Opinión Internacional

COPIAFotostática con Colombia

El 28 de marzo de 1992, desde la cárcel del Cuartel San Carlos, los dirigentes del MBR 2000 procesados por rebelión militar, firmaron un documento sobre la política del gobierno de CAP hacia Colombia. El documento suscrito entre otros por Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas, acusaba a CAP de ser «reo de traición a la patria», debido a la orientación que su gobierno dio a las relaciones con Colombia. Los golpistas y sus voceros en la calle, exigían la paralización de todas las negociaciones con aquel país.

Como se recordará, en 1989 Venezuela inició un redireccionamiento de su política hacia Colombia, buscando superar la crisis militar causada por ese país en 1987 (incidente de la corbeta Caldas) y hacer coincidir la acción hacia ese país con la apertura económica. Las negociaciones bilaterales quedaron enmarcadas en tres documentos centrales: Declaración de Caracas, Declaración de Ureña y Acta de San Pedro Alejandrino. Con esa base se elaboró un listado de temas, se conformaron equipos de trabajo bilateral y se estudiaron propuestas para temas de mutuo interés. Así funcionaron la Comisión de Asuntos Fronterizos COPAF y la Comisión Negociadora CONEG: la primera encargada del desarrollo fronterizo y la segunda, de los aspectos más sensible en materia limítrofe.

Las justificaciones esgrimidas en febrero de 1992 por los golpistas, se basaron en tres comodines: el tema genérico de la corrupción, la aplicación del programa de ajuste económico y el supuesto entreguismo ante Colombia. El entreguismo de CAP a juicio de los golpistas, consistía en la existencia misma de las Comisiones, en la apertura del comercio bilateral, y en el estudio de proyectos tales como la construcción de un puerto de aguas profundas sobre el Golfo de Venezuela, o mejorar la infraestructura física de la frontera del estado Táchira.
Los tenientes coroneles golpistas, en el documento citado, acusaron a las comisiones de haber entregado a Colombia «las armas de negociación con que cuenta Venezuela», por lo cual solicitaban la renuncia inmediata de los miembros de las comisiones «por tratarse de personas que en forma deliberada han participado en procesos de ocultamiento y engaño a la Nación». Los golpistas de 1992 calificaron de «sacrílega» la firma del Acta de San Pedro Alejandino, rechazaron la posibilidad de firmar acuerdos de integración antes de resolver el tema del Golfo, y aseguraron que la política de CAP hacia Colombia, agravaba «sin remedio la pérdida de legitimidad de su gobierno».

El pasado 24 de abril de 2000, el actual Canciller venezolano, Rangel Vale, designó nuevas comisiones fronterizas (ahora no se llama COPAF sino COPIAF) y de negociación: ambas dentro del «sacrílego» esquema acordado por CAP y Virgilio Barco Vargas. El temario de trabajo anunciado por Rangel, es copia exacta del adelantado por esas personas que (según los golpistas del 92) engañaban a la Nación. Y lo más patético de todo, es que el Canciller Rangel Vale de acuerdo a la óptica del «proyecto original bolivariano» estaría «agravando la pérdida de legitimidad del gobierno», ya no el de CAP sino el de su jefe el Comandante.

Vale la pena preguntarse si era necesario el retraso social, político y económico que Venezuela sobrelleva desde febrero de 1992, para que al final, este gobierno muestre como nuevas, las líneas de acción política que ya el Estado venezolano adelantaba con éxito diez años atrás, y que los golpistas hicieron abortar. Recrear la COPAF es un obvio reconocimiento de la pobreza argumental de los fracasados golpistas de 1992 y de sus apóstoles televisivos. Es además, ejemplo de la absoluta carencia de seriedad en el actual manejo de las relaciones internacionales de la República. No cabe duda que para gobernar se necesitan más criterios que para divulgar chismes por TV, u organizar asonadas.

Economista. Diplomático

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