La nueva crisis de la Comunidad Andina
Las recientes suscripción y culminación de las negociaciones por parte de Perú y Colombia de sus respectivos TLC con los Estados Unidos de Norteamérica han constituido el detonante de, quizás, la crisis mas grave que ha enfrentado el proceso subregional andino de integración a lo largo de su historia.
En su evolución, y como todo proceso histórico, la integración andina enfrento su primera gran crisis en momentos cuando en mayo de 1969 se suscribía el Acuerdo de Cartagena. Venezuela, rehén del acuerdo comercial que tenía con los EE. UU., posterga su incorporación demorando, en consecuencia, la complementariedad que debía darse entre el eje norte de la subregion conformado, además, por Colombia y Ecuador, y el eje sur integrado por Bolivia, Chile y Perú. En 1974 se perfecciona el ingreso venezolano al proceso; pero en 1976, Chile se retira ante la incompatibilidad de la política económica instrumentada por su gobierno de entonces con los fundamentos del Acuerdo. Los dos ejes, entonces, nunca alcanzaron a funcionar simultáneamente.
En 1983, los países miembros son presa de la crisis de la deuda y, para atender sus efectos, los gobiernos optan por la instrumentación de políticas que cada vez se iban alejando mas de esos fundamentos y que se aproximaban, y aceleradamente, a lo que posteriormente se conocería como el Consenso de Washington. La aplicación generalizada de esas políticas abrió las puertas para la revisión conceptual del Acuerdo que comportaba, en si mismo, un estilo de desarrollo, para dar paso a un nuevo equilibrio entre los actores, sectores, mecanismos e instrumentos de integración, en el cual iba a prevalecer el carácter comercial del proceso antes que el productivo. De esta manera, comenzaban a abandonarse los postulados básicos que habían inspirado su creación.
A mediados de la década de los 90 coincidiendo con la creación de la Comunidad Andina (CAN), paradójicamente, Perú se excluye de la zona de libre comercio ya constituida y obstaculiza la adopción de la tarifa externa común, con lo cual comenzaba a postergarse, como en efecto se posterga indefinidamente, la conformación de la unión aduanera, punto de partida de cualquier negociación conjunta con terceros países. Despunta, así, el comportamiento errático peruano dentro del proceso andino de integración.
De una u otra manera, los gobiernos fueron superando esas grandes crisis que había enfrentado el proceso de integración. Sin embargo, ninguna de ellas alcanzo las dimensiones de la actual. Se trata ahora de resolver un conflicto que esta estrechamente vinculado con la concepción que tiene cada gobierno acerca de la integración en la región y, en especial, de la calidad de la inserción de la subregion andina en el contexto mundial.
Desde 1999, el Gobierno de Venezuela, en forma reiterada y consistente, viene mostrando su inconformidad con la estrategia implementada, no solo en el ámbito andino, sino en el latinoamericano en general, para abordar la integración regional. Y no se ha limitado solamente a la critica, sino que en actitud constructiva, ha venido planteando que la integración debe construirse con base en el principio de la solidaridad a través del uso conjunto de los recursos disponibles y la complementariedad productiva revalorizando la cooperación horizontal entre los estados y priorizando las acciones de carácter social, de manera tal que sitúa al ser humano como sujeto y objeto de los proyectos integracionistas, a la par que promueve la consolidación de la entidad e identidad de la región frente al concierto internacional.
Esa síntesis de la estrategia implícita en la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) contrasta radicalmente con la instrumentada actualmente en procura de la integración de Latinoamérica y el Caribe, la cual se fundamenta en la utilización prioritaria de mecanismos comerciales que solamente estimulan la distribución de los subsidios y beneficios tributarios entre las burguesías nacionales y las corporaciones transnacionales marginando o anulando cualquier acción conjunta que pudiese llevarse a la practica a favor de las grandes mayorías de las poblaciones. Dentro de esta ultima estrategia se inscriben, igualmente, los TLC promovidos por los Estados Unidos, como parte del nuevo relacionamiento que pretenden imponer con los demás países del hemisferio.
Estas dos maneras de enfrentar la integración es lo que verdaderamente se encuentra en juego y, a todas luces, surgen como irreconciliables. Las diferencias en la concepción de la integración y su rol en la inserción internacional de la subregion andina se agravan cuando se tiene en cuenta que, por un lado, Colombia tiene profundamente comprometido su devenir histórico con la evolución de sus relaciones bilaterales con la primera potencia mundial. Y, por el otro, que Perú ha puesto en evidencia, permanentemente, su poca o ninguna vocación latinoamericanista en sus relaciones comerciales externas.
La problemática planteada es de índole política y, lógicamente, cualquier salida debe ser de la misma naturaleza. Por tanto, salvo que medie una acción de ese tipo, y de muy alto nivel, todo pareciera indicar que la CAN se encamina hacia un profundo debilitamiento o, alternativamente, hacia su desmembramiento. Las medidas instrumentales que pudiesen aplicar Colombia y Perú para compensar a Bolivia y Venezuela –y, eventualmente Ecuador, en caso que no concluya sus negociaciones con los Estados Unidos-, no serian suficientes para mantener, por lo menos, un mínimo de cohesión entre sus miembros que requiere todo proceso de integración.
