La OEA en tiempos de crisis
Cualquiera diría que un país como Venezuela, que se da el lujo de regalar dinero a otros gobiernos; de suscribir convenios con naciones manifiestamente incapaces de retribuir sus obligaciones contractuales; de donar gasoil a pueblos y ciudades con menores necesidades que las propias, como los casos de Nueva York; Vermont; Chicago, en los Estados Unidos; Alaska y hasta Londres, se encuentra en una situación política y económica privilegiada. Así lo hace pensar nuestro sentido común, si bien el menos común de los sentidos.
De ser esto cierto; y encontrarse Venezuela en condiciones inmejorables para hacer el bien sin mirar a quién, la conducta de los venezolanos debería ser cónsona con la situación. Paradójicamente, si usted visita Venezuela encontrará en muchos venezolanos una actitud totalmente diferente; la cual va desde la inquietante depresión de quien se siente impotente ante tanto desgobierno, hasta la curiosa ansiedad de quienes siendo cercanos al poder no pueden descansar en paz con tantos bienes materiales que cuidar, viendo conspiraciones por doquier. De esta conducta no se escapa ni el propio presidente Hugo Chávez.
El mundo ha apreciado reiteradamente al presidente de Venezuela irrumpir violentamente en cuanto escenario le parece conveniente para llamar la atención; criticando de manera ofensiva a todo aquel que manifieste una opinión contraria a la suya. Infinidad de jefes de Estado; organizaciones internacionales; personalidades públicas y hasta particulares de cualquier nacionalidad; sexo; religión o filiación política han sido objeto de sus numerosos ataques. Ayer fueron las Naciones Unidas; el presidente George Bush; la Comunidad Andina de Naciones. Ahora le toca a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La OEA es el organismo político hemisférico más antiguo del mundo. Su origen se remonta al Congreso de Panamá como expresión de las ideas concebidas por el Libertador Simón Bolívar, en el sentido de crear un continente unido capaz de enfrentarse al poderío de cualquier otro continente del mundo. Fue el Libertador mismo quien convocó el Congreso de Panamá celebrado entre el 22 de junio al 15 de julio de 1826. Ese 15 de Julio se firmó «El Tratado de Unión, Liga y Confederación perpetua del Congreso de Panamá» bastión de lo que posteriormente sería la Organización de los Estados Americanos.
En el contexto de la guerra fría y con carácter eminentemente político, veinte naciones latinoamericanas y los Estados Unidos suscribieron en Bogotá, en 1948, lo que sería el instrumento jurídico de funcionamiento de la OEA, conocido como «Carta de la OEA.» Posteriormente se le fueron uniendo otras naciones del Caribe, las cuales venían adquiriendo paulatinamente su independencia. Es así que termina constituyéndose el organismo con 35 Estados miembros; de los cuales uno: Cuba, se encuentra suspendido a raíz de la pérdida de los valores democráticos de su régimen, condición indispensable para formar parte de la Institución. Aparte de estos Estados, del cual Venezuela forma parte, existen 44 naciones en la condición de «Observadores Permanentes.» Países como Alemania; Austria; Bélgica; Dinamarca; Suecia; España; Arabia Saudita; Yemen; Francia; Noruega; La India; Japón, se cuentan entre éstos. Vemos pues cómo la presencia de muchos de estos países, para un gobierno como el de Venezuela, dispuesto a exportar su «revolución Bolivariana» y con grandes intereses en Suramérica y el Caribe, resulta de vital importancia para permanecer anclado al andamiaje de esta organización, más aún cuando la sede de la misma queda ubicada en la capital política del mundo, Washington DC, lugar estratégico para el gobierno Venezolano, interesado en polemizar con el presidente de la potencia mas grande del mundo.
El objetivo esencial de la OEA es el de la promoción y defensa de la democracia, tal y como lo dispone expresamente la Carta de la OEA. En función de esto se han establecido las estrategias a cumplir por parte de cada uno de los organismos vinculados a la OEA. Esto incluye a sus órganos permanentes y a las distintas Comisiones y Grupos de Trabajo; y siendo así que los derechos humanos son uno de los valores fundamentales de la democracia, se han creado de manera afín a la organización, pero con carácter autónomo e independiente, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera con sede en Washington DC, y la segunda ubicada en San José de Costa Rica. Estos organismos, Comisión y Corte, tienen por finalidad la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente; y se rigen, además de la Carta de la OEA, por la Convención Americana de los Derechos Humanos, o «Pacto de San José» por haber sido suscrita durante la Conferencia Especializada Interamericana Sobre Derechos Humanos, en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.
En este instrumento jurídico se establece el carácter obligatorio de las decisiones de la Corte para todos los Estados signatarios, así como su competencia como órgano Jurisdiccional ante todos los Estados miembros de la Organización. De igual modo se destaca la condición de mediadora de la Comisión, la cual entre otras cosas tiene por función el recibir las denuncias de los agraviados por presuntas violaciones de sus derechos humanos en contra de alguno de los Estados miembros; tramitarlas y procurar la solución amistosa del caso. De no lograrse un acuerdo entre las partes-víctima y Estado agraviante- se faculta a dicha Comisión a ocurrir ante la instancia Jurisdiccional, a los fines de que ésta proceda a la apertura de un proceso judicial en contra del Estado denunciado.
