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Ajuste de la Gasolina en Venezuela

La protección del bienestar social como objetivo de política pública poco depende de una semántica enunciativa de buenas intenciones; se requiere de una institucionalidad pública con la responsabilidad de valorar los impactos netos de cada una de las alternativas de política. Metodologías como el Análisis Coste-Beneficio permiten valorar las distintas alternativas de diseño de políticas públicas; garantizando instrumentar aquella que garantice el mayor beneficio social neto.

El anuncio de un eventual ajuste del precio de la gasolina debería encontrarse precedido por una definición clara del objetivo social que tal medida perseguiría. Por ejemplo, podríamos preguntarnos si tal política de ajuste debería estar enmarcada en una política pública más amplia energética sobre su uso eficiente y el diseño del modelo energético del país, que entre otras implique analizar la matriz primaría energética del país. De hecho, la evaluación de un eventual ajuste de la gasolina podría implicar simultáneamente analizar cuál ha sido la efectividad y el éxito del actual diseño de la “política de ahorro de combustible líquido” que impone corresponsabilidad a las ensambladoras y a los particulares de convertir parte de su oferta y de sus vehículos a un sistema dual de gasolina y Gas Natural de Vehículos (GNV).

Para diciembre de 2013 el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, anunció que la producción de gasolina en el país costaba entonces 2,7 bolívares por litro, más 0,3 bolívares por el costo de distribución y comercialización. Si actualizamos tal referencia según la inflación acumulada a mayo de 2014 de 20,66%, llevaría este nivel de costo referencial a 3,62 bolívares por litro. Sin embargo, el precio del litro de la gasolina de 95 octanos se ubica en 0,097 bolívares por litro. Adicionalmente, el ministro Ramírez ha señalado que el subsidio del combustible le genera al Estado venezolano pérdidas de, al menos, 12.500 millones de dólares al año.

El presidente Maduro informó que con el dinero «que venga de los ingresos por este concepto del nuevo sistema de precios de combustibles internos va a ir a un fondo social central de inversión en el país y sus necesidades que pueda distribuirse en 20% para incrementar las inversiones de la Misión Vivienda, otro 20% para incrementar la cantidad de becas universitarias, 20% para la misión en Amor Mayor, 20% para el Plan Patria Segura y 20% para vialidad y servicios públicos«.

Sin embargo, desde el Ejecutivo Nacional no ha sido informado, ni definido de forma clara, si quiera el objetivo de tal medida pública de ajuste de la gasolina. ¿Implicará ajustes de todo el combustible líquido o solo de la gasolina?

Eventuales Justificativos Normativos del Ajuste:

Aun así, iniciaremos el presente artículo identificando algunas de las razones normativas que justificarían la evaluación de un eventual ajuste del precio de la gasolina en Venezuela. La primera razón, la que resulta más evidente, es corregir la destrucción de eficiencia económica y de bienestar social que significa que un bien sea cobrado a un precio inferior al costo de producirlo o generarlo. Esta situación constituye por excelencia una falla de Gobierno, producto del control y congelamiento del precio de la gasolina; que implica destrucción de valor social.

Una segunda razón, sería evaluar el costo de oportunidad del subsidio a la gasolina, toda vez que el Estado subsidia parte del costo, ofreciendo la gasolina a precios que ni siquiera cubren los costos de producción y comercialización. Esta valoración parte de una premisa que los promotores de la reducción del subsidio suelen enarbolar, como sería reducir o eliminar un subsidio que sería regresivo toda vez que sus beneficiarios suelen ser personas que patrimonialmente pueden adquirir y mantener un vehículo como medio de transporte particular. Sin embargo, no solo los efectos redistributivos deben ser ponderados, sino especialmente los efectos sobre la eficiencia económica, identificando cuál es el destino o grupo poblacional sobre el cual las transferencias de recursos públicos, genera mayor incidencia sobre la creación de riqueza futura.

