Iniciativa celebrable
Es muy plausible la iniciativa de los consejeros electorales y del propio presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de solicitar al ciudadano jefe del Ejecutivo Federal y a los señores gobernadores de los estados la suspensión de los mensajes de divulgación de la obra pública 30 días antes de las elecciones del 2 de julio, con el fin de evitar una posible influencia de esas tareas informativas en el ejercicio del voto, pues sostiene el IFE se trata de evitar que la legítima publicidad sobre las obras y los programas gubernamentales pueda confundirse con la propaganda electoral que realizan los partidos políticos y sus candidatos.
Esta iniciativa del IFE es celebrable, porque todavía la democracia mexicana dista mucho de ser perfecta, de ser plenamente equitativa. En nuestro aún incompleto sistema democrático son muchos los factores que contribuyen a desequilibrar la competencia y, consecuentemente, a favorecer a unos contendientes en detrimento de otros.
Entre estos factores desequilibradores se encuentran, por ejemplo, ciertas inercias políticas en las que aún se confunden los papeles y las personalidades de un instituto político, el Partido Revolucionario Institucional, con el gobierno. De este modo, la competencia electoral no se da entre partidos, sino entre unos de éstos y la imagen partidaria del Estado. Esto es precisamente lo que pretende evitar la misiva de consejeros y presidente del IFE al ciudadano Ernesto Zedillo y a los gobernadores.
Si la respuesta a la solicitud del IFE fuera positiva, los efectos de la suspensión de las tareas informativas de la obra pública también se darían en aquellas entidades que no son gobernadas por el PRI, sino por otros institutos políticos, como es el caso emblemático del Distrito Federal. Esta generalización de la medida solicitada por el IFE tendería a igualar las condiciones de competencia electoral en todo el país y en los tres ámbitos de gobierno: municipal, estatal y federal.
Desde luego, cabe la posibilidad de que la respuesta a la solicitud del IFE sea negativa. O que lo sea en algunos casos. Por lo que toca al ámbito federal, cabe esperar una contestación positiva, pues el presidente Zedillo ha dado muchas muestras de estar empeñado en afianzar los logros de la democracia mexicana, a lo que sin duda contribuiría atendiendo la petición de José Woldenberg y de los consejeros electorales. Y semejante actitud cabría esperar de, al menos, algunos de los 32 gobernadores.
Si esto se da finalmente así, cabría esperar que el ejemplo influyera moralmente en los gobernadores de las entidades federativas indispuestos si los hubiere para responder afirmativamente a la solicitud del IFE, a fin de que lo hicieran también en sentido positivo, lo que sin duda constituiría un nuevo y sano precedente político en la trabajosa construcción en México de un sistema democrático menos imperfecto.
Más adelante, quizá, lo que hoy sólo es una solicitud de carácter político y moral, podría convertirse, si los actores políticos terminan por aceptarlo, en un mandato legal, lo que impediría que el país volviera a vivir las inequidades y desequilibrios políticos que tanto han retardado su plena vida democrática.
