Los rebeldes mandan en Colombia, mientras EEUU lucha con los campesinos
AIPE- El gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana ya le ha dado siete ultimatos a las FARC y los guerrilleros siguen sin actuar de buena fe en las negociaciones. Lo que en un principio pudo ser visto como noble paciencia, cada día parece más bien desesperación de parte del Sr. Pastrana, quien se ha jugado la presidencia en búsqueda de una solución no violenta de un conflicto que lleva 40 años. Cada día queda más claro que a las FARC no le interesa mucho el tipo de acuerdo ofrecido por una democracia liberal, lo cual sugiere que ya llegó el momento de cambiar la estrategia.
Lo mismo se aplica al gobierno del presidente Bush. La política exterior de Clinton en Colombia fue un estrepitoso fracaso. Y nada menos que la estabilidad de la región está en juego.
En la zona que los colombianos llaman de “despeje” no solamente no ha habido presencia militar en 26 meses sino que no ha habido ninguna autoridad estatal efectiva. El resultado ha sido que las FARC han controlado la región como mejor les parece.
Con esto no sugiero que las FARC no gozan de popularidad en el campo. Gracias a la guerra de Estados Unidos contra las drogas, en la cual actualmente se deforestan con fumigaciones químicas los campos de coca y otros cultivos, la guerrilla se ha ganado el apoyo de muchos campesinos. Pero la autoridad cedida por el gobierno ha destruido las libertades civiles y hay crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en la zona desmilitarizada.
Los guerrilleros capturados por los militares en otras partes del país incluyen a muchos menores de la región Caquetá-Meta, lo cual comprueba la queja de familias campesinas que han acusado a las guerrillas de reclutar a punta de fusil. No hay cese al fuego en el resto de Colombia y los secuestros y extorsiones por parte de las FARC continúan, sirviéndoles la zona de despeje como base segura desde donde lanzar golpeas al resto de la nación.
La propaganda de la izquierda es tan hábil que se escudriña severamente el comportamiento de los militares colombianos, buscando violaciones de derechos humanos, mientras se ignora lo que sucede en la zona de despeje. Es más, el ejercicio del poder en la zona de despeje por parte de las FARC revela el mayor impedimento a la paz. La justicia social es parte del sueño revolucionario, pero ¿cómo puede el gobierno colombiano acordar la paz con gente que rehúsa respetar las más fundamentales libertades de una democracia liberal?
Nadie quiere voltearle la espalda a la paz, especialmente los colombianos que han disfrutado tan poco de ella en años recientes. Pero nada se ha ganado cediendo territorio a los rebeldes con la esperanza que eventualmente depongan las armas y, más bien, compitan democráticamente por el poder. Ahora hasta el gobierno está dando señales que se requieren concesiones de parte de los guerrilleros. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Emma Mejía, sugirió recientemente que la presencia de un monitoreo internacional podría ser un requisito para la continuación de las negociaciones. Otros expertos advierten que Pastrana tiene que lograr un cese al fuego para poder mantener tanto el despeje como la respetabilidad de su gobierno.
Negociar desde una posición débil raramente logra un resultado favorable. Es interesante observar que las guerrillas del norte de Colombia, ELN, se preparan para negociar en gran parte porque han sido debilitadas por los grupos paramilitares. Esto respalda la teoría que para lograr que las FARC negocien en serio habría que reforzar al ejército colombiano, haciéndose respetar como la autoridad legítima.
Hasta ahora Estados Unidos ha prometido mantenerse al margen del conflicto, diciendo que se trata de una guerra civil. Pero esa es una ingenuidad. Estados Unidos tiene un importante interés de seguridad nacional en fortalecer el estado democrático colombiano frente a una banda de terroristas peligrosos. Además, la guerra contra las drogas de Washington ha jugado un papel en la intensificación de la inseguridad y violencia colombiana. Cualquier solución requiere la redefinición de la estrategia norteamericana.
Aunque el apoyo norteamericano en la deforestación en Putumayo, justo al sur de la zona de despeje, fomentó el apoyo de los campesinos a la guerrilla, no se ha impactado seriamente la oferta mundial de coca. Parece que el cultivo sencillamente se trasladó a otro sitio y se teme que las operaciones cocaleras y guerrilleras se vuelquen sobre Ecuador. El próximo paso lógico en el actual plan de acabar con el consumo de drogas en Estados Unidos es deforestar a toda América del Sur y, luego, al resto del mundo. Y a medida que los campesinos se solidarizan con la guerrilla en la lucha contra las fuerzas antidrogas, debemos recordar que son los habitantes de la región –no Washington ni Bogotá- quienes decidirán el destino del movimiento guerrillero, como sucedió en Nicaragua y en Perú. La ayuda para el desarrollo, promovida por algunos teóricos, no va a cambiar nada en zonas dominadas por políticas marxistas y socialistas, sin seguridad jurídica.
Las raíces del conflicto guerrillero colombiano provienen de la falta de oportunidades y de igualdad ante la ley. Rigidez económica, leyes que exceptúan a los bachilleres de servicio militar e inflación de dos dígitos son todos ejemplos de falta de equidad, lo cual fomenta el descontento social. Pero además de oportunidades tienen que haber mecanismos legítimos de protección de la vida y la libertad. Se requiere una nueva política estadounidense que reconozca la futilidad de la actual guerra contra las drogas y la necesidad de reestablecer el imperio de la ley.