Una tercera razón, respondería a tutelar los intereses y los beneficios de los propietarios de los hidrocarburos en el país, como serían todos los venezolanos. En este sentido, los valores alternativos de un nuevo precio que resguarde los intereses de los propietarios de los hidrocarburos de mercado puede partir del precio de mercado hasta un precio de monopolio que descreme mercado a favor de los propietarios del combustible y en detrimento de los demandantes de combustible como subgrupo de los anteriores. El precio de mercado para la teoría económica y particularmente para la metodología de Análisis Coste-Beneficio posee un significado muy importante. En el caso de la teoría económica, el precio de mercado constituye el precio que garantiza el máximo bienestar social, por medio del mayor resultado producto de la sumatoria entre el excedente del consumidor y el beneficio de las empresas –en un mercado sin fallas, no existe precio distinto al de mercado que mejore el resultado de bienestar social que consigue el precio del mercado-. El precio de mercado, para el Análisis Coste-Beneficio implica tasar los bienes y activos a niveles del valor socialmente deseable o socialmente determinado en el mercado –especialmente, ante la ausencia de la existencia de externalidades significativas-. El precio determinado en el mercado constituye el valor que la sociedad asigna y determina en el mercado para el producto en cuestión. Sin embargo, en el caso del precio de la gasolina donde los propietarios de los hidrocarburos serían todos los venezolanos y los demandantes un subgrupo menor al total de la población habría que valorar los efectos redistributivos por un lado, y sobre la eficiencia económica por el otro lado. Cabría valorar precios de descreme de mercado, que aun cuando generen ineficiencia asignativa, sea compensada más que proporcional producto de la redistribución de las rentas. Aquellos efectos que resultan simplemente redistributivos no tendrían, en un principio, efectos de generación de mayor bienestar social. Por su parte, los efectos sobre la eficiencia económica y ante el costo de oportunidad del subsidio deben ser valorados. He aquí el reto más importante en la valoración de la política de reducción o eliminación del subsidio a la gasolina, el cual exige valorar las distintas alternativas en el uso de los subsidios que ya no se orientan al precio de la gasolina.

La cuarta razón, podría responder a corregir las distorsiones en el margen, producto del efecto sustitución que genera el control y el congelamiento de los precios de la gasolina. El control y el congelamiento del precio de gasolina, especialmente a lo largo de un periodo tan largo, desde 1997; ha creado enormes distorsiones respecto a los precios relativos. El congelamiento del precio, implica que las decisiones en el margen por parte de los consumidores, aunado a precios inferiores al costo; determinan un sobre consumo del combustible, incluso a niveles socialmente indeseables, destruyendo valor por no cubrirse los costos. Por ejemplo, teóricamente, un subsidio directo a los consumidores y no vía reducción del precio de la gasolina, podría lograr el mismo nivel de utilidad de los consumidores, comprometiendo un menor nivel de subsidio y de sobreconsumo del combustible –sin embargo, su instrumentación en términos prácticos luce poco probable-. La distorsión que implicaría un sobreconsumo de combustible líquido podría resultar superior si ponderamos que tanto la extracción como el consumo de combustible fósiles genera una externalidad negativa contra el ambiente, no ponderado en los costos, ni en el precio del combustible.

Una quinta razón, podría obedecer a objetivos fiscalistas y/o como política-clientelar por medio de la redistribución de recursos de unos grupos hacia ciertos grupos de interés político.

Por lo general, los objetivos de un proyecto social y/o de una política pública suele encontrarse previa y claramente definido antes de evaluar cuáles son las alternativas más eficientes para alcanzar dicho objetivo. Tal como el presidente de la República planteó la consulta pública el jueves 31 de julio de 2014, las misma no solo adolece de no establecerse cuál es el objetivo de la política de ajuste del precio de la gasolina, sino que plantea una única alternativa cerrada, no solo respecto al subsidio, sino al destino de los ingresos extraordinarios; permitiendo concluir que el objetivo subyacente, el cual de espalda a los normativos expuestos anteriormente, resulta político- clientelar.

Análisis de Alternativas de Política Pública:

Una vez que de la propuesta realizada por el presidente de la República no puede desprenderse el objetivo concreto subyacente en el anuncio de ajuste del precio de la gasolina; especularemos un poco sobre las alternativas dependiendo del tipo de objetivo que podría pretender justificar tal política pública.

Primero, las razones normativas, así como la fiscalista, comentadas anteriormente, podrían descartarse como el objetivo de la política, toda vez que se ha anunciado un destino particular de los ingresos que se generen producto del ajuste de precios, hacia grupos de interés particulares y no para cubrir el desfase entre los costos del combustible y su precio actual de comercialización.

Sin embargo, vale destacar que si se asomara una razón fiscalista, el país debería iniciar un trabajo de evaluación de la eficiencia, calidad y efectividad de la política fiscal y del gasto púbico, lo que implica valorar la calidad del gasto y no solo las fuentes de ingresos o de expansión de la base imponible.

Por el contrario, si la intención es redistributiva, lo que significa que los ingresos producto del ajuste no serán utilizados para cubrir los costos, sino para ser transferidos a grupos particulares, como lo asomara el presidente de la República; cabe preguntarse si existen alternativas de redistribución de rentas, recursos y subsidios distintos al ajuste del precio de la gasolina a favor de tales grupos de interés. Respecto a esto destaca la denuncia que han realizado varios economistas y académicos venezolanos, que han exigido que antes de plantear el ajuste de la gasolina, se valore reducir los subsidios, facilidades comerciales en materia de exportación de hidrocarburos hacia países amigos, afines o socios. El señalamiento anterior resulta relevante porque toda facilidad, subsidio y/o transferencia de valor hacia extranjeros, representa un elevado costo de oportunidad, manifiesto en la posibilidad de destinar estas rentas o valores a favor de los nacionales; incluso de los grupos particulares mencionados por el presidente de la República. Así las cosas, el país debe valorar como alternativa al ajuste de precios del combustible en contra de los consumidores nacionales; reducir los eventuales subsidios y los envíos de combustibles e hidrocarburos a favor de consumidores extranjeros, ubicados fuera del país.

