Venezuela y su petróleo
Al menos mientras el ingreso proveniente de las rentas petroleras represente más de 90% de las divisas del país y supere 50% del ingreso fiscal, la génesis de cualquier proyecto de país pasa necesariamente por este asunto.
Ingenuamente podría pensarse que tal definición no sólo es innecesaria, sino que está dada.
Recuerdo algún profesor liberal que se resistía a pensar que la actividad petrolera debía tener consideraciones económicas diferentes a las que aplican a una granja de gallinas, un sembradío de yuca, una cantera, arenera o cualquier otra actividad inscrita en el sector primario de la economía.
Este profesor confería cuando menos a desviaciones marxistas todas aquellas interpretaciones que, basadas en que una parte de nuestro ingreso nacional no depende ni proviene de la capacidad productiva doméstica, suponían que nuestra economía no podía ser explicada sólo por el manual de Samuelson.
Aun cuando el citado profesor nunca fungió como parte de gobierno alguno, sí perteneció a la generación del «Gran Viraje». Esa que entendió que la nueva etapa del desarrollo nacional dependía de la diversificación de sus exportaciones. Pero que de igual manera obvió que esa apuesta, que para otros países fue obligada y sin alternativa, para nosotros tendría ese cariz sólo mientras la renta petrolera fuera baja. Pasado el trauma de los precios, esa rara posibilidad de consumir sin producir nos regresaría al país de la ilusión de armonía y a desmerecer de los incentivos y esfuerzos productivos que hacen falta para lograr la meta diversificadora.
Amén de otras omisiones, como por ejemplo que cualquier cambio social requiere de consenso social y que esto es aún más necesario en contextos democráticos, ayer como hoy cualquier intento de relanzar al país pasa por reasignar el papel del petróleo en la economía nacional.
Destinos virtuosos del petróleo
El destino menos distorsionador que puede tener una renta internacional sin origen productivo interno es distribuirla igualando el acceso a todos los posibles productores del país.
La única forma de destinar la renta petrolera a todos disminuyendo la discrecional asignación del Estado, es que el ingreso petrolero se invierta en obras públicas. Algo así como que todo lo que ingrese por petróleo se destine a la construcción de infraestructura (vialidad, comunicación, energía, urbanismo en general) bajo un plan rector de incentivos en el que participen y den seguimiento todas las regiones del país, que dicho sea de paso luce más que necesario.
A este destino, que dado el nivel de deterioro y los rezagos de requerimiento de infraestructura que tenemos es posible que no alcance, debieran incluirse los relacionados con educación, salud y otras inversiones sociales de obligado financiamiento público.
Los destinos viciosos
En la Venezuela que conoció la aparición de la explotación petrolera y que decidió su inserción por medio del cobro de una renta a las compañías petroleras a favor del Estado, el destino de la infraestructura fue prioritario pero no exclusivo.
El deseo de hacer del país rural y de economía de subsistencia una nación moderna y de abundancia, hizo que una parte de la renta se privatizara subsidiando el consumo de bienes importados y financiando la acumulación originaria de capital; es decir, creando la burguesía nacional que se encargaría de ser la clase productora del país.
Como se entenderá, ese empresariado nacido de la privatización de la renta se creó bajo un manto de protecciones y beneficios similares al comúnmente practicado según la política de sustitución de importaciones que rigió en el continente, pero con la diferencia que cuando ésta ya «hacía agua» en el resto de los países de la región y el escenario se preparaba para el colapso populista (que a la postre obligó a emprender políticas productivas de diversificación), nosotros no seguimos ese camino, sino que emprendimos la práctica del capitalismo de Estado, la acumulación pública de la renta petrolera.
En los años 70 el proyecto político de la Gran Venezuela supuso que aquel desarrollo que no pudo llevar adelante el sector privado lo haría el público, al menos centrado en lo que fue el proyecto de las industrias básicas y el frenesí del Estado como empresario.
Por lo anterior, la actual administración no sería sino la política extrema de lo que conocimos como el estatismo económico y la acumulación pública de la renta de los 70, cuyo resultado final no fue sino el colapso de la economía del país y el inicio de un espectacular proceso de empobrecimiento que, paradójicamente, nos trago de vuelta a prácticas similares, pero bajo un manto ideológico que denominan socialismo.
Romper el círculo
Puede que existan dos formas de pasar de la asignación no productiva de la renta petrolera (viciosa) a la productiva (virtuosa).
Una es por medio de una concertación social que replantee la política petrolera y establezca límites a su distribución para impedir aquellos destinos que claramente desincentivan y distorsionan la diversificación económica. Esta vía, democrática y deseable, no ha sido posible en los últimos 30 años y en la actualidad las condiciones parecen poco menos que imposibles.
Cerrada provisionalmente esa primera vía queda una segunda. Traumática y obligada pero que lamentablemente ha sido la forma cómo reacciona la sociedad venezolana. Nos referimos al día que ya no podamos vivir del petróleo y su renta, sea porque se sustituye o porque finalmente no alcanza para una población altamente demandante pero que no produce lo que compra con la renta.
Esta segunda vía puede que se nos revele como la más probable al día de hoy. Pero ese escenario no es para que se cumpla, sino para cambiarlo.
Es por ello que, por el bien de todos, la creación de una nueva relación de Venezuela con su petróleo debería entrar de urgencia en la agenda nacional. Luis Pedro EspaÑa N.
