Partida secreta a la francesa
(%=Image(6724217,»R»)%)Práctica común desde los tiempos de la IIIa. República, con carácter de ley desde el 27 de abril de 1946; los fondos secretos son enormes cantidades de dinero – libres de impuesto – principalmente destinadas a pagar consejeros del gabinete; fondos no controlados, manejados y distribuidos por el presidente, el primer ministro y los cuerpos legislativos; es decir por entes no sujetos a la autoridad de la Cour des Comptes (jurisdicción administrativa, encargada de controlar las finanzas del estado francés) beneficiándose las altas instituciones de la república de una autonomía financiera completa, pudiendo reclutar y pagar sus colaboradores – no funcionarios – organizar recepciones y garantizar el tren de vida propio de los palacios republicanos (L’Elysée, Matignon, Sénat, Assamblée).
Es así como, los diputados al votar el presupuesto del Estado, dotan cada año al gobierno de una suma (500 millones de francos) destinada a operaciones especiales y secretas; la mitad sirve al financiamiento de operaciones de los servicios secretos. El presidente (35.883 francos mensuales de sueldo, más 30.000 francos mensuales por jubilación de otros cargos públicos) entre sus atribuciones dispone el reparto de dichos fondos secretos; los beneficiarios son alrededor de 350 personas, las sumas se asignan en efectivo – billetes de 500 francos, que hacen menos bulto –
Como una pesada carga sobre la persona de Jacques Chirac, se concentran seis expedientes judiciales, todos por casos de corrupción, a saber: Uso abusivo de apartamentos de interés social de París, empleos ficticios dentro su partido político (RPR), construcción de liceos de la región Ile-de-France, falsos electores, encargados de misión y una imprenta en relación a la alcaldía de París. El fardo judicial en cuestión, encausaría penalmente al jefe de Estado francés; un primer indicio salió a relucir en agosto del 98, mediante la investigación sobre el financiamiento del RPR, partido al que pertenece Jacques Chirac y más tarde el 22 de enero de 1999, el Conseil Constitutionnel (órgano encargado de asegurar el orden constitucional) presidido por Roland Dumas, considera que el presidente durante su mandato no puede ser sometido a la justicia penal. Sin embargo, todo bascula nuevamente contra el presidente cuando a mediados del presente año, mediante una peculiar figura judicial, Chirac es citado a comparecer ante la justicia en calidad de testigo asistido, a raíz de una investigación sobre sus viajes privados pagados en efectivo, donde se indagaría sobre la procedencia de dicha suma de dinero. El mandatario una vez más, invoca las reglas constitucionales de separación de poderes, como excusa para negarse a comparecer ante el juez.
(%=Image(3548069,»L»)%)De igual forma el primer ministro Lionel Jospin como cohabitante jefe del ejecutivo, dispone de fondos secretos -395 millones de francos – y prefiriendo tener cerca a sus hombres de confianza ha duplicado el número de consejeros adscritos al palacio de Matignon; Jospin quien desde hacía tiempo no escondía su molestia, ante las legítimas interrogantes sobre su doble itinerario político y la manera como evolucionaron sus convicciones (ex- trotskista); aunque esto no guarde relación alguna con la partida secreta, su disgusto confirma que la moral pública, es un asunto puramente político.
La opinión publica internacional curtida tanto de escándalos de corrupción de dirigentes políticos occidentales, como de la exposición de la vida privada de sus elegidos; se interroga hasta dónde la excepción francesa en materia de deontología periodística, es una causa respetable o se trata de una exagerada proximidad entre periodistas y políticos, que deja mucho que pensar respecto al grado de independencia de espíritu y de irreverencia de los periodistas galos. Varios entre ellos, ya han pegado el grito en el cielo contra ese periodismo «anglosajón» y el culto de «tolerancia cero en política». Sin embargo periodistas como Sophie Coignard y Alexandre Wickam, autores del libro «L’Omerta française» constituyen una primera requisición contra la ley del silencio a la que se somete la vida pública francesa.
En materia fiscal, supuestamente todos los franceses son iguales, sin embargo periodistas y modistos de alta costura -entre otras profesiones – gozan de atractivas ventajas fiscales, al igual que los beneficiarios de los dineros provenientes de los cuestionados fondos secretos; veremos entonces si ese orgullo periodístico francés persiste cuando a partir del año 2002, dichas ventajas que el fisco les venía acordando lleguen a su fin.
En todo caso esto ultimo no es lo esencia; determinante es el hecho que una vez más el jefe de Estado francés es blanco de acusaciones por hechos de corrupción y nuevamente pareciera que escapa a las investigaciones. Bastaría seguir la progresión constante del abstencionismo en Francia, elección tras elección, para encontrar quizás respuesta a muchas interrogantes que la sociedad francesa se hace así misma.
