El desahucio
Un rechazo de resonancia mundial rodea a la dictadura que una camarilla civil-militar le ha impuesto a Venezuela. Solo desafinan en ese concierto de repudio los países que están comprometidos por la subvenciones que reciben, los pocos que se sientes obligados a ofrecer solidaridad a un régimen que comparte con ellos un fracasado modelo político-económico común, y los que tienen intereses económicos y financieros por sus inversiones en nuestro país o que por razones geopolíticas o estratégicas les interesa tener influencia en áreas geográficas cercanas a Estados Unidos.
La tribuna de la Asamblea General anual de la ONU, cuyas deliberaciones comenzaron la pasada semana, vio desfilar los oradores que, en representación de sus pueblos, expresaron la preocupación y condena por las violaciones de los derechos humanos y el desconocimiento de las reglas de la democracia por parte de quienes detentan el poder en Venezuela. Ya antes, el pasado 30 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había presentado un Informe sobre nuestro país en el que denuncia y acusa la represión, las torturas y el asesinato de más de 130 personas en el ciclo de protestas populares que comprende el período del 1° de abril al 31 de julio del presente año. Allí se dice que “el uso generalizado y sistemático” de la fuerza contra los manifestantes prueba “que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, sino que responden a una planeada política de represión que busca acabar con la oposición política y extinguir la democracia. Como es sabido, a instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la OEA se está levantando un expediente que podría concluir con la decisión de elevarlo a la Corte Penal Internacional de La Haya, a los fines de que eventualmente sean sancionados quienes por su actuación durante la presente dictadura hayan cometido crímenes de lesa humanidad.
Al margen de las sesiones de la Asamblea General de la ONU, los cancilleres del Grupo de Lima se reunieron el 20 de septiembre en Nueva York y emitieron una segunda Declaración en la que “lamentan que en Venezuela se mantenga la ruptura del orden democrático, ya que su gobierno quebranta las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores democráticos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos y viola los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas”. Igualmente, ratifican el “no reconocimiento” de todos los actos emanados de la espuria Asamblea Nacional Constituyente y reiteran su pleno respaldo a la Asamblea Nacional que los venezolanos elegimos el 16 de julio.
La reseña anterior se complementa con las numerosas referencias a una gran corrupción y fundadas sospechas de complicidad con el narcotráfico en diversos niveles del poder civil, militar y judicial de la nación, lo que, al acompañarse con congelación de bienes y cuentas bancarias en el exterior y negativa de visa para acceder a países de América y Europa, generará temores para salir fuera de nuestras fronteras.
La dictadura vive su tiempo de desahucio.
