Opinión Internacional

Mercosur SI o Mercosur NO

Resulta difícil para quienes compartimos la convicción de que lo mejor para el bienestar de cualquier país en un mundo globalizado es abrirse en sus relaciones políticas y económicas, bajo condiciones, obviamente, de respeto mutuo, equidad, cooperación e integración, abordar, desde las particulares circunstancias políticas de Venezuela, el asunto de su ingreso a MERCOSUR.

Este bloque comercial, a cuya cabeza está un país, Brasil, que ya se codea con los grandes del planeta, ha cobrado mucha importancia económica y geopolítica en los últimos años, a pesar de sus crisis crónicas y desencuentros a lo interior.

Como se sabe, el actual gobierno de Venezuela ha decidido de forma inconsulta adherirse a ese esquema integrador, después de haberse retirado inexplicablemente de la Comunidad Andina, también de manera inconsulta. En ambos casos, la sociedad venezolana y/o sus organizaciones económicas no han sido oídas.

Así, en el presente, el gobierno, por un lado, está buscando cómo recoger los platos rotos, tratando de recomponer la relación con quien era su primer socio en la CAN, Colombia, y por otro, presionando para lograr de los parlamentos brasileño y paraguayo, la aprobación del protocolo de adhesión de Venezuela a MERCOSUR.

Para los países de MERCOSUR, “fichar” a Venezuela es un negocio redondo, principalmente, para Brasil y Argentina. Según el SICEX (ALADI), el primero vendió en 2008 a nuestro país, 5.147.200 millones de dólares (en 1998 sólo fueron 704 y en 2003, 604 millones), y el segundo, ha obtenido por la vía de emisiones de bonos, otro tanto. Éstas son razones suficientes para que tarde o temprano Brasil, y mas atrás Paraguay, acepten a Venezuela, es lo más conveniente a los intereses de esos países.

A mi juicio, está más que claro que el interés fundamental del gobierno venezolano con tal ingreso no es de naturaleza económica, sino más bien político. Lo comercial es accesorio, y es, más bien, desdeñado. En el fondo, se busca un apuntalamiento indirecto para su proyecto político-ideológico continental en su enfrentamiento con EEUU y los demás gobiernos y fuerzas contrarias a su ideología.

De allí que lo de MERCOSUR sea una suerte de cortafuegos político -uno más- que le permita avanzar su plan político-ideológico a lo interno de Venezuela, en el hemisferio y más allá.

Entre los venezolanos enterados del tema del campo opositor, hay posiciones encontradas. Así, no es infrecuente toparse con especialistas y empresarios que consideran, desde una perspectiva política, que el ingreso de nuestro país a dicho bloque comercial le daría un espaldarazo o legitimaría al gobierno autoritario venezolano, cosa que éste busca desesperadamente, por lo demás, habida cuenta de su cada vez más acentuado deterioro de imagen, incluso en círculos internacionales que antes lo apoyaban más abiertamente. Además, sería, sin duda, un triunfo diplomático que se anotaría el gobierno. La línea política, entonces, de esta posición, sería la de tratar de impedir o denunciar tal ingreso, toda vez que, además, no traería ningún bienestar económico al país, dadas las enormes asimetrías con los 2 grandes de ese bloque.

Se agrega a esta primera postura el argumento de que en la actualidad en Venezuela no hay Estado de derecho democrático ni se respetan los derechos humanos (la propiedad privada, los derechos laborales), lo cual es contrario a los principios democráticos de MERCOSUR contenidos en el Protocolo de Ushuaia y otros instrumentos jurídicos, así como a la filosofía económica que inspira esos sistemas; razones éstas que conducirían a la no admisión como miembro de pleno derecho de Venezuela.

Otros opinan que la oposición democrática no debe oponerse al ingreso de Venezuela a MERCOSUR, ya que, en general, su posición no ha sido adversa a la integración latinoamericana, lo que es cierto, y que además dicho ingreso podría contribuir a atemperar o moderar al gobierno venezolano, sometiéndolo u obligándolo a que adopte una conducta más democrática. Esta posición recuerda que el acercamiento a MERCOSUR no es patrimonio del gobierno actual, sino que viene de administraciones democráticas anteriores; de allí que se imponga la coherencia en ese sentido.

Esta postura, compartida por voceros políticos de países de MERCOSUR, es la que señala que la integración no es con el gobierno venezolano sino con Venezuela, y que los gobiernos pasan pero los países quedan.

¿Cuál debería ser la de las fuerzas democráticas venezolanas entonces?
¿Sería efectivamente una legitimación o relegitimación internacional de Chávez el ingreso a MERCOSUR?
¿Sería un triunfo diplomático?
Respecto de la primera interrogante diría que aceptar a Venezuela en MERCOSUR no haría falta para relegitimar a Chávez. Él ya lo está, formalmente hablando; es aceptado en todas las instituciones internacionales, cumbres y demás reuniones de mandatarios, independientemente de que aquel evento tenga o no lugar. Así, que nada abonaría a su legitimidad formal, aunque Chávez lo explotará en su propaganda.

