El nuevo informe de Almagro
El último informe de Luis Almagro, Secretario General de la OEA, fechado el 14 de este mes, retrata la tragedia que vive Venezuela. Allí se registra, documentadamente, la agravación de la crisis destructiva del país en el lapso transcurrido desde el 30 de mayo de 2016, cuando presentó su primer informe, a hoy. Al leer sus 75 páginas, es incomprensible que se sostenga un régimen que se resbala sobre la Constitución, convertida en “papel mojado”, sin desplomarse. Y se fortalece la convicción de que es imperativo rescatar la nación del secuestro al que la someten los ignaros que la gobiernan dictatorialmente.
Como señala Almagro, la iniciativa del referendo revocatorio presidencial fue “bloqueada deliberadamente por el Gobierno”. Se miente a conciencia cuando se dice que el Secretario General de la OEA tiene una “obsesión” contra el régimen mal llamado bolivariano. Después que el CNE, con complicidad judicial, cerró definitivamente el pasado 20 de octubre la activación de ese referendo, el Secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, dio a conocer el 1º de diciembre de 2016, en representación del papa Francisco, un documento histórico en el que pedía “el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro”. La prestigiosa organización internacional Freedom House también ha manifestado que el señor Maduro impidió aquel referendo a través de la cooptación del Poder Judicial “y en la práctica cortó en seco la única vía conducente a un cambio ordenado de líderes”. Sería ridículo culpar igualmente de prejuiciadas contra el régimen opiniones tan respetables.
Conforme a las consideraciones anteriores, se puede asegurar que Almagro no abriga ninguna malquerencia contra los que ahora mal gobiernan el país –llegó al cargo que ejerce con el voto venezolano de la diplomacia chavista- cuando propone, ante “una ruptura total del orden democrático”, que se celebren “elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de comicios electorales” y que si, como es de esperarse, se tapia esa vía, entonces “pasaría a ser el momento necesario para aplicar la suspensión a Venezuela de las actividades de la Organización en función del Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”.
Al torpe y cínico alegato del oficialismo de que eso comportaría una “injerencia externa” en los asuntos internos de Venezuela, se debe responder recordando que a) la Carta Democrática Interamericana (que estamos obligados a acatar, según el artículo 23 de nuestra Constitución vigente) se aprobó el 11 de septiembre del año 2001 con el voto unánime de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo el de Venezuela, bajo la presidencia de Chávez; b) su artículo 21 fue aplicado cuando se aprobó la suspensión de Honduras en el año 2009, tras el derrocamiento del presidente Zelaya, contándose también en esa ocasión con el voto favorable del entonces canciller Nicolás Maduro, cumpliendo órdenes del “comandante eterno” que ahora yace en el Cuartel de la Montaña.
Continuaremos comentando el Informe Almagro.
