Seguridad versus libertad, un debate inadmisible
En gran número de medios de comunicación de todo el mundo se está proponiendo un tema de debate: tras los hechos del 11 de septiembre, ¿hay que aceptar una rebaja de nuestras libertades para una mayor seguridad?. Plantear el debate de renunciar a libertades y derechos por seguridad es tan absurdo como discutir a estas alturas del tercer milenio si las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Que la libertad es un bien precioso que no puede ser sacrificado por la seguridad no es debatible, como no lo es que mujeres y hombres tienen los mismos derechos.
Las amenazas contra las libertades no son una hipótesis. John Ascroft, fiscal general de los EEUU, tenía motivos para haber dimitido (el FBI ni siquiera intuyó que se preparaba algo terrible), pero en lugar de dimitir propuso al Congreso medidas antiterroristas calificadas por la mayoría de los congresistas como anticonstitucionales: detenciones de duración ilimitada y registros sin control judicial, entre otras similares. No contento con eso, quizás para compensar los cortos avances del FBI en la investigación de los terroristas de Bin Laden en territorio estadounidense, ha aconsejado al presidente Bush la creación de tribunales marciales especiales para juzgar a extranjeros implicados en atentados terroristas. Tribunales especiales, nombrados por el Secretario de Defensa y no por el poder judicial, que restringen derechos de los acusados, con admisión de pruebas secretas, menor exigencia para pruebas de la acusación, celebración a puerta cerrada, eliminación del principio de condena más allá de toda duda razonable y sin posibilidad de apelación. Georges Bush ya ha firmado esa orden ejecutiva. El periodista estadounidense William Safire ha denominado esta medida como “horror de estilo soviético” en el que el Gobierno se convierte en instructor, acusador, juez, jurado, carcelero y ejecutor.
En Gran Bretaña, también se proponen recortar libertades en su nueva ley contra el terrorismo en aras de la seguridad; por ejemplo, detener por tiempo indefinido sin control judicial a quién se sospeche involucrado en actividades terroristas. Ya amenazó Toni Blair, tras el 11 de septiembre, que se sacrificarían libertades personales en nombre de la seguridad. También el Gobierno de Francia ha propuesto medidas antiterroristas que han sido denunciadas por la Liga de Derechos Humanos y el Sindicato de la Magistratura.
Siguiendo el rumbo de los despropósitos, en EEUU algunas personas de prestigio han propuesto la necesidad de “interrogatorios duros” a quiénes pudieran tener información sobre terroristas; sutil eufemismo para maquillar la tortura. También han propuesto hipócritamente extraditar a los sospechosos de terrorismo a países “amigos” donde el respeto a los derechos humanos no impida torturar a quiénes se supone poseen información importante. La cuestión no es si con tortura se pueden obtener datos para combatir al terrorismo; la cuestión es que si renunciamos al sistema de libertades y derechos que ha costado tantos siglos construir, no tenemos ya ninguna justificación ética: somos tan bárbaros como los terroristas.
La deificación de la seguridad conduce a excesos inadmisibles. No es una hipótesis: en la década de los setenta, las dictaduras de Iberoamérica de los Pinochet, Stroessner, Videla y otros tiranos sangrientos, pisotearon los derechos humanos de decenas de miles de ciudadanos: cometieron crímenes execrables, secuestraron, torturaron y asesinaron a mansalva en nombre de la seguridad nacional. El enemigo del que defenderse era el comunismo internacional. Hoy es el terrorismo, pero continúa la amenaza contra libertades y derechos.
La Humanidad ha hecho un largo, tortuoso y difícil camino para alejarse de la barbarie. La proclamación de los Derechos Humanos Universales en 1946 por la ONU marca un hito esencial en el acceso a la auténtica civilización. Frente al poder omnímodo que durante siglos dispuso de vidas y dignidad, poco a poco se levantó el sistema de derechos y garantías: supresión de la tortura, exigencia de pruebas, juez profesional independiente del poder ejecutivo, garantías procesales, jurado, derecho de apelación… La solución para luchar contra el terrorismo no es corromper el sistema judicial democrático ni recortar un ápice las libertades ciudadanas. Michael Ratner, profesor de la Universidad de Columbia y vicepresidente del Center for Constitutional Rights, ha denunciado que la nueva legislación antiterrorista del Gobierno de Bush es una de las mayores ofensivas contra las libertades en Estados Unidos desde hace más de medio siglo, que no dará más seguridad a los ciudadanos, pero los hará menos libres.
Si el terrorismo significa barbarie y retroceso por su ataque contra la libertad, emularlo para combatirlo es ponerse a su altura y hacerlo bueno. La lucha por la libertad es un argumento básico que esgrimimos contra el terrorismo; en la lucha por la libertad no podemos ahogar las libertades.
Un poema del escritor alemán Bertol Brecht denuncia la impasibilidad de un hombre cuando los tiranos encarcelan; no reacciona cuando detienen judíos porque él no es judío; luego gitanos, pero él no es gitano… Y los tiranos van deteniendo…hasta que lo encarcelan a él. Para justificar la nueva legislación antiterrorista y también liberticida que se extiende por occidente, se arguye que las medidas propuestas sólo se aplicarán a ‘extranjeros sospechosos’. Dejando de lado que en un sistema democrático los extranjeros, incluso sospechosos, también tienen derechos ¿dónde se detendrá la impunidad de la fuerza de coerción de los gobiernos si suprimimos o deterioramos gravemente el sistema de derechos y garantías? Un congresista estadounidense del partido demócrata, John Conyers, ha expresado claramente el temor de que medidas antiterroristas como las aprobadas se puedan utilizar en el futuro contra ciudadanos estadounidenses sin ninguna relación con el terrorismo. O contra todos los ciudadanos del mundo.
Al miedo al terror no hay que oponerle el autoritarismo sino la libertad.
