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Los crímenes de la narcotiranía venezolana

Edgar Otaiza Vásquez

 Es el estado o gobierno el que es visto
como el perpetrador del crimen y no únicamente
como la autoridad que define y castiga al crimen.

 

En la novela de no-ficción En el reino del espanto  (Álvaro Vargas Llosa, Grijalbo 2000) se encuentran similitudes entre el Perú de Fujimori y la barbarie gubernamental y el tejido militar existente en la Venezuela actual para perseguir a opositores a la tiranía. Allí aparecen el periodista y su informante, torturas y presión psicológica, secuestro y desapariciones de estudiantes, “el vínculo del servicio de inteligencia y Montesinos con el narcotráfico” (pg. 231-237, 402), la “trama económica de la que forman parte militares, civiles y senderistas” (pg. 403), la corrupción al pedir a un narcotraficante dinero para la campana pre-electoral de 1995, el goce de la impunidad de los criminales creyéndose intocables, pero también el indoblegable deseo de la libertad y la dignidad de los peruanos del común.

Hasta allí las semejanzas. Porque la realidad venezolana supera a la más fantasiosa imaginación, producto de una gradual estrategia gubernamental perversa, que tiene como objetivo fundamental el establecimiento de una dictadura comunista anclada en un vulgar populismo cívico-militar y afianzada sobre la forzada pauperización del pueblo, pero, particularmente, empleando una ideología reprobada por la historia.

Crimen, crimen político y crimen del  estado.

Parece ser, que en la criminología contemporánea el término crimen no tiene una definición aceptada simple y universal. Sin embargo, en el lenguaje corriente se acepta, que crimen es una acción ilícita castigable por el estado u otra autoridad competente. Pero para que esa acción sea válida tiene que ser declarada como tal por la correspondiente ley y haber afectado a un individuo, una comunidad, una sociedad o al estado mismo.

El crimen político es una transgresión que comprende actos abiertos y omisiones,  perjudicial a los intereses del estado, de su gobierno o del sistema político. El estado, entonces, define como crimen político cualquier comportamiento percibido por él como una amenaza, real o imaginaria, para su sobrevivencia, incluyendo supuestos crímenes de la oposición política, violentos o no.

La mayoría de los defensores de esta concepción considera, que la criminalización del comportamiento del ciudadano motivado políticamente es una respuesta adecuada y válida, cuando el transgresor actúa bajo extremas creencias políticas, ideológicas o religiosas, entre varias, al atacar al estado. Ello conduce a la restricción de los derechos humanos y civiles y de ciertas libertades, criminalizando conductas, que per se no son criminales, para satisfacción,  conveniencia y abuso del grupo político en el poder.

El crimen político debe ser diferenciado del crimen del estado, en el cual el estado o el gobierno, con la complicidad de sus agencias y funcionarios (organismos de seguridad, fuerza armada, sistema de justicia), es el perpetrador que viola sus propias leyes criminales o la ley internacional pública (Green y Ward, 2004). Este proceder está íntimamente ligado a la corrupción política y al abuso de poder, lo que afecta negativamente a las personas que se supone debe proteger ese estado.

En otras palabras, el crimen del estado es crimen organizado y ejecutado por el estado (Chambliss, 1989), cuya cara perversa es el abuso de su atribución para definir y calificar lo que es criminal. El estado gerencia el proceso de justicia criminal y castiga al transgresor, con todos los agregados políticos que se quiera incorporar, lo que a menudo es empleado para controlar, neutralizar y perseguir a sus enemigos/opositores. En última instancia, ello no constituye solamente una violación de los derechos humanos, sino que contribuye a socavar al propio sistema judicial.

¿Cuáles crímenes del estado?

La diferenciación anterior es absolutamente necesaria en el caso venezolano, en el cual la dramática y explosiva crisis multifactorial actual está conduciendo a la nación al caos y la desintegración general, generada, organizada y ejecutada sistemáticamente por el régimen, con participación de la senil y parasitaria dictadura cubana y el narcotráfico regional.

No es nuestra intención confeccionar un catálogo deprimente de tales crímenes con ejemplos particulares de cada uno, sino presentar una aproximación esquemática global de la situación. Sin embargo, los especialistas están de acuerdo en que, sin ser exhaustivos, los más comunes son: crímenes de guerra, genocidio, tortura, asesinato, prisión sin juicio, desaparición forzada de disidentes, corrupción, censura, violaciones a la salud y a las leyes de seguridad, racismo  institucional, antisemitismo hostil, limitaciones o extinción de la libertad incluyendo la de expresión. Los dos primeros son los más notorios y extremos, lo que no debería inducir a considerar a los restantes como tipos menos significativos del proceder corrompido de un estado.

