COLOMBIA, VENEZUELA, PERÚ
La situación que atraviesan las relaciones colombo-venezolanas no puede ser analizada exclusivamente bajo la óptica de las típicas dificultades que alteran los vínculos diplomáticos entre dos países vecinos. En esta oportunidad, cuando nuevamente esos lazos vuelven a navegar en aguas turbulentas tras un corto lapso de hacerlo sobre linfas sedosas, han entrado en juego una serie de actores y factores que presagian un conflicto de mayor envergadura a los que recurrentemente se han presentando entre ambos países.
Sin desconocer la significación de los impactos comerciales que, como hemos indicado en otras oportunidades, resultan ser más perjudiciales para Colombia que para nuestro país, diversos sucesos han acontecido en la región y el hemisferio que opacan esa huella, para dar paso a un nuevo espectro de análisis. En momentos cuando los esquemas formales de integración muestran múltiples debilidades y se acentúa la configuración de un nítido parte aguas entre los países latinoamericanos y caribeños de la forma cómo se insertan en el sistema internacional, el entramado de relaciones bilaterales entre esos países adquiere un carácter que supera ampliamente su naturaleza sinalagmática que en el caso de Colombia y Venezuela encuentra, tal vez, una de sus mayores y mejores expresiones.
Desde la crisis generada a partir de la violación territorial a Ecuador en marzo de 2008, en la región se han precipitado una serie de acontecimientos que gradualmente han ido conduciendo a una nítida confrontación incruenta entre aquellos países que han apostado a un modelo político fundamentado en una democracia participativa que revaloriza la intervención del estado en sus procesos económicos fortaleciendo su soberanía y la autodeterminación en su posicionamiento internacional. Este modelo contrasta con el instrumentado por aquellos países que persisten en sostener la antigua democracia liberal en la cual el mercado orienta sus economías que les determina una inserción mundial regida bajo el desgastado esquema centro-periferia imperante -con honrosas excepciones- a lo largo de la historia republicana regional. Venezuela y Colombia, en su orden, constituyen casos emblemáticos de las concepciones cotejadas.
Ambos modelos se han proyectado hacia la región y el mundo. El primero a través del desarrollo de esquemas de cooperación basados en los principios de solidaridad y complementariedad priorizando el relacionamiento intrarregional; mientras que el segundo ha superado los procesos que tuvieron en marcha en el pasado, para dar paso a un fuerte relacionamiento directo con las potencias mundiales marginando, en la práctica, sus vínculos con sus pares de América Latina y el Caribe.
Observando la combinación de fuerzas actuantes en ese cuadro, es posible comenzar a descifrar enigmas. En la historia reciente, los diferendos colombo-venezolanos comenzaron a tomar cuerpo con la profundización del Plan Colombia el cual, so pretexto de enfrentar el narcotráfico, dio paso a una evidente intervención militar estadounidense en ese país que, paulatinamente, ha comenzado a constituirse en una seria amenaza al proceso político en marcha en Venezuela. En varias oportunidades, la ejecución de ese Plan ha causado roces de distinta índole con nuestro país, aunque sin alcanzar la gravedad de lo sucedido en territorio ecuatoriano. Extrapolando esas controversias al plano integracionista, Colombia y Perú encabezan el movimiento negociador, primero, con los Estados Unidos y, luego, con la Unión Europea que a la par de motivar el retiro venezolano de la Comunidad Andina y la abstención participativa de Bolivia y Ecuador en la misma, puso de manifiesto la desidia colombo-peruano de profundizar sus relaciones intralatinoamericanas, lo cual ya había despuntado durante las negociones CAN-MERCOSUR que insumieron una década para su concreción parcial, dado que Perú concertó por separado con el esquema sureño. Esa desidia se hizo más que evidente por su pasiva actuación tanto en la creación como en la posterior puesta en marcha de UNASUR que en el caso colombiano, revista una fuerte resistencia para acompañar la creación del Consejo Suramericano de Defensa y, por supuesto, la negativa de ambos países de formar parte del Banco del Sur.
