Ajuste de tarifas eléctricas: medida chucuta
La discusión y el diseño del modelo de sistema eléctrico nacional y no un simple ajuste tarifario; sería lo que permitiría allanar el terreno para sincerar las tarifas al verdadero valor social y sostenible del servicio. De hecho, la matriz primaria energética impacta en la estructura de costo promedio de generación eléctrica nacional. Independientemente que el sector haya sido restringido al Estado, alguien tiene que pagar los costos, bien por tarifas, vía impuestos o parafiscalmente –con el alto costo de oportunidad público de los recursos públicos, a diferencia de un sector en manos de privados en su oferta y demanda-. En este sentido, el país debe iniciar una discusión sobre el modelo del sistema eléctrico nacional, contestando preguntas sobre la ventaja de que los operadores sean privados para evitar fallas de Gobierno e ineficiencias propias de los proveedores públicos de servicios de red. Adicionalmente, podrían evaluarse modelos de procurement o regulación de los renglones de la cadena de valor que continúan caracterizándose como monopolios natural (Grid de transportes y distribución). Alternativamente, podría pensarse en un modelo desintegrado o integrado, en cuyo último caso los precios de acceso al grid constituirían uno de los objetivos fundamentales de las acciones públicas y regulatorias. Lo anterior, permitiría discutir una liberalización de los renglones potencialmente competitivos de la cadena de valor como la generación y la comercialización. Así las cosas, podría perfeccionarse un mercado spot eléctrico. Sin embargo, dado que estaríamos pasando de un modelo estatal ineficiente a uno privado, podría requerirse disposiciones para proteger, particularmente, a ciertos grupos de consumidores vulnerables. Lo anterior, podría exigir para este segmento particular del mercado, diseñar modelos regulatorios de tarifas que bien podrían estar basados en incentivos –tipo price-caps– o alternativamente basados en costos. En el segundo caso, de una regulación de tarifas basada en costos, resultará preferible utilizar como benchmark los costos incrementales de largo plazo y no los costos evitables, porque los primeros permitirían la entrada de nuevos operadores-generadores, mientras que el segundo perfeccionaría una barrera de entrada a favor de los incumbents o del generador ya instalado.
Lamentablemente, el Gobierno nacional solo asoma un ajuste tarifario, con criterios que adolecen de numerosas deficiencias e ineficiencias, como asomaremos a continuación.
Un criterio de cuotas y de penalidades pigouvianas por intensidad de consumo sobre las tarifas eléctricas, típico de políticas de choque tarifario contra la demanda, fue anunciado por el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón al informar que: “Se definirá por regiones unos topes de uso racional y eficiente. Hasta el tope establecido se mantendrá un alto subsidio y por encima de este tope se reducirá ese subsidio” (fuente: Analítica.com). Este criterio de cuotas resulta ineficiente y pedestre. El Gobierno, especialmente en materia energética, ha diseñado medidas cortoplacistas, que parten de la premisa de escasez, en este caso en la generación y capacidad de transmisión. Lo anterior constituye evidencia de que lo que debe discutirse es el modelo energético nacional y no simplemente las tarifas.
Según el responsable del sector eléctrico nacional, el modelo tarifario que será anunciado en el mes de junio de 2014, tomará en consideración las diferencias de los niveles de temperatura existentes en las regiones del país. El ministro Chacón habría señalado: ”La línea de uso racional de la región andina será más baja que la de la región zuliana por la incidencia de la temperatura. Estamos estudiando los históricos de consumo y temperatura por regiones”.
La definición de las tarifas por características regionales de la demanda, como asoma el ministro Chacón viola los principios en la determinación de precios establecidos en la Ley Orgánica de Precios Justos. Por ejemplo, aplicar diferenciación tarifaria dependiendo de las temperaturas promedio por regiones, constituye una discriminación de precios o tarifaria determinada por las características de la demanda o por el origen del consumidor. Tal criterio no es robusto ni ético. El principio de corresponsabilidad tarifaria, debido a la intensidad de consumo, puede alcanzarse por medio de criterios y métodos de tarificación más transparentes, coherentes y menos discriminatorios; por ejemplo por medio de una discriminación de precios de segundo grado. De hecho, las tarifas en dos partes permitirían tratar a consumidores de intensidad de consumo similares, haciéndolos corresponsables con los costos de la generación y distribución de la electricidad, independientemente de las características regionales y sus niveles de temperatura. Así las cosas, las tarifas en dos partes evitarían discriminación de tarifas hacia consumidores con idéntica intensidad de consumo de electricidad, permitiendo incluir la corresponsabilidad de los costos del sistema eléctrico por intensidad de consumo. Tarifas diferenciadas por características de la región de localización del consumidor e incrementos de las tarifas por la intensidad de consumo, constituiría una doble sanción vía tarifaria.
Adicionalmente, el funcionario público señalaría que la tarifa promedio del servicio eléctrico nacional es la más barata del mundo, con un costo de 3,01 centavo de dólar por kilovatio/hora, un tercio del promedio mundial. Alegar criterios y valores internacionales de forma aislada constituye un maniqueísmo político. De hecho, el modelo de sistema eléctrico actual puede tener enorme poder explicativo en los patrones de consumo y por tanto la necesidad de evaluar la necesidad de apuntar a regímenes legales y modelos del sistema que permitan sincerar el valor del servicio a los niveles socialmente deseables –por lo general cercano a valores de mercado más incentivos de remuneración de la capacidad instalada para atender picos de demanda o la demanda incremental-.
El también presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicó que para promover el uso racional de la energía se profundizará la campaña de concienciación “soy consciente, consumo eficiente”, así como la formación de las comunidades y la supervisión de los grandes usuarios.
Si bien las campañas de concienciación son importantes y complementarias; un diseño eficiente del modelo de sector y de los esquemas tarifarios es lo que permitirá que existan tarifas que reflejen las necesidades de incentivo a la oferta, a las inversiones y al consumo.
Sería beneficioso que la discusión sobre el ajuste del régimen tarifario eléctrico sea transparente y abierta. Recordemos que este tipo de servicios púbicos de red tienen impacto sobre toda la sociedad por lo que muchos podrían ser los interesados en participar en la discusión y aportar visiones sobre el tema. Entre otros, la academia y las organizaciones de representación de los usuarios y consumidores deberían ser uno de los participantes en la discusión y el diseño del modelo de sistema eléctrico nacional (¿no estamos en democracia?).