En otro orden de ideas, un Análisis Coste-Beneficio que parte del objetivo de utilizar los ingresos adicionales, no en cubrir los costos, sino en usos públicos alternativos; debe preguntarse y valorar si existen usos más eficientes y socialmente preferibles a la distribución anunciada por el presidente de la República de 20% para incrementar las inversiones de la Misión Vivienda, otro 20% para incrementar la cantidad de becas universitarias, 20% para la misión en Amor Mayor, 20% para el Plan Patria Segura y 20% para vialidad y servicios públicos. Tal análisis debería responder a la pregunta de si los objetivos en materia de viviendas en el país requieren como elemento crucial un mayor nivel de financiamiento, o si por el contrario debería analizarse la disponibilidad y acceso a materiales productivos y de la construcción, sobre los cuales existen enormes distorsiones y niveles de desabastecimiento, casualmente en manos del Estado venezolano. Parte del análisis sobre las políticas públicas en materia de vivienda, deben partir de la revisión del modelo público y no exclusivamente respecto a los recursos financieros disponibles –especialmente recursos públicos-. Lo anterior significa evaluar el papel protagónico que debería ejercer el sector privado para producir viviendas, bien para el mercado privado como para el mercado público –a manera de un mecanismo para evitar corrupción, como competencia por el mercado del financiamiento público, y para evitar fallas de Gobierno-.

Adicionalmente, un elemento crucial en el análisis del ajuste del precio de la gasolina, con objetivos distintos a cubrir los costos; resulta valorar la eficiencia, creadora de riqueza, a partir de la redistribución de los ingresos adicionales. Por ejemplo, un país que debería aprovechar el Bono poblacional, tendría que analizar y comparar el impacto futuro, a favor de crear mayor riqueza; a partir de destinar recursos a un grupo poblacional etario no productivo, en comparación en destinar estos recursos para crear condiciones de inserción laboral productivo, que permitirá crear las condiciones materiales y de riqueza para el consumo futuro e incluso con efectos redistributivos a futuro.

Un análisis previo a la toma de la decisión del ajuste del precio de la gasolina debería valorar el impacto negativo, respecto al acceso al combustible y en consecuencia a la movilidad para quienes hasta la fecha, tal subsidio significa acceso a un medio de transporte, sea particular o público. Así las cosas, la toma de decisiones en esta materia y el potencial impacto negativo en contra de la movilidad de quienes hasta la fecha habían tenido, por medio del subsidio al combustible, una alternativa de transporte; debería contar con políticas públicas complementarias de sistemas de transporte alternativos, bien multimodales interconectados, o terrestres urbanos e interurbanos. Esta última arista de un análisis sobre el impacto del ajuste del combustible, constituye uno de los objetivos fundamentales que un Gobierno que tutele el bienestar social debería agotar.

Tal como se anunció el ajuste, hace ver el endeble piso político del Gobierno para llevar a cabo esta política; aun cuando resulta comentario común que el precio de la gasolina constituye un absurdo en Venezuela.

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Un comentario

  1. Entre el esperado nuevo precio de la gasolina y el uso que se haga de tales recursos, resulta evidente que al menos sobre el papel, lo propuesto por el presidente Maduro con ese presunto reparto del 20% parece mas destinado a fines electorales que a cumplir una función productiva o de inversión ; aparte de mantenerse un control del Estado sobre los mismos, excluye al sector privado de cualquier injerencia en el uso y distribución del mismo. Esto sin considerar que los presuntos beneficiarios de tal reparto, de seguro, no serán en su totalidad los beneficiarios finales de ese proyectado uso . También, no acabará con el contrabando de extracción pues el nuevo precio del combustible nunca será al nivel de los precios internacionales, luego se hace todavía atractiva la práctica del » bachaqeo » y se resguarda la participación de las »mafias» controladas por el sector castrense involucrado en esa comercialización ilegal del producto. Y todo ello sin contar con el efecto perverso de la inflación mas la devaluación por un probable ajuste cambiario y la necesidad de mas y mas ingresos para mantener en funcionamiento la maquinaria de la corrupción. Pero, aparte de otras consideraciones que han sido bien planteadas por el autor, lo cierto es que la medida era necesaria e impostergable, lástima que los que implementarán la medida no sean los mas idóneos para administrar tales recursos. Al final, todo estos sacrificios no redundarán en beneficio del pueblo sino que terminarán en un »despelote» y en la perdida de una gran oportunidad de poner orden en unas finanzas públicas donde el Estado paralelo termina devorándolo todo en su sed insaciable de mas y mas dinero. Esta es la única verdad a la que nos enfrentaremos.

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