La gestión cultural pública agoniza por inanición

Sin embargo y a pesar de todos los problemas, en el año 2001 se realizó una
intensa labor en el relanzamiento del sector cultural por el establecimiento
de políticas culturales y reglas claras, que orientaron las prioridades de
la gestión cultural del Estado en el país. Se puede nombrar, por ejemplo: la
culminación del proyecto definitivo de Ley Orgánica de la Cultura, el cual
incluye el estímulo e incentivo a la empresa privada para el financiamiento
de la cultura a través del llamado mecenazgo. Esto se logró mediante la
discusión y participación del sector en 24 estados. El instrumento legal se
presentó en la Asamblea Nacional en octubre del año 2001.

También se dio inició y se consolidó el proceso de reorganización de la
institucionalidad cultural.

Se impulsó el Relanzamiento y Fortalecimiento del Sector Artesanal,
destinando una inversión de 3,4 millardos, dirigidos a programas de
producción, formación y capacitación, promoción y comercialización y
programa editorial. Se atendió a 95 organizaciones y 406 personas naturales
(artesanos, microempresarios y Centros de Formación) en 22 entidades
federales del país.

Se incorporó la acción cultural y prácticas artísticas al Sistema Educativo
Formal por medio de talleres de formación, dotación de videograbadoras,
materiales de apoyo, televisores, instalación de videotecas o cine aulas y
conformación de redes sociales en 320 escuelas bolivarianas, atendiendo a
120. 000 niños y niñas y 600 docentes en todo el territorio nacional,
generando 1.300 fuentes de trabajo directo.

Se fortaleció la Acción Cultural Comunitaria a través de la creación de 11
Emisoras Culturales Comunitarias y de fronteras, dotándolas de equipos y
capacitando a las comunidades para que estas las manejen directamente. Así
mismo se dio inicio a la construcción de 10 Espacios Culturales
Comunitarios, y se han recuperado 10 infraestructuras para las artes
escénicas, ubicadas en zonas de escasos recursos y estados deprimidos. Se
brindó apoyo a manifestaciones socioculturales tradicionales en 9 estados y
70 municipios generando un impacto de 16.500 beneficiarios.

Se dio un impulso al sector audiovisual, a partir de la discusión
participativa de todos los gremios en la reforma del Reglamento de la Ley de
Cine, así como el inicio de la reforma de la Ley de Cine. También se
invirtió 1 millardo de bolívares para cofinanciar la realización de 3
largometrajes, 3 cortometrajes y la culminación de 18 proyectos ya
iniciados. Se realizó la serie Venezuela Temática, integrada por 20 micros
sobre diversos aspectos culturales. En el área de formación se inició la
modernización y actualización de la Escuela Nacional de Medios Audiovisuales
de la Universidad de Los Andes, y se dio apoyo a jóvenes venezolanos para
realizar estudios de cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio
de los Baños en Cuba. En materia de conservación se invirtió la suma de 100
millones de bolívares para la construcción de las primeras cavas de
preservación de la memoria fílmica nacional.

Se avanzó en la reorganización del Sector Letras, Libros y Lectura, a través
del fortalecimiento de la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional del Libro,
la Fundación Biblioteca Ayacucho, Monte Avila Editores y la Fundación
Kuaimare. Está en proceso de diseño el Plan Nacional de Lectura.

Actualmente el sector cultural, inicia el año 2002 con compromisos
adquiridos: salariales y operativos y con un nuevo proceso de
financiamiento ya bastante avanzado que, como siempre, genera grandes
expectativas en la población, pero que no podrán ser respondidas de manera
oportuna, debido a las circunstancias actuales.

Las 29 instituciones tanto tuteladas como adscritas al Viceministerio de
Cultura-Conac presentan pasivos con sus trabajadores, productos de los
retardos mencionados que están afectando directamente sus salarios. Algunos
de ellos hasta con tres quincenas sin cobrar. En el rubro de compromisos con
proveedores y de servicios básicos, el monto adeudado es del orden de los 3
millardos de bolívares, sin contar con un grave déficit planteado en la
solicitud de crédito adicional que no se le otorgó al sector.

Se mantiene una deuda con 1.300 instituciones subsidiadas a escala nacional,
del orden de los 7 millardos de bolívares. Dichas instituciones ya firmaron
convenios, recibieron parte de los recursos e hicieron la correspondiente
rendición ante la Contraloría interna de nuestro organismo.

El Conac adeuda recursos a 12 organizaciones con las cuales se firmaron
convenios de cogestión para programas de interés social y cultural, en el
marco del programa de descentralización. Para el manejo de dichos fondos se
abrió un fideicomiso conjunto para el cual se estipuló la contribución
conjunta de recursos por un monto que asciende a 1.600 millones de
bolívares, el cual no se ha podido honrar.

La Dirección de Edificaciones Culturales realizó contratos de obras para la
construcción de nuevos centros culturales comunitarios; proyectos bandera de
la actual Gestión y que se encuentran en ejecución, por un costo del orden
de 1 millardos de bolívares.

Y por último, el Conac presenta, por primera vez en muchos años, pasivos con
proveedores y servicios básicos como alquileres, mantenimiento y vigilancia
que no se han podido cancelar.

Las autoridades responsables de la institucionalidad cultural pública han
agotado ante todas las instancias competentes las acciones pertinentes para
intentar solventar la situación. Amén de reuniones con los ministros de
Finanzas y Educación, Cultura y Deportes, para ponerlos al tanto de la
realidad financiera.

La segunda vertiente de la coyuntura crítica es de carácter
político-institucional; pues en la práctica, la figura del Viceministerio de
Cultura, lejos de significar un refuerzo político se ha convertido en un
obstáculo, canalizando los procesos técnico-administrativo hacia el aparato
burocrático del Ministerio de Educación, debilitando la presencia
institucional del sector en el alto gobierno, su jerarquía política y su
indispensable autonomía en los tiempos actuales.

Para la actual Gestión Cultural Pública, es imposible una acción cultural
expansiva, participativa, no excluyente, en equidad y justicia que alcance a
todo el territorio nacional, si no se corrige esta situación
político-institucional y presupuestaria.

Por esto se considera que este componente social como responsabilidad del
Estado representa el patrimonio simbólico, material y espiritual del país, para lo cual se requiere y se aspira apoyo político y financiero acorde con
la magnitud y trascedencia de la tarea colectiva a cumplir.