El caso venezolano ejemplifica cuán eficaz ha sido su desgobierno de las dos últimas décadas en matar, explotar, reprimir, encarcelar o incapacitar de por vida a su población.

Es el crimen del estado en el sector salud el que abordaremos en este texto.

Crímenes contra la salud.

Aun cuando todos los crímenes citados anteriormente son igualmente condenables y varían en intensidad, complejidad, alcance y perversidad, este columnista desea destacar particularmente los relacionados con la salud en el caso venezolano. Y ubicarlo con prioridad a los que atentan contra el principio básico-fisiológico y urgente de la alimentación y a pesar de que ambos están íntimamente ligados.

En Venezuela, la profusión de incidentes relacionados con la salud de sus habitantes en los últimos cinco años es muy elevada. Crean inseguridad y sus consecuencias van más allá de su impacto inmediato. La carencia de seguridad sanitaria crea zonas de desiertos médicos que privan de esos servicios a comunidades enteras. Esta violencia estatal, transformada en crimen del estado, cuyas consecuencias son difusas, silenciosas e insidiosas, ha tomado proporciones de tragedia. No se puede pasar por alto la manifiesta desidia e incompetencia gubernamental en su origen y desarrollo, expresada a través de sus ministros y altos funcionarios, sin conocimientos del sector ni capacidad gerencial. Se olvida, que la protección del enfermo, del herido y también la del personal médico pertenece a la herencia común de la cultura y las religiones de la humanidad. Dicha protección y observancia están consagradas en la Constitución venezolana. Los estratos gubernamentales han olvidado, que los proveedores de estos servicios han estado sintonizados permanentemente con la bioética médica, para regular sus actuaciones.

Otra cara del problema es el ataque a los servicios médicos y el impedimento armado al derecho de manifestar libremente, que afectan no solamente al personal objeto del ataque sino a la población que depende de ellos para el cuidado de su salud. Por cada profesional de la salud atacado existen cientos, tal vez miles, de pacientes imposibilitados de recibir tratamiento, sea preventivo, como campañas de vacunación, o curativo, como rehabilitación o cirugía. Colateralmente, esta violencia criminal promueve la deserción justificada de personal de enfermería y médicos, por temor a su seguridad o también por los bajos salarios, que secuestran una vida digna del profesional. Los recientes paros de trabajadores, enfermeras y médicos, declarados como indefinidos por sus actores, son bioéticamente justos al sustentarse no solamente sobre el beneficio a la población desasistida sino también sobre las necesidades básicas propias. Dado el deterioro salarial generalizado, estos paros se extenderán inexorablemente a otros gremios en todo el país, aumentando la presión hacia el régimen.

Sin acceso al cuidado sanitario, las comunidades abandonadas sufren las consecuencias negativas a largo plazo. El estado venezolano fracasó  estruendosamente en sus programas sanitarios, creados con la populista estrategia política de capturar a votantes ingenuos y sustituir a los servicios hospitalarios  establecidos, en lugar de procurar la mejoría de éstos.

Casos específicos.

Las violaciones a este derecho, que producen intencionalmente gran sufrimiento a la población, incluyendo daños al cuerpo o a la salud mental y física son crímenes contra la humanidad, tipificados en el Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional (1998). El reciente documento de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad por la tiranía venezolana es el más importante en la historia contemporánea de Venezuela. A ello se agrega el llamado a la Comisión Penal Internacional para el enjuiciamiento y castigo de los responsables, sustentado sobre el testimonio de decenas de afectados, presentado por Tamara Sujú en casos patéticos de tortura. La comisión de derechos humanos de la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido para iniciar las investigaciones.

Se ha encendido así el fuego que terminará dando al traste con la perversión y la criminalidad del estado venezolano y contribuirá a su renuncia, castigo y/o salida del poder. A pesar de que es tanto lo que tienen que perder, que los atornilla al poder.

No parece existir una política de salud pública coherente: VIH (antirretrovirales), tuberculosis, hemodiálisis, la ausencia de un plan de trasplantes. Catorce parámetros empleados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan el profundo deterioro de la salud en el país.

