México: Difícil lucha para desmantelar un Estado corrupto
José Luis Ortiz Santillán
El 1 de julio volvió la esperanza a los mexicanos con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Su proyecto de extirpar la corrupción y gobernar bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, llevó a millones de mexicanos a votar por sus propuestas, obteniendo una mayoría aplastante sobre todos los candidatos con el 53% del total de los votos, frente a sólo el 23% de Ricardo Anaya; enterrando así los resultados de las elecciones de 2006, cuando Felipe Calderón obtuvo 35.9% de los votos contra 35.3% de López Obrador, que evidenciaban la importancia de contar con una segunda vuelta en México.
Pero el problema no era sólo llegar al poder, sino saber que hacer al día siguiente de asumirlo. Con un gabinete propuesto al iniciar de su campaña, el presidente proyectó hacia la ciudadanía que tenía claro lo que había que hacer para cambiar la historia de México; para acabar con la corrupción, mejorar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social.
El presidente adquirió un conjunto de compromisos que lo llevaron al poder y desde el 1 de diciembre se dispuso a cumplir con ellos, materializados en 25 programas prioritarios, los cuales han marcado el rumbo del trabajo de su gabinete. No obstante, a sólo 66 días de su gobierno se quejó de los pobres resultados logrados. Los programas de bienestar, de apoyos a los adultos mayores y jóvenes, fueron cuestionados entonces por el retraso en los censos y entrega de apoyos, pues las bases de datos de PROSPERA, de la SHCP y del IMSS, tenían tantas inconsistencias que no podían servir para diseñar políticas transparentes.
Así los 100 días de gobierno del presidente López Obrador no estuvieron marcados por grandes avances en sus proyectos, sino por el apoyo contundente de la inmensa mayoría de la población a su lucha contra la corrupción en PEMEX, a su enfrentamiento a los “huachicoleros”, bandas de criminales de cuello blanco y forajidos que hicieron del robo de la gasolina el medio para amasar fortunas; lo cual hizo que su popularidad en las encuetas superara el 70%. Los 100 días estuvieron marcados por el anunció del fin del neoliberalismo, que intentó durante 30 años acorralar al Estado y diluirlo frente a la incapacidad de los mercados de garantizar la competencia perfecta en ellos, con un efímero crecimiento de la economía de apenas 2.4% en promedio anual después de 1993.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso poner fin a los excesos dentro del aparato del Estado y terminar con los privilegios de miles de funcionarios públicos, pero es ahí donde aún tiene mucho por hacer. En medio de un reciclamiento perverso de trabajadores públicos, el presidente de México instruyó a su gabinete para acabar con los privilegios y poner en marcha la austeridad como principio de gobierno, reduciendo los salarios por debajo de los 108, 476 que ganaría él como presidente.
Sin embargo, ese propósito no sólo encontró el rechazo de cientos de funcionarios que se ampararon ante tal decisión, sino también el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Instituto Nacional Electoral (INE), poniendo en evidencia que iniciar una revolución ética, una revolución moral en México, no sería fácil si no se extirpan de tajo las raíces del viejo régimen, las cuales subyacen en las bases del aparato del Estado actual y controlan su funcionamiento; materializadas en funcionarios sin escrúpulos capaces de mentir, de obstruir, de desprestigiar el trabajo de secretarios y del presidente con su actuación malintencionada, de hacer a un lado a quienes se convierten en un obstáculo para lograr sus objetivos.
Precisamente, este es el reto que el presidente y su gabinete deberá enfrentar ahora. La resistencia de los grupos de poder que operan el Estado y que, pasados los primeros cuatro meses del nuevo gobierno, vencido el miedo al cambio y recuperada la confianza, están envolviendo en “sus redes” a los nuevos funcionarios con su trabajo rutinario, caracterizado por la simulación y los formalismos de un funcionamiento anacrónico del Estado que es preciso cambiar, para que los programas del presidente puedan materializarse.
Algo que no todos saben, es que la administración anterior trató de blindar su funcionamiento. En octubre y noviembre pasado, se realizaron evaluaciones de los planes y programas de trabajo vigentes y se presentaron los nuevos para 2019, aprovechando la coyuntura del cambio y la inexperiencia de algunos funcionarios entrantes, para obstruir que se ajustaran a las nuevas políticas.
A principios de marzo pasado, Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional del MORENA, señaló: “Son muchas las sabandijas que se nos han infiltrado son muchos los que están echándole el ojo al partido de una manera mezquina y perversa…”, precisó. No se equivocó, pero no sólo se trata de MORENA; en las estructuras del Estado se ha producido un ir y venir de hombres y mujeres que presumen sus títulos de doctorado del ITESM, pero sin convicciones y compromisos reales con la Cuarta Transformación; tratando de sobrevivir al cambio y mantener sus elevados sueldos, cueste lo que cueste; sin escrúpulos están dispuestas a hacer cuanto se requiera para conservarlos y masacrar a quienes se lo impidan con patrañas inimaginables.
En este sentido, hay una enorme distancia entre la línea política y visión de país que quiere construir el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus secretarios de Estado, y quienes operan la materialización de sus políticas. Mientras el presidente ordena terminar con la compra o alquiler de camionetas de alto cilindraje para altos funcionarios, poner fin a la compra de planes de telefonía móvil, de evitar realizar adjudicaciones directas en las compras del Estado; quienes operan en las instituciones hacen lo contrario, deliberadamente para desprestigiar el trabajo de los secretarios y el presidente o por omisión, debido a su incapacidad para responder a los tiempos o porque han decidido neutralizar el cambio con patrañas; una vez que carecen de escúpalos y moral, incapaces de trabajar con respeto y ética, otra que no sea preservar, cueste lo que cueste, sus puestos y sus ingresos.
