Iglesia y gobierno: Un modus vivendi
“El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos”.
Con esta frase la Conferencia Episcopal de Venezuela, sorprende a muchos venezolanos que hasta hace poco veían en la iglesia un fuerte enemigo de las políticas antidemocráticas del gobierno de Nicolás Maduro
La falta de credibilidad que existe hacia las instituciones dirigidas por gente afecta al gobierno es una de las razones por lo cual un gran sector de la oposición venezolana y de aquellos que no simpatizan con ningún partido, hace casi imposible la motivación a participar en cualquier proceso electoral, la mal tratada imagen del CNE es un cáncer que día a día crece en los venezolanos.
El pasado viernes 12 de junio el TSJ nombra de manera rápida un nuevo CNE con el propósito de tratar de refrescar un poco la imagen turbia dejada por la entonces rectora Tibisay Lucena quien se mantuvo en el rectorado por 14 años, imponiendo en la presidencia a Indira Alfonzo.
A lo largo de la historia los vínculos entre la Iglesia Católica y el Estado no necesariamente han sido de linealidad y sintonía sino que estuvieron atravesados por momentos de tensión y/o acercamiento, es por ello que esta sorprendente postura de la iglesia invitando al pueblo a participar en un proceso electoral, que desde que fue anunciado ya tiene un sinfín de dudas sobre su objetividad e imparcialidad.
Para la Iglesia Católica el advenimiento de la democracia significa un nuevo horizonte de estabilidad institucional y política, así como de ruptura con relación con los períodos de violencia que enlutan al país.
En este contexto entra en juego una figura binaria en la que conviven dos iglesias: una cómplice, y otra perseguida y mártir.
El estrecho vínculo que existe en la mayoría de los miembros de la jerarquía católica con las Fuerzas Armadas, el apoyo público y la participación en tareas de la represión así como también la existencia de una Iglesia perseguida, son elementos que los venezolanos no han podido discernir en algunas circunstancias.
Por años el clero contestatario ha sido víctima de la represión estatal.
La reciprocidad política e ideológica entre la Iglesia Católica y la dictadura militar ha estado centrada en la necesidad de sanear al país de la propagación y existencia de ideologías subversivas y anticristianas consideradas enemigas de la familia y alentadoras de patologías e inmoralidades sexuales.
Por ello La Iglesia Católica siempre ha cumplido un papel fundamental durante el terrorismo de Estado. Valiéndose de su rol y de su autoridad moral, la jerarquía de la Iglesia legitimó su accionar con numerosas muestras de apoyo, que fueron desde la participación de sus referentes homilías y en actos y reuniones del gobierno hasta el llamado público de la Conferencia Episcopal para el resguardo de la moralidad pública.
Algo de historia
En Venezuela el choque de la Iglesia y el Estado pasó por su mayor turbulencia entre 1870 y 1888, con la llegada de Guzmán Blanco al poder, llegando a dictar una ley de “Extrañamiento del Territorio Nacional” para quienes violaran el Patronato Eclesiástico, la cual sirvió de arma para expulsar a los Obispos: Juan Hilario Bosset, obispo de Mérida, Silvestre Guevara y Lira, arzobispo de Caracas y Manuel Antonio Baralt, vicario apostólico en Caracas.
En el siglo XIX la intromisión del Gobierno en la Iglesia llegó al extremo de limitar a los Obispos en su gobierno pastoral. Promulgan leyes para someter al Clero, con 1º la injerencia en el nombramiento de párrocos, y 2º Supresión de conventos y expulsión de los sacerdotes extranjeros.
Pero en la actualidad durante el gobierno de Maduro las cosas no han cambiado mucho.
En enero del 2018 El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), máximo organismo de la Iglesia en América Latina se pronuncia ante el caso de los dos obispos señalados por Maduro como “diablos con sotana”
“Bienaventurados ustedes cuando los insulten y persigan por mi causa” (Mt 5,11), con esta frase bíblica el Episcopado latinoamericano, asume una posición oficial en defensa del pueblo de Venezuela.