Mientras suceden esos acontecimientos, Colombia continua con sus agresiones a Ecuador y Venezuela, en tanto que Bolivia y Perú ven reiteradamente alteradas sus relaciones bilaterales debido a conflictos generados en diversa áreas que alcanzan su punto máximo con el amparo prestado por el gobierno de ese último país a unos ex ministros y ex funcionarios prófugos de la justicia boliviana acusados delitos de lesa humanidad. Conducta similar a la adoptada cuando concedió protección a cuatro prófugos de la justicia venezolana, con el agravante que dos de ellos se encuentran imputados por delitos comunes. Cabe destacar que Perú es sede de una base militar norteamericana localizada en la ciudad de Iquitos, es decir, en el corazón de la zona amazónica.
A raíz del golpe de estado en Honduras, además de la fría condena de los gobiernos de Colombia y Perú, arreciaron las agresiones colombianas en contra de Ecuador y Venezuela en distintos planos, las cuales corren en paralelo con el establecimiento y fortalecimiento de bases militares norteamericanas, desde donde operarán -con garantía de impunidad- tanto efectivos militares como mercenarios estadounidenses sustituyendo, así, a la Base de Manta que fuese desmantelada por disposición del Gobierno ecuatoriano. Ambos acontecimientos -agresiones y bases- comienzan a concretarse inmediatamente después de la entrevista sostenida por los presidentes Álvaro Uribe y Barack Obama días después que se produjera el golpe en Honduras y que los Estados Unidos sufriera su segunda derrota consecutiva en la OEA y la tercera hemisférica desde diciembre pasado en el seno de la Cumbre Presidencial de América Latina y el Caribe en la cual, por cierto, fuese notoria la ausencia de los respectivos presidentes de Colombia, Costa Rica y Perú.
Adicionalmente, la congelación de las relaciones colombo-venezolanas, hecha efectiva a raíz de una injustificada acusación de tráfico de armas, coincide con el fracaso de las gestiones de mediación en el caso hondureño que le fueran encomendadas por el Departamento de Estado norteamericano al Presidente Oscar Arias de Costa Rica y pocos días después de que el Presidente Uribe recibiera a unos emisarios de los usurpadores del gobierno en Honduras. Por otro lado, Bolivia y Perú aparentan superar sus diferencias bilaterales ante la promesa de revisar la protección concedida a los delincuentes bolivianos, aunque siguen latentes las dificultades generadas por las acusaciones de injerencia a Bolivia en los conflictos sociales y étnicos ocurridos en territorio peruano.
En ese cuadro de encuentros y desencuentros en distintos planos se produce el virtual rompimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia que, como indicáramos, tiene connotaciones que superan ampliamente el ámbito bilateral. Sus causas encuentran origen en actos que se inscriben en el plano binacional, pero íntimamente relacionados con hechos acaecidos allende la frontera común, los cuales parecen determinar, y en mucho, la actitud asumida por las autoridades y determinados segmentos de la sociedad colombiana frente a la firme determinación del gobierno venezolano. Quizás esa postura responda a la espera del destrabamiento en el Congreso norteamericano del TLC y la posible condonación por violación de derechos humanos y de otros expedientes que han impedido conceder una mayor fluidez a los vínculos colombo-estadounidenses.
Esas consideraciones, nos llevan a concluir que así como detrás del golpe en Honduras confluyeron una serie de factores políticos, económicos y sociales, en este caso la conducta colombiana también responde a una amalgama de intereses que apuntan a debilitar los esfuerzos que se han desplegado y puedan desplegarse con la finalidad de profundizar los procesos de cambio emprendidos en varios países y en procura de la integración regional bajo concepciones heterodoxas. Con el agravante que en esta coyuntura adquiere una sólida presencia el componente bélico radicado no solo en Colombia y Perú, sino que viene acompañado por el reposicionamiento de la IV Flota en el Caribe y la abierta reinserción de Panamá en el tablero del juego imperial en su ansiado patio trasero.
No es esta una coyuntura particularmente sencilla. Es evidente que la potencia del Norte y las oligarquías nacionales han comenzado a mover piezas para recuperar posiciones perdidas; y, ante la ambigüedad del discurso de la Administración Obama frente al golpe en Honduras, están acopiando antecedentes para justificar cualquier acción que instrumenten para cumplir con sus objetivos. La movilización popular y la unión cívico-militar aunadas a la calidad de las políticas públicas aplicadas con un alto grado de eficacia y eficiencia son las únicas garantías de estabilidad en el presente y de proyección hacia el futuro. Ese es nuestro desafío, asumámoslo como tal.
