El planta cara de Salvatore
Las declaraciones de Mancuso en Santa Fe de Ralito son algo más que una nota marginal del proceso con las autodefensas. Y demuestran que la apuesta negociadora del gobierno, tendrá que confrontar una línea dura de su poder político, que traducido en los términos clásicos de Clausewitz, no es más que la extensión por otros medios de su poder militar. Don Salvatore tiene más talento que Carlos Castaño. Y menos especulación.
Dijo que las autodefensas no aceptarían una reducción de la zona territorial que excluyera dos localidades. Y algo más dijo: “me pregunto, si el gobierno tiene temor de garantizar la seguridad de 368 km2, entonces ¿qué va a suceder el día que las autodefensas concentremos y desmovilicemos a todos los hombres que tenemos en el territorio nacional”. De este “planta cara” de Salvatore se desprenden tres aspectos significativos: (1) El proceso aún comprende ambigüedades lamentables (2) Los paras cuentan con un negociador en duro y (3) El gobierno puede corregir desviaciones evidentes.
La ambigüedad del acercamiento tiene un pecado original. Los “paras” no han llegado a la mesa por debilidad. Lo confirman. Una organización militar con unidades de origen heterogéneo, que geográfica y territorialmente tienen presencia en todo el país. Llegaron a numerosos municipios, corregimientos y cabeceras municipales, para ser la autoridad reconocida. Y ocupan de hecho el lugar del Estado. Cierto, han recibido golpes, pero menores frente al notable poder militar que han acumulado. Por esto Mancuso advierte en público las debilidades del gobierno. Porque el verdadero problema no es quién ocupará qué lugar, sino cómo desligar definitivamente las relaciones que aún conservan en zonas bajo su dominio, con algunos sectores de la fuerza pública.
Salvatore refiere no estar dispuesto a exponerse a una concesión de territorios que les deje en riesgo frente a sus enemigos. Pero lo hace mostrando un espejo convexo: la débil presencia del Estado. El repliegue y la concentración para negociar debería ofrecer ventajas dentro de ciertos límites. Límites que no aceptan. Ni este gobierno puede imponerles. Con lo cual entramos en un círculo vicioso. Siendo el territorio un asunto estratégico para lo que han sido las negociaciones con las Farc, los paramilitares forzarán también ahora sus ventajas. Lo que suceda dentro o fuera de la zona, será irrelevante para el proceso mientras Mancuso y los comandantes no estén dispuestos a deponer pretensiones exorbitantes.
Y con esto llegamos al corazón del detalle. Quien controla el proceso impone las condiciones. Por esto dejaron a Castaño por fuera del teatro de operaciones, mediante una comedia de razones que nadie cree. La unidad de mando es un hecho. Mancuso encara con sobrados argumentos al negociador de la contraparte. Ordena reunir a los asustados pobladores, se dirige a ellos como gran señor, y habla a los medios. ¿Qué esperábamos? ¿Una dulce cantata de la paz perpetua? No, tenemos a un señor de la guerra que sabe comunicar, intimidar, discurrir y controlar imagen.
Se ha deseado encontrar en la OEA una veeduría fácil de lograr. Pero dentro de las condiciones propuestas, los paramilitares no van a subordinarse fácilmente. Porque ni territorial, ni logísticamente, este organismo internacional puede conseguir acompañar la magnitud de los complejos asuntos del proceso negociador. ¿Qué reclama don Salvatore cuando pide extender más el número de negociadores del gobierno? Obvio, disolver en una enredadera las causas graves del paramilitarismo. Y comenzó por la extensión de la zona. Pero los temas difíciles siguen estando ahí: la negativa a asociar el negocio paramilitar con el narcotráfico, la devolución de tierras, las masacres y la extradición. Cuando Mancuso increpa políticamente al gobierno, debemos recordar el lado oscuro de la guerra.
El gobierno debe por esto corregir desviaciones evidentes. Comenzando por mejorar la precariedad de condiciones económicas y sociales en las que viven las poblaciones bajo la influencia de estos grupos. La legitimidad del Estado no se mide por la fuerza pública que pueda colocar el gobernante en un municipio, sino también con las garantías constitucionales para que los niños puedan tener escuelas y las familias hospitales. Que haya trabajo para el sustento diario. Que el presupuesto no se lo roben los políticos, ni que contratos queden en manos de comandantes paramilitares o insurgentes. Este es un paso necesario.
El gobierno debería aceptar la ampliación de la mesa negociadora, pero dentro de una clara política de apertura a la diversidad de posturas que puedan expresar los “paras”. Probablemente la concentración de los comandantes exija que los frentes militares tengan en las regiones una mayor veeduría con el apoyo de un organismo como la ONU, más competente en la experiencia y el manejo de conflictos militares de gran escala. Estaremos entonces, al menos, dando pasos menos débiles y más aceptables.
