Política e inseguridad: Un balance de ocho años
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, disparando resoluciones y palabras, se convirtió en personaje emblemático de la semana que concluye. En primer lugar, con estilo casual y sin preaviso decidió dejar sin custodia de efectivos de la Policía Federal a más de un centenar de objetivos de la Ciudad de Buenos Aires, entre los cuales puntos sensibles como escuelas y hospitales. Garré invocó distintos motivos para su medida; cuestionó, por ejemplo, los llamados “servicios adicionales” que cumple el personal de la policía (y que la fuerza factura), pero ese razonamiento sonó rebuscado, ya que la ministra no eliminó por completo esas prestaciones, sino sólo aquellas que la policía desempeñaba en instalaciones del estado porteño. Así, los efectivos de la Federal no podrán custodiar jardines de infantes dependientes de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí contratar la custodia de restaurantes, boliches bailables o espectáculos privados.
Resulta difícil no interpretar la disposición ministerial como otra expresión del enfrentamiento político del gobierno de Cristina Kirchner con la administración porteña que conduce Mauricio Macri que, una vez más, toma como rehén a la población de la Capital Federal.
Violación de la ley
Al ordenar a la Policía el abandono de aquellas tareas la ministra transgrede abiertamente las normas, ya que es misión primordial del cuerpo (reforzada por la vigencia de la ley 24.588, conocida como Ley Cafiero) ejercer las tareas de seguridad y protección de personas y bienes en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional primero bloqueó el traspaso al estado autónomo porteño de las fuerzas de seguridad metropolitana encuadradas en la Policía Federal (un punto en el que hasta el kirchnerismo porteño se había proclamado de acuerdo y que había merecido un proyecto legislativo de la propia doctora Garré, cuando era diputada) y ahora retira las fuerzas policiales de sitios cruciales del distrito. Que lo haya concretado de improviso y sin anuncio previo constituye un agravante de aquella violación.
La obligación del Estado Nacional no ha quedado cancelada por el hecho de que el estado porteño, ante la negativa del gobierno central al traspaso de la Federal, haya optado por el emplazamiento de una fuerza local propia. Por otra parte, es obvio que esta es una tarea que demanda años, no meses, y que ese proceso se encuentra apenas en sus comienzos.
Endosar responsabilidades
Resulta una muestra de cinismo pretender aliviar las incumbencias del gobierno central endosándoselas a una fuerza metropolitana en estado de formación.
Esto es lo que han intentado en la semana los voceros del oficialismo. Garré fue más audaz aún: no se contentó con descargar sus responsabilidades sobre la autoridad porteña, también se las endosó a la misma Policía Federal, a la que definió como “el problema más serio que tiene el país”.
Para la ministra, las comisarías “extorsionan: a los comerciantes les piden dinero a cambio de protección, y a los inmigrantes que no tienen sus papeles en regla, y a los vendedores ambulantes para no molestarlos, y a las cocinas de droga para hacer la vista gorda”. Sin opinar sobre la justicia del diagnóstico de la ministra, lo primero que llama la atención es que ella describe con la actitud de una observadora externa, como si no formara parte encumbrada del mismo gobierno que conduce la seguridad (y, por lo tanto, esa policía que ella pinta) desde hace ocho años.
Las críticas a la Policía que está a su cargo Garré las formuló desde un panel que compartió con Horacio Verbitsky, uno de los intelectuales del ala cristinista del oficialismo y esta circunstancia quizás dotó de más agresividad las palabras de la funcionaria; hace apenas tres semanas la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal consideró prescripto un delito por el que Verbitsky (junto a Mario Firmenich y otras personas) había sido acusado: un atentado ocurrido en 1976 en una sede de la Policía Federal donde 23 personas fueron arrasadas por una bomba.
Seguridad: la preocupación mayor
El abandono de objetivos porteños por parte de la Policía Federal agrava la famosa “sensación de inseguridad” de la que supo hablar el ministro Aníbal Fernández, antecesor (y hoy formalmente jefe) de Garré en esos menesteres. Los trabajadores de la salud (médicos, enfermeros, conductores de ambulancias) que desempeñan su tarea en hospitales ubicados en las zonas más calientes se resisten a cumplir sus tareas sin, aunque sea, la mínima custodia con la que contaban. Sus relatos sobre los robos y la violencia que ellos y los pacientes padecen (no sólo en los alrededores de los hospitales, sino dentro de ellos), impresionan.
La ministra Garré no da respuesta a esos reclamos de seguridad. Tampoco pudo garantizar, dos semanas atrás, que cesara el bloqueo a las plantas impresoras de los dos mayores matutinos del país y que se cumpliera un fallo de la Justicia en ese sentido. En ambos campos se mezclan las guerras del gobierno: contra el gobierno porteño, contra los medios. En esa atmósfera, las normas no se cumplen, avanza el reino de la acción directa, crece la inseguridad.
La política
Más allá del episodio desatado por la ministro de Seguridad, la semana estuvo signada por hechos de la política. Después del documento que a fines de la semana anterior suscribieron en forma conjunta los referentes de las mayores fuerzas alternativas, en ciertos círculos crecieron vertiginosas ilusiones sobre una eventual unidad opositora. Parafraseando a Borges, esos son “embelecos fraguados en La Boca”. La idea de que Elisa Carrió, Mauricio Macri, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Hermes Binner puedan confluir en una única coalición o confederación de fuerzas para presentar una vigorosa oposición al oficialismo no es hoy más que una colorida alucinación.
Sin embargo, si la posibilidad de una sola trinchera para competir con el kirchnerismo suena muy fantasiosa, lo que sí ha ingresado en la agenda de las fuerzas alternativas es la necesidad de contener las tendencias a la atomización que constituyen una de las mayores esperanzas del mundo K, en su objetivo de evitar una segunda vuelta electoral. Para alcanzar esa meta el oficialismo necesita alcanzar un 40 por ciento de los sufragios (una ambición que muchas encuestas le prometen alcanzable y cercana) y obtener una diferencia mínima de diez puntos sobre la fuerza que consiga el segundo puesto. Para este segundo objetivo el gobierno necesita conseguir la mayor dispersión posible de las fuerzas opositoras.
En tren de neutralizar la atomización funcional al oficialismo, en estos días hay muchas conversaciones entre las diferentes corrientes políticas. De ellas surgirán, probablemente, dos grandes coaliciones, cuya conformación final es todavía temprano para predecir.
La renuncia de Julio Cobos a sus aspiraciones presidenciales es un aporte a la simplificación del paisaje. Las súbitas inclinaciones de Pino Solanas al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, parecen ir en la misma dirección. Mauricio Macri recién definirá en mayo el nombre de su candidato a la jefatura de gobierno porteña: por ahora los nombres posibles no son dos, sino tres. El peronismo federal se encuentra ensimismado en su interna por etapas, que se inició en la Capital con un resultado muy positivo por la participación que consiguió, que le permite exhibirse como la única fuerza que está resolviendo sus candidaturas por la vía de la participación y el voto. El otro lado de esa interna tiene un costado paradójico: el empate alcanzado en la ciudad de Buenos Aires, producto de una inesperada performance de Alberto Rodríguez Saa, frena al menos parcialmente la búsqueda de alianzas. Duhalde tenía avanzadas conversaciones con algunas fuerzas, y particularmente con el PRO.
Pero como Rodríguez Saa cuestiona esa línea de acción,también la orientación depende ahora de la interna.
Los tiempos de la realidad a veces no se ajustan a los ritmos y modos de las fuerzas políticas.
