Dos informes sobre Venezuela

Comienzo disculpándome con mis lectores por lo extenso de este artículo, pero se acaban de producir dos informes sobre Venezuela que asumen posiciones opuestas en relación con el régimen imperante en nuestro país y merecen ser analizados aun cuando sea «a vuelo de pájaro».

El primero fue publicado el mes pasado por Diálogo Interamericano. Lleva la firma de Michael Shifter, pero fue realizado por un equipo de personalidades norteamericanas que incluyó figuras del sector privado, analistas políticos y funcionarios de la administración de los Estados Unidos, entre ellos cinco ex-embajadores estadounidenses en Venezuela: Donna Hrinak, William Luers, Jeffrey Davidow, Michael Skol y Viron Peter Vaky. Su título: «Hugo Chávez un desafío para la política exterior de los Estados Unidos» es lamentablemente engañoso.

El informe parte de premisas atinadas. Por ejemplo, reconoce que «Chávez ha recurrido a prácticas autocráticas y autoritarias para consolidarse en el poder» y que a raíz de estas prácticas ha concentrado una gran dosis de poder en sus manos con poco o ningún contrapeso». Dice también: «si bien es cierto que el modelo de Chávez en última instancia no puede ser exportado, no es menos cierto que en los últimos tiempos algunos de sus aliados han sido electos» con lo cual «Chávez está en condiciones de continuar deteriorando las relaciones hemisféricas y de afectar negativamente la agenda de los Estados Unidos en América Latina en una serie de cuestiones clave, entre ellas la promoción de la democracia y el comercio».

Agrega que «No está para nada claro que la mayoría de los venezolanos, incluyendo sus seguidores, comulgue con la determinación de Chávez de concentrar el poder en sus manos y de permanecer indefinidamente en el cargo»; que son muchos «los que cuestionan la capacidad de la burocracia estatal para resolver los problemas cotidianos de la población, especialmente la creciente corrupción e inseguridad ciudadana»; que a pesar de los beneficios que se entregan a través de los programas sociales «el desempleo sigue siendo un problema difícil de resolver y existen señales claras de que el establecimiento de precios fijos está causando escasez de algunos productos»; que «el dispendioso tren de gastos que lleva Chávez fuera de Venezuela -a costa de mejoras en infraestructura dentro del país, entre otras cosas- es un flanco débil que la oposición logró explotar con relativo éxito durante las últimas elecciones presidenciales» … «Chávez ganó la reelección en base a la expansión del consumo, al control de instituciones clave y a la ausencia de una propuesta opositora convincente».

Estas constataciones, por sí solas, debían ser suficientes para asumir una postura severa frente al régimen de Chávez. Sin embargo, los autores del informe terminan lavándose las manos y proponen tratar a Chávez con guante de seda como se aprecia de la siguiente síntesis de sus recomendaciones: «Tomar a Chávez en serio»; «Utilizar únicamente medios democráticos y constitucionales para enfrentar el desafío que representa Chávez»; «Dejar de lado las expectativas y las llamadas poco realistas a formar una especie de ‘frente unido’ con naciones latinoamericanas en oposición al régimen chavista»; «Actuar con mesura al hacer denuncias públicas»; «Buscar la apertura de canales de comunicación con Venezuela».

Ese informe supuestamente tiene por objeto «ayudar a las autoridades del gobierno norteamericano a sortear los múltiples escollos que presenta la situación venezolana y contribuir a la implementación de una política eficaz y sostenible hacia ese país».

Pero afortunadamente la administración de ese país marcha en otra dirección. El pasado jueves 6 de marzo el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público su informe titulado «Apoyando los derechos humanos y la democracia» en el cual presenta un inventario de las acciones y medidas que ha venido implementando para fortalecer la democracia en el hemisferio occidental.

El informe admite que «Venezuela es una democracia constitucional» y agrega que Hugo Chávez resultó reelecto en unos comicios que la observación internacional ha calificado de libres y justas. Pero también reconoce que esas elecciones estuvieron rodeadas de muchas irregularidades «tales como problemas continuados con el registro de votantes, intimidación gubernamental a funcionarios públicos, una percepción de parcialidad pro-gobierno de parte del CNE y cuestionamientos acerca del papel de los militares en su pesada presencia el día de la elección».

El informe destaca que la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha caracterizado por la politización de la justicia y el acoso a los medios y a la oposición política. También señala violaciones de derechos humanos consistentes en: «homicidios ilegales (¿), desapariciones que involucran las fuerzas de seguridad, torturas y abusos contra los detenidos, condiciones crueles en las prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, un sistema judicial corrompido e ineficiente caracterizados por retardos judiciales, impunidad y violaciones del debido proceso, grabación ilegal de comunicaciones telefónicas, allanamientos y registro de hogares privados, intimidación oficial y ataques contra los medios independientes, corrupción galopante en todos los niveles del gobierno, violencia contra las mujeres, tráfico de personas y restricciones a los derechos de asociación de los trabajadores». Destaca también que el gobierno ha utilizado una gama de mecanismos -legales, económicos, regulatorios, judiciales y retóricos- para acosar a los medios y engendrar una actitud represiva hacia la prensa libre.

Frente a estas constataciones, que por lo demás no abarcan todo el universo de atropellos y violaciones que practica el régimen ¿puede realmente hablarse de «democracia constitucional»? ¿No está claro que lo que existe en Venezuela es una dictadura con disfraz de democracia?

El informe explica que la estrategia de Estados Unidos para promover la democracia consiste en «apoyar los esfuerzos de los ciudadanos del país para fortalecer la sociedad civil, particularmente con asistencia a grupos que trabajan para consolidar el respeto por la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos; esfuerzos diplomáticos y declaraciones de altos funcionarios que se refieren públicamente a la situación de la libertad de asociación y de prensa; trabajar estrechamente con otros gobiernos para coordinar apoyo a la democracia y los derechos humanos en el país, particularmente en defensa de los medios y asociaciones civiles que confrontan presiones y acoso de parte del gobierno, incluida la negativa a renovar la licencia a la cadena de televisión más antigua de Venezuela; ayudar a fortalecer los partidos políticos financiando proyectos que persiguen la renovación y la democratización interna de los partidos; proporcionar apoyo a una serie de organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil particularmente las que se dedican a estimular el debate pacífico y la solución de conflictos; señalar a los gobiernos hemisféricos y europeos el peligro que plantea el proyecto de ley de cooperación internacional que, de llegarse a aprobar socavará la independencia y la autonomía de la sociedad civil, restringirá su capacidad para recibir apoyo de donantes extranjeros y atribuirá al gobierno mayor control sobre las ONGs.

Según el informe, el gobierno norteamericano «observa de manera continua los juicios penales contra personas asociadas con la oposición política como una muestra de la preocupación que generan las violaciones del debido proceso».

En todo caso resulta reconfortante constatar que la administración norteamericana parece tener muy claro el panorama y está consciente del peligro que representa para la democracia en el hemisferio occidental el régimen que se ha implantado en Venezuela.

El Nacional (07.04.07, Pág. 4) tituló la noticia sobre este informe de la siguiente manera: «EE UU: Venezuela viola la Carta Democrática». A pesar de que el informe no lo dice expresamente no cabe duda de que la situación venezolana encaja perfectamente dentro de los parámetros requeridos para activar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

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