los últimos baluartes de una nación que no baja la cabeza ante al culto a la personalidad. Hoy son las instituciones por excelencia de nuestra vida política, y no tan sólo de la económica o social. Pero no han asumido, por comodidad, por limitar su acción a la búsqueda de ganancias, a aumentar su tasa de retornos, el liderazgo que se les exige.
Cada una de nuestras acciones, lo que hacemos o dejamos de hacer, genera nuevas realidades. Quién se sienta aplastado por el discurso del Presidente, quién vea su voluntad paralizada por la potencia de una estructura burocrática fanatizada, contemplará su vida desperdiciarse por los desagües de la acera de enfrente, intrascendente e inocua. La pasión por el control que caracteriza a este régimen necesita acabar con la iniciativa empresarial e imponer un sistema donde no prospere la independencia de criterios. Ninguna razón de Estado será capaz, sin embargo, de destruir el Espíritu ni de satisfacer sus necesidades, pero si insistimos en apartar la Ética de la Economía, replegándonos a nuestras actividades profesionales, a la esfera individual, sin acceder y sin reclamar nuestro derecho a influenciar la esfera pública, estaremos cavando nuestra tumba, tanto económica como individual.
Los derechos civiles de los trabajadores y excluidos se institucionalizaron en Occidente a partir del siglo XIX. Muchos venezolanos, desafortunadamente, a pesar de nuestra larga tradición de lucha democrática, no gozan todavía de viviendas dignas, educación o salud. Y los Derechos Humanos, que imponen el respeto radical al desarrollo moral y económico de la persona y le garantizan el poder de expresarse libremente, tienen rango constitucional en nuestro país. Seguro modifican la Carta Magna otra vez, pero por ahora somos, como lo define Gómez, pura posibilidad de ser. Seremos lo que queramos: víctimas de una aberrante voluntad de poder o garantes de la libertad, la bondad, la honradez y la pasión por una vida donde la ética sea algo más que la letra de una canción de samba o whisky de dieciocho años.