A la segunda interrogante, respondo afirmativamente y esto no sería tampoco para tirar cohetes. Sería muy difícil no ver allí un triunfo modesto, pero triunfo al fin, de la diplomacia de Chávez, sobre todo en momentos en que su imagen está bien empañada con los cuestionamientos del Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Lograr entrar a MERCOSUR ha sido su propósito, y al obtenerlo, se anotaría un tanto importante que favorecería su plan de colocar “cortafuegos” a su acción internacional y nacional. Pero ¿Este triunfo comportaría una derrota automática para la oposición democrática venezolana en el ámbito internacional y nacional? No lo creo, no es un tema que tenga incidencia determinante en la política nacional.

Ahora bien ¿Debemos empeñarnos las fuerzas democráticas venezolanas en evitar que el gobierno venezolano logre tal “relegitimación” y tal éxito diplomático?
¿Vale la pena dar esa pelea, habida cuenta de que es casi segura la admisión por razones que en el fondo son principalmente crematísticas, como corresponde en países que actúan pragmáticamente y no por defensa de ideologías?
Económica o comercialmente hablando, lo razonable sería ingresar a MERCOSUR realizando una negociación en que todos los factores interesados del país participen, con el propósito de establecer todas aquellas protecciones, excepciones o salvaguardias que sean necesarias para amortiguar una competencia que será desigual y dura frente a productos mercosurianos muy competitivos (ejemplo, agricultura). Pero esto está descartado con el gobierno que tenemos, cuyo interés no es defender el sector privado venezolano, ni es el tema económico-comercial su prioridad. ¿Valdría, sin embargo, entrar así a ese bloque, sólo porque hemos sido partidarios de la integración latinoamericana, olvidando todo tipo de consideración política coyuntural o diplomática y apoyando el ingreso sin más?
Políticamente hablando, la no entrada hipotética de Venezuela a MERCOSUR, en tanto que fracaso diplomático y no consecución del “cortafuegos” político deseado ¿equivaldría necesariamente a un triunfo de valor estratégico significativo en la lucha de la oposición venezolana por rescatar la democracia y las libertades?
No estoy realmente seguro de cuál sea el valor político estratégico de oponerse a tal ingreso.

Lo que sí creo necesario es que las fuerzas democráticas debieran asumir una actitud clara y principista sobre el tema; sería absurdo “pasar por debajo de la mesa”, aún a sabiendas de lo complicado del asunto.

Esta postura principista contendría, en primer lugar, nuestra adhesión inequívoca a la integración y cooperación hemisférica y regional, como estrategia para alcanzar el desarrollo de los pueblos del continente.

En segundo término, debe manifestar su apoyo a una integración fundada en la equidad, el acceso libre a los mercados, el reconocimiento de las asimetrías, el tratamiento diferenciado, la competencia leal, la libertad, la democracia, el diálogo permanente, reglas claras y seguras, así como la solución pacífica de las controversias.

En tercer lugar, y no menos importante, debe quedar claro nuestro apego al principio insustituible de establecer unos canales efectivos de participación para todos los sectores privados, individuos, industriales, sindicatos, comerciantes, gremios y ONGs en general, en la discusión de los distintos aspectos de la integración económica. Si bien los gobiernos tienen un papel fundamental en estos procesos, ellos solos no hacen la integración. En este punto debe recordarse la necesidad de contar con un equipo negociador experimentado, de lo que, lamentablemente, carecemos.

En cuarto lugar, y más concretamente, en el caso de MERCOSUR, debemos decir que en el ingreso a este esquema comercial, no ha habido por parte del gobierno consulta alguna con ningún sector nacional, ni de los empresarios o los trabajadores, ni de la Academia ni la Sociedad Civil, incluso, ni de los organismos públicos técnicos, ni de la misma Asamblea Nacional.

En quinto lugar, sería también opinión nuestra que si bien el ingreso a MERCOSUR pudiera ser positivo en teoría, tal decisión no forma parte de una política económica y comercial definida que responda a los intereses nacionales. Se desconoce algún estudio o análisis exhaustivo gubernamental sobre el tema, y por lo que hemos visto, el propósito de tal ingreso atiende a otro tipo de intereses, más bien, de naturaleza política, o mejor dicho, de una parcialidad política.

En sexto lugar, debemos poner de relieve que la conducta política autoritaria de Chávez violatoria de la Constitución en materia de derechos humanos, separación y autonomía de los poderes públicos y la descentralización, así como el acoso al sector privado económico y a las instituciones educativas y universitarias, las estatizaciones, las expropiaciones injustificadas y retaliativas, constituyen políticas reñidas con los principios constitucionales de los países mercosurianos, las normativas de MERCOSUR y la filosofía económica que lo inspira.

Una postura como la expuesta salvaguardaría nuestros principios respecto del tema y cubriría las exigencias de carácter político que las fuerzas democráticas tienen en momentos tan difíciles para nuestro país, en los que las libertades y la democracia están en peligro.

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