Tercera edad decide el futuro de España

Este domingo en España, conforme la más clásica tradición democrática, los ancianos tendrán la última palabra para ratificar por otros cuatro años a José María Aznar como Presidente del Gobierno o, en cambio, instalar en La Moncloa a Joaquín Almunia, en lo que significaría el retorno del PSOE en alianza con el Partido Comunista.

Porque como en un inmenso areópago, pariente del que hace veinticinco siglos decidía en las colinas de Atenas los asuntos ordinarios, expulsaba al exilio a los políticos corruptos o en desgracia y enviaba a la juventud a las batallas, la fuerza inexorable de la demografía coloca el futuro de los dos candidatos cuarentones en seis millones de pensionados que, por aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, se muestran más bien desconfiados frente al carnaval de promesas que suele acompañar a las consultas electorales y reclaman propuestas más convincentes.

Esto ha tenido, por cierto, la virtud de enseriar el debate, al precio del natural aburrimiento que implican temas áridos como la seguridad social o el sistema de salud, que fuerzan en las sociedades desarrolladas a basar las ofertas en cálculos verosímiles; en tanto que el giro socialista a una alianza más definida con los herederos de Pasionaria ha acentuado la polarización de las fuerzas políticas que determinaron siempre, para bien y para mal, la suerte de nuestra Madre Patria.

De allí la relativa expectativa que prevalece todavía en torno a un veredicto que en sana lógica debería sonreir al Partido Popular, permitiendo a su líder la oportunidad de concluir una gestión positiva, que ha planteado a sus adversarios una franca dificultad al momento de enfilar las baterías. Porque ha sido exitosa y de insólita honestidad -si se exceptúa el pequeño e inoportuno desliz que condujo hace apenas tres semanas a la dimisión de Manuel Pimentel, el joven ministro del Trabajo- y según comentábamos con motivo de la visita oficial que Aznar cumplió a Venezuela a mediados de 1999, ha ido de menos a más el modesto contador público castellano, supliendo su poca simpatía con tenacidad y atenuando, sin incurrir en gestos populistas que le habrían enajenado el apoyo del sector conservador, el franquismo jurásico que simbolizaba don Manuel Fraga Iribarne, su mentor.

Claro que lo ha favorecido la desunión en el seno de la izquierda y los tropiezos del PSOE en la tarea titánica de seleccionar al sucesor de una figura como Felipe González; pero sería injusto pasar por alto los índices que proclaman la bonanza de España, gracias a la coherencia de un rumbo económico de corte liberal y un desempeño administrativo sin mayores escándalos.

Una prosperidad que, como señala J.M.Alponte en su columna diaria del “Excelsior” mexicano, se traduce en la reducción del desempleo, la corrección del deficit fiscal hasta en mejores condiciones que el resto de la Unión Europea, el control de la inflación y la expansión agresiva del sector empresarial y bancario, en lo que algunos califican ya como la reconquista por la Metrópolis de sus antiguos dominios de Latinoamérica.

Todas las encuestas (que también estarán bajo escrutinio, porque acusaron disparidades abismales con los cómputos de las anteriores presidenciales), dan al PP como ganador por un margen que nunca es inferior a cuatro puntos, en particular porque no parece sentirse la necesidad imperiosa de un cambio; si bien, algunos analistas se preguntan qué efectos tendrán el arraigo ideológico del PSOE y la incapacidad del Partido Popular, no importa cuán eficiente y gerencial, para devenir éso, precisamente, un movimiento con arraigo entre las masas.

El PP, según el último macrosondeo realizado por la empresa Demoscopia para el matutino El País, a una escasa semana de los comicios, obtendría de 165 a 171 escaños; el PSOE, de 131 a 139 diputados; Izquierda Unida, comunista, continuaría cuesta abajo, pasando de 21 a entre 9 y 13 diputados) y en el País Vasco, se apoderaría el Partido Nacionalista de los escaños de Euskal Herritarrok, en respuesta a su actitud indecisa ante los crímenes del terrorismo.

Así que, en definitiva, la balanza parlamentaria seguiría en manos de los tres partidos nacionalistas considerados hasta ahora de centro, defensores de José María Aznar en esta última legislatura como lo fueron de Felipe González durante su prolongado mandato.