Perú: la reunión de los ocho
Mañana, los candidatos de la oposición democrática se reunirán en Lima para responder la pregunta más importante del proceso político, la cual ha sido planteada en varios tonos y en distintos momentos por la sociedad peruana y por la comunidad internacional: ¿qué hacer con este proceso electoral comúnmente definido como fraudulento, carente de reglas equitativas, y manejado por instituciones que no ofrecen ninguna garantía de transparencia e imparcialidad?
Dar una respuesta común a este pedido es, como se ha dicho estos días, muy complejo. Las expectativas de los grupos políticos frente a las elecciones del 9 de abril son distintas. Esa diversidad puede originarse en las posibilidades que cada uno cree tener en términos electorales, tomando en cuenta los sondeos de opinión. No obstante, al mismo tiempo, existe un convencimiento más elevado, el de la inviabilidad de un tercer gobierno de Alberto Fujimori, nacido de la ilegalidad y la manipulación, rechazado por la comunidad internacional y sumamente frágil en lo interno.
Hasta hoy, los partidos y movimientos han asumido sus responsabilidades con la coyuntura electoral: denunciando el uso de los recursos del Estado en la campaña reeleccionista, demandando acceder a los medios de comunicación masiva y cuestionando la falta de independencia de los organismos electorales. Esta campaña ha sido medianamente exitosa, y ha tenido en el pronunciamiento de los observadores internacionales y en el del gobierno de Estados Unidos sus logros más visibles.
Las responsabilidades con relación al mediano y largo plazos son, sin embargo, más exigentes. Un mandato impopular e ilegal, que sustenta a un gobierno débil y sin prestigio, atentará contra los valores por los que los peruanos han apostado a lo largo de estos años, como la estabilidad y la paz, que son las bases mínimas del desarrollo. El fraude electoral no sólo perjudica las expectativas propias y naturales de los partidos, sino al sistema democrático. En esa verdad se sustenta la idea de que con el fraude perdemos todos.
Los partidos y movimientos democráticos actuaron con responsabilidad cuando resolvieron suscribir el Acuerdo de Gobernabilidad en noviembre del año pasado. Por sobre las presiones y expectativas de la coyuntura, acordaron un programa global común para presentar ante el país una alternativa distinta al fujimorismo.
Algo similar debe ocurrir con la reunión de los ocho, a la que faltan confirmar su asistencia dos postulantes a la presidencia. El Perú y el exterior necesitan una voz firme y definitiva. Que la ilegalidad sepa a qué atenerse si persiste en imponerle su voluntad a la mayoría de los peruanos.