En esta misma línea durante la conmemoración de la Divina Pastora en enero del 2018 obispos de la Conferencia Episcopal realizan una exhortación pastoral que entre algunos señalamientos resaltamos:
¨El gobierno, con la ¨Ley contra el Odio y la Intolerancia», nacida de la misma Asamblea (Nacional Constituyente), criminaliza toda manifestación en su contra y propicia la multiplicación y difusión de toda clase de rumores y especulaciones, cuyo efecto es consolidar un control absoluto de actividades y provocar el miedo y la autocensura¨
El Presidente ha tergiversado totalmente el mensaje dado por los obispos particularmente por Mons. Víctor Hugo Basabe, con el objetivo de hacer ver que los obispos incurren en delitos. La verdad de lo que sucede en el país, ha quedado evidenciado en las homilías pronunciadas ese día. El aval de esto lo han confirmado los miles de feligreses presentes en la misa en la Avenida Venezuela, que con sus gestos certificaban lo que escuchaban.
Y finalizan afirmando ¨Los Obispos de Venezuela permanecemos muy unidos y trabajando en favor del pueblo y con el pueblo¨
Contradicción.
La Conferencia Episcopal Venezolana consideró en enero del año pasado que el nuevo mandato de seis años que Maduro comenzó entonces no tenía legitimidad y «carece de sustento democrático», lo que empeoró aún más la relación entre el Gobierno y la Iglesia.
La mediación «no genera confianza» el cardenal Baltazar Porras considera que intentos como el del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ejercido como mediador ante Maduro, o los de algunos grupos minoritarios de la oposición «no generan confianza» y reconoce que la experiencia de diálogo entre Gobierno y oposición de los últimos 20 años «ha sido frustrante».
Y con respecto a la situación que viven los curas que ejercen en Venezuela, reconoce que reciben presiones y amenazas «aunque no se ha ido más allá», pero denuncia que en lo que va de año hay una «arremetida» en querer señalar los «pecados» de la Iglesia como la pedofilia y «se quiere hacer aparecer a la jerarquía como unos encubridores o cómplices».
Fueron declaraciones del cardenal venezolano Baltazar Porras desde Madrid en febrero de este año
La lógica de la dualidad
Lejos de menoscabar la figura del obispo, da cuenta de hasta qué punto existe un modus vivendi entre poder católico y poder militar en el que este tipo de negociaciones son necesarias para la estabilidad de la iglesia. Es por ello que la Conferencia Episcopal Venezolana emite un comunicado para rechazar el llamado de dirigentes políticos a no participar en las elecciones convocadas por el régimen.
La institución pidió también a los actores políticos de la oposición realizar propuestas y buscar una salida a la crisis que enfrenta el país. Comparó el llamado a no participar en los comicios con lo ocurrido en las elecciones parlamentarias de 2005. “El momento actual exige la participación plena y libre de todos los partidos y movimientos políticos, junto con el compromiso ineludible de las autoridades y los dirigentes de los mismos, de dejar a un lado sus propios intereses para promover el bien común y el servicio a todo el pueblo venezolano. Nos mueve la fe en Dios, en los valores trascendentes y el amor al pueblo, los únicos que conducen a la paz y a la convivencia fraterna de todos”.
Pero para la gran mayoría de los que vivimos en este país la improvisada y sorpresiva designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos. Y también el cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral participar en cualquier proceso electoral coordinado bajo este CNE.
Dentro de todo este panorama surgen interrogantes como ¿Se puede tomar distancia de aquella imagen de complicidad? De ser posible, al hacerlo, ¿qué se gana y qué se pierde?
¿La denuncia del papel desempeñado por otras dirigencias civiles, como sacerdotes y obispos, tenía un doble valor: de verdad y de reclamo ético para las víctimas y denuncia dentro del propio catolicismo o hace visible la ‘traición’ de esas autoridades hacia sus propios cuadros y fieles?
