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Dotación de minas

La frase del usurpador es reveladora de cuanto encierra su mente. “Dotará de una mina de oro en plena producción a los gobernadores de cada estado”, salvo a aquellos electos que no son de su agrado y a quienes les ha designado “un protector”, no de los gobernadores mismos sino de los estados.

Es posible que en el “cerebro” del usurpador repose la idea de que una mina de oro puede producir por sí misma; y que por lo tanto la asignación que él le hace a ¿sus favoritos? no es en desmedro de quien la estaba haciendo producir, lo que implicaría una expropiación.

Es posible también que en la “cabeza” del usurpador yazca la fantasía de que cuando la constitución dice que “los yacimientos mineros y de hidrocarburos… pertenecen a la República”, quiere decir que le pertenecen a él aunque “sean bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. Quizá aprendió de quien alguna vez fue ministro y es hasta posible que lo siga siendo, “que lo público es de todos”; y como él forma parte del todo, esos yacimientos mineros que son del dominio público también son suyos; y si son suyos puede disponer de ellos y dárselo a los gobernadores y a los protectores.

“Eppur si muove”. ¿Es posible que en la cabeza y en el cerebro del usurpador repose alguna otra idea? Creo que no, pues ya debe haber algún tormento por el choque de la una con la otra. O quizá sí.

De mi parte me atrevo a aventurar que la poca producción de bienes y servicios por parte de los particulares que generen ingresos por la vía de los impuestos, tasas y contribuciones está resultando insuficiente para cubrir tanto gasto; y también que si los militares a través de Camimpeg acceden a las minas de oro, los gobernadores y protectores le hayan dicho al usurpador que ellos también tienen derecho.

La cuestión es que el usurpador para nada ha insinuado la creación de una compañía paralela a Camimpeg donde se agrupen los gobernadores y protectores. No quiero entrar a imaginarme cual será la dotación que inventará el usurpador cuando los alcaldes, incluido el de Libertador, le digan que ellos también tienen derecho.

Sin embargo, yo le concedo razón al usurpador porque nuestras constituciones siempre establecieron que las minas eran propiedad de los estados y solamente la administración correspondía al gobierno central. La bolivariana del año 1999 se las dio a la República, es tiempo de que vuelvan a los estados. Mis dos preguntas al usurpador son ¿Qué corresponderá a quienes hagan que las minas produzcan?  ¿Lo que produzcan será para la gobernación o para los gobernadores?

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