Ataduras electorales
En una democracia constitucional el imperativo para gobernar depende fundamentalmente del derecho al voto que tienen los ciudadanos al elegir libremente a sus representantes. En Colombia no. Primero, porque el poder delegado de los electores no corresponde con la responsabilidad política de los elegidos. Segundo, porque en la práctica, los procesos electorales están condicionados por la deficiente cultura del elector o la intimidación de agentes violentos. Tercero, porque aunque en Colombia tenemos Constitución, no tenemos una democracia constitucional. Tres argumentos que permiten una explicación sobre porqué las próximas elecciones repetirán defectos heredados.
Todo el despliegue informativo de EL TIEMPO sobre la sombra de influencia del paramilitarismo en la mayoría de los municipios y la noticia de candidatos paramilitares a diferentes alcaldías en Antioquia y Valledupar, significa una campana de alerta que -por lo escuchado al Ministro del Interior en declaraciones de radio- no será tomada en cuenta por este Gobierno. El argumento de Holguín Sardi toma al país como en los tiempos de la patria boba. Simplificando, el Ministro alega, apoyado en la norma Constitucional que mientras «un paramilitar no haya sido juzgado por delito alguno, ni condenado por hechos de reconocida imputación, bien puede participar como candidato a los diferentes cargos de representación popular».
Significa que creadas las condiciones de hecho (dominio paramilitar en una zona) el Estado de Derecho debe limitarse a ratificar el poder del paramilitarismo. Con alguna perla decorativa. Afirmó el Ministro del Interior que «quedaba en la esfera íntima de la ciudadanía seleccionar cuidadosamente a sus candidatos», y que «los electores tienen el deber de escoger entre quienes pueden dirigir mejor su destino». La sensación de satisfacción de los comandantes paramilitares y simpatizantes en las zonas bajo su influencia, no debemos adivinarla.
El paramilitarismo llegó para quedarse. El mapa de predominio territorial e influencia política, aunque ha presentado uno que otro cambio, sigue intacto. En el Cesar, en Antioquia o el Norte del Valle, las poblaciones que han estado sometidas bajo su mando, poco pueden hacer para cambiar las cosas. Y lo sucedido con procesos electorales del pasado: manipulación, extorsión, amenazas y condicionamiento del voto, se mantendrá indefinidamente. De modo que la pregunta que debemos hacernos con las declaraciones del Ministro Holguín es ¿Cuanto hemos avanzado con semejante retroceso?
Con el argumento del Ministro se cuela una falacia normativa. Que consiste en sugerir que la norma constitucional estaría redactada para las ventajas estratégicas de los ganadores. Si el paramilitar no ha sido condenado por delito alguno (y será difícil que lo sea), debe considerársele un ciudadano con los derechos que le ofrece el sistema electoral. Falacia con doble fondo. De modo que, como generador estructural de masacres y acciones violentas, como eje articulador del poder político local, y como orquestador de leyes para proteger a terratenientes y mafiosos, el paramilitarismo no ha existido. No existe el paramilitarismo, es la tesis del Gobierno. Luego, por diferentes razones, con las evidentes ataduras electorales en zonas bajo influencia paramilitar, la ciudadanía no elige al Paramilitarismo.
Estamos cambiando principios por cuestiones de hecho. Y lo que el Gobierno y las Altas Cortes deben defender son condiciones en donde no tenga peso electoral un criminal. El paramilitarismo y la insurgencia armada tipifican expresiones de poder político parasitario que debemos repudiar de igual manera. Las poblaciones sometidas a la amenaza del Paramilitarismo o de las Farc, no sólo tienen el derecho a escoger a sus gobernantes entre los mejores ciudadanos, sino a recibir todo el respaldo del Estado y las instituciones democráticas. Las ataduras electorales creadas para mantener el poder político del paramilitarismo o de la guerrilla, son la negación del Estado democrático y la democracia Constitucional.