Muchas personas fallecen lentamente sin medicamentos, por no encontrarlos o no poder comprarlos. Codevida menciona la existencia de 4 millones de pacientes crónicos.

La mediocre atención a los niños oncopacientes del Hospital Razetti de Caracas clama al cielo: faltan dos tercios de los medicamentos para esa dolencia, que debe ser combatida con tratamientos simultáneos de varias drogas.

Los inmunosupresores para pacientes sujetos a trasplante de órganos no se consiguen, siendo obligación del estado proveer un tratamiento gratuito, oportuno y permanente. Entre 2013 y 2017 los trasplantes han caído 80%.

Se anuncia la muerte de 11 niños en Barquisimeto (Hospital) por una enfermedad bacteriana (Serratia marcescens) y de otros en Maracaibo y Caracas (J.M. de los Ríos), por desnutrición agregada. En este último los niños han tenido que salir a protestar para pedir medicamentos y no morir (abril de 2018).

La falta de medicamentos ya es axiomática y sus precios inalcanzables. Este problema se extiende al sector farmacéutico, en el cual el empeoramiento de su no-disponibilidad es aproximadamente de un 80%. Esto ha conducido no solamente a la muerte de numerosos pacientes de trasplantes, diabéticos, de cáncer, reumáticos (por involución de la misma) o de diálisis, sino a la quiebra de decenas de farmacias, que podría ser seguida por cien más, según información de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), que las agrupa. Esto desemboca en un daño adicional: el contrabando, la posesión de medicamentos en manos no autorizadas y la falsificación perversa de marcas, envases y contenidos.

La acentuada escasez de preservativos y anticonceptivos orales atenta tanto contra la prevención de la trasmisión de enfermedades sexuales como la planificación familiar.

Los laboratorios clínicos también padecen la escasez de reactivos, generando un impacto negativo adicional sobre el paciente común. Su federación convocó también un paro indefinido por múltiples causas: reactivos, insumos, mantenimiento de equipos, repuestos, servicios básicos y  las condiciones mínimas laborales.

¿Y qué decir de las unidades de rayos-X o de alta tecnología como la resonancia magnética nuclear, la tomografía computarizada o de irradiación nuclear para tratamiento anticancerígeno? Su estado es deplorable en todo el sector, por inactivación y obsolescencia.

Las transfusiones están afectadas por la carencia de reactivos para detectar la calidad e inocuidad de la sangre donada o de las bolsas para recolección de la misma (bancos de sangre). Los pacientes heridos y crónicos (cáncer) necesitan una transfusión simplemente para continuar viviendo.

La poliomielitis en Delta Amacuro denunciada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coloca a Venezuela dentro de los diez países con dicha enfermedad, después de su erradicación.

La atención sanitaria del aborigen warao está sumamente descuidada: 20 de sus niños fallecidos recientemente por sarampión. Los yanomamis, olvidados, acosados, con un brote de sarampión, amenazados de extinción, negligencia criminal, se refugian en Brasil. Los pemones, ante violencia y crítica situación sanitaria, sienten sus derechos humanos vulnerados. Sugerimos consultar la dirección: alianzasalud.org/?s=Alertas para mayor información.

Reaparecen enfermedades controladas hace más de medio siglo: difteria y tuberculosis. Se incrementan el sarampión y el paludismo. Se estima en 568.750 casos de paludismo para 2018 solamente en el Estado Bolívar (José Félix Oletta, exministro de sanidad, mayo 2018).

El deterioro sanitario es tan patente, que en los grandes centros hospitalarios semiderruidos y aun medianamente activos, a pesar de la estrategia gubernamental in contrario, solo se atienden emergencias. Una jornada de vacunación fue anunciada por el viceministro de salud (abril 2018) solo para los carnetizados (¡!). ¿Cuál carnet? Cinismo del grande. ¿Jornada de vacunación? ¿No es la vacunación una tarea continua? Los demás venezolanos, entonces, ¡que se mueran!

El caso emblemático y patético de la señora Elizabeth Salazar, quien mostró uno de sus senos profundamente deteriorado por el cáncer, fue tildado por el tirano como un maquillaje opositor y lo ubicó dentro de su patológica y ficticia guerra económica. El medio digital Aporrea se refirió a ese disparate del tirano en los siguientes términos: “No tienen el más mínimo pudor por el dolor humano”.