De más está decir que la naturaleza de las decisiones dictadas por la Corte, como ocurriría con cualquier Tribunal de la República, son las de verdaderas sentencias; y que como tales, pueden ser objeto de su ejecución forzosa, de la misma manera como lo serían las sentencias dictadas por algún Tribunal en nuestros países en contra de cualquier ciudadano. Muy poco valor tendría entonces para el gobierno venezolano el amenazar retirarse de la OEA como consecuencia de una presunta condena de un Tribunal internacional, cuando es el caso que si a ver vamos de igual manera se vería obligado «constitucionalmente” ha cumplir el fallo dictado.
A raíz de la grave crisis política que padece Venezuela, en la cual han sido evidentes las violaciones de los derechos humanos de cantidad de ciudadanos, muchas de las víctimas han acudido ante la instancia internacional con la finalidad de lograr por esta vía lo que no han podido obtener ante la Jurisdicción nacional. Entre quienes han ocurrido ante esta instancia externa se encuentran representantes de los medios de comunicación; periodistas y trabajadores de estos medios, quienes durante el ejercicio de sus funciones han sido agredidos por funcionarios pertenecientes a alguna de las instituciones gubernamentales. Estas agresiones oscilan entre el impedimento por la fuerza para que dichos trabajadores cumplan con su función de informar, hasta acciones de violencia producidas en las personas físicas de éstos. Debemos destacar que estos actos de violencia han sido causantes no sólo de lesiones personales a las víctimas, sino hasta de la muerte de algunas de ellas.
Es así, que amparados en su condición de ciudadanos de uno de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, el cual es firmante del Pacto de San José; instrumento jurídico éste con mandato de «Ley» de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cierto número de periodistas y trabajadores del canal de televisión Radio Caracas Televisión, denunciaron al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
La consecuencia de tal denuncia, después de cumplidos los trámites pertinentes, y luego de haber otorgado la Comisión el lapso correspondiente al Estado presuntamente agresor para la solución amistosa del mismo, ha sido la de instar a la Corte, de acuerdo con la normativa vigente, a la apertura de un proceso judicial en contra de la República Bolivariana de Venezuela en razón de existir fundados indicios de la violación de los derechos humanos de los referidos comunicadores sociales.
Esta no es la primera vez que la Corte Interamericana procede a la apertura de un proceso Judicial en contra de Venezuela; casos escabrosos como los conocidos durante el llamado «Caracazo» como consecuencia de las acciones de violencia que se realizaron en el mes de febrero de 1989; así como el de la «Masacre de El Amparo» en el ano 1988, fueron decididos por esta Corte, la cual condenó al Estado venezolano como responsable de tales actos. No obstante, a pesar de la existencia de dichos antecedentes, y siendo que le correspondió al gobierno del presidente Hugo Chávez el cumplimiento de las respectivas sentencias, ningún comentario ofensivo en contra de tales organismos en materia de derechos humanos, ni mucho menos de la OEA se escuchó de boca del presidente de la República.
Es ahora, cuando la apertura del mencionado proceso en contra de Venezuela coincide con la decisión del gobierno de ese país de no renovar la concesión otorgada al mismo canal de televisión empleador de los denunciantes, cuando el jefe del Estado venezolano irrumpe en improperios en contra de la OEA como organismo hemisférico, así como en contra de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Olvida el Sr. Presidente de Venezuela la independencia y autonomía de estos organismos en relación con la organización; así como la confianza que demostrara el mismísimo Hugo Chávez y su equipo de gobierno al haberse convertido el 22 de septiembre de 1999 en el primer Jefe de Estado en visitar la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; así como al haber actuado «como agraviado» ante la misma Comisión, hecho inusitado a los efectos de su participación ante estos organismos. Me estoy refiriendo al accionar del gobierno de Venezuela ante los organismos que ahora critica, con ocasión de la tragedia del Estado Vargas en el año 1999; así como a la solicitud que durante los sucesos de abril de 2002, en el cual el presidente Chávez fuera depuesto de su cargo, hiciera el Defensor del Pueblo ante dicha Comisión «a los fines de preservarle la vida» al presidente depuesto. En esos momentos no cabían los comentarios de «golpistas” ni «vendidos al imperialismo yanqui» que hoy en día se han escuchado de parte de las autoridades de ese país.
El presidente Chávez ha amenazado a la Corte y a la misma OEA de retirarse de este organismo, para el caso de que Venezuela fuera condenada. Tales amenazas no dejan de ser desconcertantes si verificamos el beneficio que de las actuaciones de la OEA ha obtenido el gobierno del presidente venezolano. Basta con mencionar la actitud del entonces Secretario General de la OEA durante el referéndum revocatorio de 2004; en donde en un plazo menor de 24 horas, procedió a avalar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral en horas de la madrugada. Craso error cometería el gobierno de Venezuela para sus propios intereses, en el supuesto negado de cumplir sus amenazas de retirarse de la OEA, más aún cuando en los próximos meses espera ejecutar los referendos revocatorios en contra de Alcaldes y Gobernadores que han caído en desgracia; así como el instaurar la reelección indefinida, una suerte de «dictadura constitucional» mediante el mecanismo del referéndum consultivo.
Las modernas dictaduras ya no se afincan en su necesidad de demostrar su férreo poderío. Todo lo contrario: requieren del reconocimiento internacional, haciendo uso de los mecanismos que le otorga la democracia, aún cuando lo sea con fines distintos, para obtener su legitimación. El presidente Chávez lo sabe; y la OEA también.
