Colombia exporta a la región su “know-how” antiterrorista
Hoy Colombia se asocia más al éxito en el combate a la guerrilla y el paramilitarismo que a las oscuras décadas del terror narco y el Estado fallido. Por eso, desde mediados de 2009, el Gobierno de Álvaro Uribe y las fuerzas de seguridad colombianas están traspasando ese «know-how» a otros países de Latinoamérica.
Es un antinarcoterrorismo «for export», que antes estaba en manos de organismos o agencias estadounidenses y que ahora encara, con sabor latino, Colombia, mediante acuerdos de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico como los que viene de firmar con México, Guatemala, Honduras, Panamá, El Salvador y ayer con Paraguay. Es, también, una manera de vaciar la palabra «colombianización» de su connotación negativa.
Sin embargo, de los acuerdos suscriptos hasta ahora, el de ayer en Paraguay, entre el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el presidente Fernando Lugo adquiere una significación especial por tratarse de un país del Cono Sur y no uno de los centroamericanos, ruta obligada de la droga colombiana que va a EE.UU. A eso se agrega que fue el mismo presidente paraguayo quien le pidió al colombiano, en la cumbre latinoamericana de Cancún el 23 de febrero pasado, que urgentemente firmasen el acuerdo de cooperación en seguridad y antinarcoguerrilla.
El documento fue una formalidad «ex post», luego de que la Policía colombiana y otras fuerzas de seguridad de ese país colaborasen con las paraguayas en la investigación del secuestro y la posterior liberación del hacendado Fidel Zavala, concretada a mediados de enero pasado, luego de tres meses en cautiverio. ¿Qué decidió a Lugo convocar a los especialistas de Bogotá? Justamente, la conexión colombiana -ahora, comprobada; en ese momento, sospechada-, entre el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), autor de ese secuestro y otros más, y las FARC.
Aunque Rafael Filizzola, ministro de Interior, declaró que el EPP «recibe adiestramiento de las FARC colombianas», su par de Defensa, Luis Bareiro, puso en peligro su cargo al oponerse a que desde Bogotá bajase la ayuda para las Fuerzas Armadas locales. La definición cayó en el mismo Uribe, quien le aseguró a Lugo que aún era «buen momento para extirpar el mal del secuestro y el terrorismo».
Armamento
Por eso, además de un grupo de militares colombianos especializados en lucha antiterrorista, ya llegaron a Asunción 450 fusiles Galil, de fabricación colombiana, con 100.000 unidades de municiones de 9 mm y 135.000 de 5.56 mm. De acuerdo con la prensa paraguaya, ese armamento, que costó u$s 500.000, fue destinado a los agentes de la Policía Especializada desplazados al norte del país en busca de los miembros del EPP.
Hay más todavía. En su visita de dos días a Paraguay, el canciller Bermúdez fue acompañado por el general Rodolfo Palomino, jefe de la Policía Nacional colombiana. ¿Su misión? Transmitir la experiencia exitosa de su fuerza (considerada en ese país andino como el cuarto componente de las FF.AA.): en ocho años (el período de Uribe), se pudo controlar el territorio, frenar nuevos reclutamientos entre la población para las filas guerrilleras y llevar el número de «desmovilizados» a 30.000.
Para llegar a esos logros, la Policía colombiana implementó un programa de concientización y cooperación entre la sociedad civil, con escuelas de Seguridad Ciudadana, frentes de Seguridad, Red de Cooperantes y Policía Cívica Juvenil.
«Frente al narcotráfico, la seguridad es responsabilidad de los ciudadanos junto con las autoridades y la Policía», señaló a este diario una alta fuente del Gobierno de Uribe. Ese aspecto sería, dicen en Asunción, el que más le interesa implementar a Lugo en Paraguay. Tanto, que en Bogotá aseguran sería el primer peldaño de un proyecto mayor: ampliar hacia el Mercosur esa cooperación colombiana en seguridad y combate del narcoterrorismo.