Más allá de lo ambiental, se desconoce el impacto sanitario que está teniendo el arco minero del Orinoco en su gigantesco entorno, graciosa concesión otorgada al estamento militar para su exclusivo beneficio económico y como contrapartida a una supuesta lealtad al régimen. Se recuerda, que la lealtad de la Fuerza Armada es, constitucionalmente, solamente debida a la Nación. Miles de mineros ilegales fueron atraídos ante una reedición de la fiebre del oro; surgieron bandas armadas. El riesgo es muy alto para el país y sus beneficios dudosos. Pero es responsable y ético alertar sobre este oscuro tópico.

A todo lo anterior hay que agregar el infernal desabastecimiento nacional de agua potable (además de la crisis de electricidad, no analizada aquí) generado no ya por el bajo nivel del agua en las represas hidroeléctricas, como anunció el régimen hace algunos años para justificar una situación semejante, sino por la negligencia, ignorancia e improvisación y el robo descarado de los recursos financieros del estado. Sin agua se magnifica la enfermedad. Una nación enferma no trabaja ni disfruta. La consecuencia es una población venezolana en todos los ámbitos, desesperada, clamando por un poco de agua para sobrevivir.

Entre tanto, los venezolanos enfermos y sin asistencia médica permanecerán en sus casas, en shock, a sabiendas de que se los está dejando morir.

Reflexiones conclusivas.

¿Cómo se explica la transformación de un gobierno en una cruel tiranía? Al querer aparentar ser un líder tercermundista fuerte, autoritario y liberador, lleno de dinero, el iletrado comandante intergaláctico descuidó la calidad de los bienes y servicios internos, cuya consecuencia es la precariedad actual. Dejó robar a su antojo a los ladrones de su entorno. Estafó a los venezolanos, material y psicológicamente, esto último con el adorno de las elucubraciones enfermizas del socialismo del S. XXI, existente solamente en esa Venezuela y del Foro de Sao Paolo. Pero a su vez fue estafado por los mandatarios regionales, particularmente el anciano dictador de Cuba, que se aprovecharon de su abultada chequera, halagaron su narcisismo, enorme ego y megalomanía sin romper con sus tradicionales oligarquías. De allí hasta la represión, expropiaciones, robos al sector privado y el establecimiento de los absurdos controles económicos había un solo paso. Que fueron profundizados por el heredero. Todo lo que tocaron lo destruyeron.

El sufrimiento cotidiano padecido por el venezolano, causado por la tiranía, es lo que condenamos como  criminal, al abusar de sus propias leyes de crimen del estado. La tiranía es represiva, corrupta y negligente, categorías que se sobreponen entre sí, a lo que se agrega la violación constante de los derechos humanos como noción a través de la cual se pueden examinar los crímenes del estado. Es el estado o gobierno el que es visto como el perpetrador del crimen y no únicamente como la autoridad que define y castiga al crimen. Sin acato a la ley, la civilidad desaparece haciéndose sinónimo de gobierno primitivo. Esto es evidente en Venezuela, donde desde 1999 la democracia y la república comenzaron a morir.

Dada la cuantía y magnitud de los crímenes cometidos contra la nación y sus habitantes, de los que los referidos aquí son una fracción, son los “señores” criminales del gobierno quienes deben ser juzgados y condenados por corrupción, lesa humanidad y traición a la patria, estrategia ésta actualmente en boga instaurada por la tiranía para estigmatizar a opositores, quienes son presentados, inconstitucionalmente, ante tribunales militares para ser procesados.

De continuar en funciones el actual régimen demofóbico desaparecerán las aún escasas posibilidades de sano futuro para los venezolanos. Es que la verdad sucumbió y se impuso la mentira como estrategia política. La tiranía está programada para el control sociopolítico de la población venezolana y no le interesa lo ético, lo moral, lo económico, ni su felicidad, sino su propia permanencia ilimitada en el poder. Odia al venezolano, lo que es claramente palpable en su proceder en todas las categorías criminales citadas en este texto. El tirano/dictador del momento y su partido político transformaron al estado venezolano en un estado gangsteril, que le robó a la ciudadanía los estándares de la vida civilizada. En consecuencia, deben renunciar, semejando una simple operación terapéutica, previo al juicio público que se les debe incoar, como corresponde legalmente. Las próximas generaciones lo agradecerán.

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