Corrupción en Chile llaga a los tribunales
(%=Image(1649082,»L»)%)Santiago de Chile (AIPE)- La Corte encomendó a su magistrada Gloria Ana Chevesich investigar contratos irregulares en el ministerio de Obras Públicas, desde 1997, cuando era ministro el actual presidente de Chile, Ricardo Lagos. Tarea ímproba, porque los contratos sospechosos son miles. Pese a ello y a las presiones oficiales, la jueza ha encontrado múltiples irregularidades y sometido a proceso a unas 60 personas. En particular, descubrió contratos por 92 millones de pesos adjudicados a la firma M & P Délano, cuyo representante le declaró que su empresa fue utilizada como «pantalla», sin hacer los trabajos contratados, y que de la suma total sólo retuvo el 15 por ciento, para pagar el respectivo impuesto a la renta, entregando el resto a funcionarios del ministerio.
La contraparte técnica de esos contratos en el MOP, en teoría, era el funcionario Sergio Cortés, quien declaró a la magistrada que los trabajos contratados nunca se hicieron y que sólo se buscaba poner dinero a disposición de la Dirección de Planeamiento, a cargo de Matías de la Fuente, primo político del entonces ministro Ricardo Lagos y después jefe de gabinete suyo, cuando éste llegó a La Moneda.
Cortés añadió que De la Fuente lo instruyó para pagar las facturas emitidas por Délano. Pero esta firma, junto con recibir los dineros, los giró a funcionarios del ministerio. En particular, giró 15 cheques, por un total de casi 20 millones de pesos, a Ximena Riff, que los cobró y entregó el efectivo a Matías de la Fuente. Este lo negó, pero en el careo entre ambos ella mantuvo sus dichos.
Por consiguiente, la magistrada estimó que había presunciones fundadas de falsificación, fraude y estafa en perjuicio del fisco y sometió a proceso a De la Fuente, Cortés, Riff, Délano y otros involucrados.
Entonces yo, como profundo conocedor del calibre jurídico y ético de la mayoría de nuestra judicatura (con honrosas y escasas excepciones), profeticé que la corte, donde predomina la Concertación, dejaría la resolución de la magistrada Chevesich en nada. Bueno, después de un interminable desfile de solidaridad de gente de palacio por Capuchinos, en adhesión al fugazmente detenido hombre de confianza de su jefe, se cumplió al pie de la letra mi vaticinio.
Los tres ministros de la Corte de Apelaciones, sin que se les moviera un músculo de sus respectivas caras, salvo para sonreír ante las cámaras, y después de retorcerle dos de ellos un poco el brazo al tercero, a quien le sobrevinieron transitorios pujos de hombre de derecho y amenazó con emitir un voto disidente (pero pronto se repuso), declararon que no había prueba alguna de falsificación ni de fraude, ni de estafa, ni de que los contratos hubieran sido simulados. Y anularon todos los procesamientos.
Pues, cuando los jueces chilenos deciden no ver, no ven nada. Y cuando deciden ver, ven allí donde no hay nada. Como lo hizo Juan Guzmán, hoy en feliz (para el prestigio de la justicia) retiro, al procesar a los generales Arellano y Pinochet por las ejecuciones que un capitán dispuso, por sí y ante sí, ante una fuga de presos, en la madrugada del 16 de octubre de 1973, en Copiapó, precisamente a la hora en que ambos generales disfrutaban del sueño o de otras cosas mejores en sus respectivos domicilios de Santiago. En todo caso, el reciente fallo de la corte ha puesto en competencia contra Juanito a tres ministros que parecen exhibir méritos suficientes como para disputarle el título de peor juez de la historia de Chile.
(*): Analista político chileno.
