El país inexistente
Uno cae en la tentación de hacerse algunas preguntas, tal vez ociosas, no se
sabe. Preguntar, por ejemplo, si la nación centroamericana tuviera petróleo,
¿habría tomado el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero la
decisión de prohibirles la entrada a España a los responsables del régimen
de facto? Si la pequeña república de Honduras tuviera petróleo, persiste uno
con la obsesión de las preguntas, ¿tomaría, acaso, Estados Unidos medidas
tan drásticas como la de anularle la visa al Presidente (encargado) Roberto
Micheletti, a un alto número de magistrados, a empresarios tradicionalmente
vinculados con ese país, profesores, estudiantes y periodistas? ¿O de
suspenderle al país de Morazán toda ayuda (siempre modesta), o de influir
para que el FMI o el BID le suspendan los créditos? Sí, ser pobre es una
doble desgracia. Se toman demasiado fácil las decisiones que afectan a una
república sin dolientes.
Los países de la OEA, los de Unasur y de la Unión Europea, todos, de manera
poco responsable y, desde luego, arbitraria, han decidido que ninguno de
ellos reconocerá al Presidente que resulte triunfador en las elecciones de
fin de año. De modo que el castigo por la destitución de Manuel Zelaya
Rosales trascenderá a los directamente responsables, y el pueblo soberano de
Honduras no tendrá ocasión de normalizar su proceso político mientras el
reloj no vuelva atrás, y sean los hondureños los únicos que asuman las
culpas de la crisis, se den golpes de pecho y le pidan perdón a quien
pretendió alzarse con el poder, el latifundista revolucionario Manuel
Zelaya.
Es algo demasiado absurdo, demasiado cómodo, demasiado inconsistente. Esto
de condenar a un país a la inmovilidad carece de lógica, pero al mismo
tiempo implica una gran «hipocresía democrática», esa adhesión a un orden
institucional irrespetado y roto por el presidente Zelaya. Este violó la
Constitución y desató una crisis irreversible al convocar a un referéndum no
previsto, desafió todos los poderes del Estado y las instituciones,
generando un proceso que probablemente hubiera podido tener solución si la
OEA actúa como mediador y no como tercero en discordia.
El golpe de Estado que destituyó a Zelaya tuvo características no comunes en
los golpes militares, como el de aquel grotesco 4 de febrero de 1992 en
Venezuela. En Honduras, todos los poderes del Estado tomaron las decisiones
pertinentes en defensa del orden constitucional. No fue un teniente coronel
el que por su cuenta y riesgo lo envió al exilio. ¿Por qué no se toman en
consideración los hechos y las causas de la crisis, sin cerrar los ojos ante
las responsabilidades de Zelaya y de sus cofrades? ¿Por qué se persiste en
los graves errores cometidos por el secretario general de la OEA y por los
presidentes de la Alianza Bolivariana en la célebre cumbre de Managua,
cuando optaron por las tácticas del ultimátum y de las amenazas
guerreristas? Cuando el presidente de Costa Rica presentó un esquema de
negociación, haciendo lo que la OEA no fue capaz de hacer, lo primero que se
le ocurrió a los estrategas de la ALBA fue afirmar que era «una carta de
Washington jugada por Oscar Arias». Pero en los hechos, los unos y los otros
se dan la mano al cuestionar la salida electoral ya en curso.
¿No es absurdo, no es inaceptable, no es intervencionista negarle a un país
que resuelva sus problemas de modo soberano? Con su peculiar manera de
entender las cosas, el canciller Miguel Ángel Moratinos declaró que «España
prohibirá la entrada a personalidades del Gobierno de facto de Honduras que
impiden el retorno del orden constitucional en ese país». Palabras
evidentemente vacías, complacientes, poco responsables. Cuando Zelaya alteró
ese «orden», ¿dónde estaban los guardianes de la Constitución, y por qué tan
celosos, sólo abogan por la Constitución del pequeño país, y cierran los
ojos cuando sus intereses lo aconsejan? Esos ejercicios de hipocresía
erosionan la política internacional. O hay consistencia o lo mejor es
callar. Las acrobacias deben dejarse al circo.
Como el único interlocutor de los factores en conflicto, el presidente Oscar
Arias conversó el miércoles 16 con cinco de los seis candidatos a la
presidencia de la República, incluidos Elvin Santos, del Partido Liberal,
(antiguo partido de Zelaya) y Porfirio Lobo del oposicionista Partido
Nacional. Arias insiste en el Acuerdo de San José que implica el retorno de
Zelaya al poder, con un gabinete de unidad.
Una solución improbable para una crisis agitada por intereses oscuros.
Honduras, ¿un país inhabilitado? ¿Quién tiene competencia para cuestionar
que los hondureños elijan a su presidente, prolongando la inestabilidad más
allá de los cien o tantos días que restan del periodo, cortejando el caos y
la guerra civil en América Central?
