El ex canciller parece ignorar la justicia universal
De eso no hay duda, ninguna. Y como no hay duda, al ser responsable es, a la vez de detentor de derechos, de muchas obligaciones que tienen que ver directamente con las garantías que poseen los ciudadanos según reza el texto constitucional aprobado por el pueblo en referéndum en 1999.
Como desde hace un poco más de un mes Venezuela no deja de ser noticia por las protestas pacíficas y cómo éstas son desmanteladas con violentas respuestas por parte de la Guardia Nacional y los grupos paramilitares y parapoliciales. Hemos visto un despliegue poco usual de vehículos blindados y armados, de personal uniformado y también armado, así como del uso de armas de fuego contra civiles que, con banderas y consignas, son reprimidos, en muchas ocasiones heridos, con un saldo de un poco más de dos decenas de muertos, así como más de un millar de detenidos. Nada que dignifique a un país.
Pero, el tema no es relatar lo que se puede leer en la prensa. El asunto que ocupa hoy es recordar al excanciller (quien representó los intereses de Venezuela internacionalmente durante la gestión de Chávez) que el Estado venezolano puede ser denunciado en instancias internacionales para que repare los graves hechos de violación a los derechos humanos. Estos crímenes, sí crímenes señor presidente Maduro, no prescriben y, las víctimas de esta violencia, así como los familiares de los fallecidos, pueden invocar a la justicia internacional, es decir, ante el tribunal de La Haya.
Señor Maduro, con proclamas y cantaletas por TV no puede tapar las acciones que bajo su mandato se comenten dentro del territorio de Venezuela porque, quiéralo o no, usted es el máximo representante del Estado y, como al parecer la Guardia Nacional –que es uno de los componentes de la Fuerza Armada venezolana– es también responsable de estos crímenes, queda el Estado comprometido por la actuación de cualquiera de los sus órganos o poderes públicos.
Queda también en entredicho la actuación de la Fiscalía General de la República, puesto que como abogado del Estado, es decir de todos los venezolanos, debe velar y garantizar el equilibrio de la administración de justicia. Otro detalle digno de revisión.
La justicia deberá actuar no contra el Estado, sino contra quienes detentan los cargos de responsabilidad, es decir, aquellos que son autores intelectuales, materiales y cómplices de los hechos que nos ocupan en estas líneas. Al ser delitos que no prescriben, estos personajes –bajo la responsabilidad que se les ha asignado– pueden ser perseguidos por la justicia venezolana (si fuera realmente ciega) y, si no es suficientemente competente para ello, pueden conocer el caso los tribunales internacionales, en este caso la Corte Penal Internacional, ante la cual no existen inmunidades de ningún tipo, incluyendo en ello a los jefes de Estado y de gobierno.
Este pequeño relato, breve, tal vez un poco farragoso, deja en evidencia que el excanciller Maduro, hoy presidente constitucional, así como todo su gabinete y miembros de los demás poderes del Estado son responsables ante la justicia –sea la venezolana o la internacional– de los crímenes de lesa humanidad que se han estado cometiendo en Venezuela el último mes, que están siendo bien documentados por los agraviados con fotografías y vídeos que se pueden ver en las redes sociales.
Nada más. Dejamos estas líneas con el firme propósito de llevar hasta la balanza de la justicia este caso que, más que clamar al cielo, llama a la reflexión y a la acción.
